"El Estado es una organización que tiene el monopolio de la violencia legítima".
Hasta hace poco, esta definición clásica del Estado de Max Weber no parecía causar controversia en el Perú. Sin embargo, en las últimas semanas la izquierda peruana ha desafiado al sociólogo alemán y se ha atrincherado para legitimar la violencia ejercida por vándalos, cuyas exigencias son las siguientes: liberar a Pedro Castillo, convocar una Asamblea Constituyente e incluso la secesión del sur del país.
No contenta con legitimar la violencia de estos grupos antidemocráticos, la izquierda también se ha propuesto criminalizar al Estado peruano por utilizar a las fuerzas del orden para cumplir su función más básica y proteger la vida y la modesta propiedad de los peruanos afectados por la ola de violencia.
Se trata, sin duda, de una narrativa peligrosa que, por desgracia, ha ido cobrando fuerza a medida que líderes regionales, como López Obrador y Evo Morales, se han encargado de repetirla y probablemente incluso de apoyarla financieramente. Especialmente Evo Morales se muestra determinado a dividir el Perú y utiliza su Twitter para generar odio entre peruanos e incluso para reclamar que el Estado peruano “recupere los recursos naturales”, ¿Qué le pasa a ese boliviano?, ¿Acaso sueña con ser peruano?
Tampoco se debe minimizar el apoyo económico del narcotráfico y la minería ilegal –que siempre verán un aliado en quienes atacan el Estado de Derecho–, ni el de los medios de comunicación y organizaciones internacionales que han demostrado no tener ningún compromiso con la democracia ni el libre mercado.
En suma, estamos ante una ofensiva de la izquierda nacional y regional a la que el gobierno de Dina Boluarte debe responder sin titubeos, priorizando siempre el orden público y la unidad nacional, y no las relaciones con Bolivia o México o la bendición de los burócratas internacionales. Sepamos los peruanos que la comunidad internacional no sacó a nadie de la pobreza, ¡y menos la comunidad latinoamericana!