Cuando Manuel Gonzales Prada nos decía hace más de cien años: “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”, probablemente ya tenía certeza que un siglo después seguirían teniendo vigencia sus duras expresiones para con la política peruana. Pero en esta oportunidad a quien le alcanza la punzante verdad del escritor es al Tribunal Constitucional. Los tribunos no tuvieron mejor idea que emitir una sentencia denigrante para la sociedad peruana, al declarar que los terroristas excarcelados y “rehabilitados”, tienen expedito el camino para ocupar cargos públicos de elección o trabajar para el Estado sin ningún impedimento, ¿Será que viven en “Ganímedes” o quedaron atrapados en Macondo?
Y nos extraña sobre manera una resolución tan vejatoria para la sociedad, debido a que existen antecedentes en que el TC ha resuelto controversias tan complejas con la reformas total o parcial de las normas. Guardando las distancias, el caso Ramos Colque (sobre atropellos jurídicos como la doble sanción o el derecho a la defensa, un derecho muy trasgredido en el pasado en la Policía Nacional), dispuso no solo se restituyan los derechos de demandante, sino que se reforme todo el sistema legal de la PNP. O sea, el TC puede (cuando quiere) sentenciar a favor del pueblo analizando la realidad objetiva, ¿Qué pasó en el camino?, ¿Qué los hizo sentenciar en favor de los terroristas?
¿Podemos decir que los magistrados del TC realmente creen que en las cárceles del Perú se rehabilitan los delincuentes? O que, ¿los terroristas se rehabilitan alguna vez? No han visto acaso que las cárceles fueron verdaderos centros de adoctrinamiento y politización para terroristas; que estaban organizados, eran disciplinados (videos de las marchas terroristas en las cárceles), que estudiaban todos los días el predicamento que los llevó a la cárcel para, justamente, volverlos a utilizar en las calles, como en esta época. Su ausencia de una autentica conexión con la realidad parece tener un muro inmenso de libros, normas, leyes, resoluciones, que, para los efectos de la paz, de nada les sirve a los ciudadanos. Había expertos a quienes recurrir para reflexionar con mayor tiempo, porque afecta a las grandes mayorías y favorece a una minoría terrorista que nadie acepta.
Resulta extraño y hasta sospechoso que en pleno gobierno del corrupto y filoterrorista Pedro Castillo se haya dado dicha sentencia, que ataca directamente a los ciudadanos obligándonos a convivir y hasta a ser dirigidos o gobernados por quienes asesinaron a mansalva autoridades, militares, policías y ciudadanos inocentes. Jamás pensamos que el “ataque” o el “misil” destructivo vendría de las propias instituciones que se supone defienden y sostienen la democracia en el Perú. Un desastre.
Es por eso que apoyamos la iniciativa legislativa del congresista Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso de la República, quien ha presentado proyectos de ley que requieren de una reforma constitucional con miras a las elecciones generales de 2024. Entre las normas, propone impedir la postulación de candidatos con sentencia por traición a la patria, sedición, terrorismo, narcotráfico y delitos contra la seguridad nacional y el orden constitucional. Esperamos que, con estas normas aprobadas, el Congreso de la República se reivindique con los peruanos y resuelva de una vez por todas estas afrentas contra la dignidad de todos los peruanos, ¡Sí se puede!