La injerencia boliviana en la convulsión político-social peruana ganó nitidez. Además del azuzamiento de Evo Morales —antes de forma presencial y ahora vía redes sociales— y sus operadores —varios de su partido Movimiento al Socialismo (MAS)—, ahora se suma la intromisión del Tribunal de Justicia Indígena, que anunció estos días su intención de denunciar a la presidenta Dina Boluarte ante organismos internacionales por los supuestos delitos de genocidio y de lesa humanidad. Apelando a la falsa narrativa de que las fuerzas del orden nacionales están aniquilando a la población aymara en las protestas en nuestro territorio, estos personajes tratan de alimentar la desestabilización para materializar el antojo plurinacional de crear una República Aymara desmembrando el sur peruano y los nortes argentino-chileno. Sus nexos, sin embargo, no han pasado desapercibidos. Los servicios de Inteligencia le siguen los pasos a varios miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso. Todo esto se da a puertas de la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en Buenos Aires.
“Se ha reunido el tribunal y ha determinado dar el apoyo moral y material a los hermanos aymaras que están en este momento movilizados porque la nación aymara involucra a Perú, norte-argentino, norte-chileno y Bolivia”, dijo uno de los representantes de este grupo aymara. También mencionó: “Somos una sola nación y la masacre que está sufriendo nuestra pueblo aymara en el Perú también es nuestro dolor”.
“En ese sentido, el Tribunal de Justicia Indígena ha determinado iniciar un proceso a la señora Dina Boluarte por genocidio, por delitos de lesa humanidad, por la masacre sangrienta. No podemos permitir que después de 530 años de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas originarios campesinos sigan siendo tratados como animales. En ese sentido, es que este tribunal a la cabeza de aquí los dos apunaykus que son reconocidos porque ellos han ganado diferentes sentencias constitucionales y una de las cosas que han hecho estos hermanos ha sido iniciar un proceso ante España, ante la corona española, ante la reina Isabel que se ha ganado. En ese sentido, en este proceso vamos a verlo nosotros a través de la justicia indígena para que sea sometida esta señora por el asesinato de indígenas aymaras”, agregó.
Esta postura no es casualidad, colinda con el plan secesionista del izquierdista Morales. Incluso en el Perú varios dirigentes han venido voceando la posibilidad de una República del Sur. La tribuna boliviana, sin embargo, no ha sido suficiente, motivo por el que tendrían nexos en nuestro territorio, todos del Movadef, de acuerdo a nuestra Inteligencia. Uno de ellos es el investigado por terrorismo en el 2014, Edgar Tito Rojas, docente puneño aliado de Pedro Castillo, líder del Conare y fundador-militante del Movadef. También están en la lista los otros miembros del movimiento mencionado: Carmen Rosas Huallma Uriel (había sido detenida en la Operación Perseo), Lucio Ccallo Callata (secretario del Movadef quien es investigado desde el 2017 por su presunta cercanía a Sendero Luminoso) y Marco Quispe Crispín (la Policía lo tiene mapeado como el nexo en Lima; además fue profesor de un colegio en Barranco pero fue separado por su cercanía a las ideas subversivas).
Han pasado casi 50 días desde que la encrucijada peruana tuvo un espaldarazo con el golpe de Estado de Pedro Castillo, hoy con prisión preventiva por 18 meses en el penal de Barbadillo. Con la insurrección ahora movilizada a Lima, los augurios son desalentadores. Pese a esto, la presidenta Dina Boluarte no da su brazo a torcer y viene intensificando los trabajos pautados por el principio de autoridad. Será muy importante el abordaje que se dé al contexto peruano en la cumbre de la Celac, de corte izquierdista. Con presidente y cancilleres de 33 naciones, su veredicto podría jugar a favor o en contra.