El general EP (r) Petronio Fernández Dávila, de 85 años, acaba de ser sentenciado a 14 años de cárcel por la supuesta desaparición de una persona en 1990 en Ayacucho, cuando él era el jefe del Comando Político Militar. (Fernández Dávila egresó como oficial de infantería en la promoción “Teniente Coronel Benigno Cornejo” el 1 de enero de 1962). También los coroneles EP (r) Raúl O´Connor y Eduardo García Daneri fueron condenados a 12 años por el mismo caso.
Fernández Dávila ha sido procesado, absuelto y vuelto a procesar por otros varios casos durante décadas, una auténtica tortura judicial. Al fin, las ONG’s caviares que son incansables –viven de eso-, encontraron un tribunal que se preste a respaldar su sed de venganza para sancionar a aquellos que derrotaron al terrorismo.
Si los actuales mandos militares y policiales creen que no les va a suceder lo mismo, están viviendo fuera de la realidad. Los van a acusar por las decenas de muertos que han caído en las asonadas provocadas por los comunistas.
Los caviares los van a perseguir hasta el último día de su vida y probablemente lograrán también que en algún momento los sentencien para que mueran en una prisión. Siempre y cuando no se produzca un cambio sustancial en el Perú.
Por supuesto, eso les va a ocurrir también a Dina Boluarte, Alberto Otárola y los varios ministros del Interior y Defensa de este gobierno.
Los senderistas, emerretistas y caviares odian a los militares y policías que lucharon contra el terrorismo en una guerra brutal, y los derrotaron. Pero no solo se trata de resentimiento. Lo más importante es dar el ejemplo, es decir, advertir a todos los que enfrenten al terrorismo -que está de regreso con nuevos métodos-, que no pueden combatirlos con firmeza y energía porque ellos, que tienen una influencia aplastante en el sistema judicial, los harán pagar por eso.
Algunos creen que el asunto está resuelto con las leyes como las actuales que protegen a la PNP y las FFAA. Por ejemplo, la ley N° 31012 (marzo 2020) establece que “Está exento de responsabilidad penal: El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria cause lesiones o muerte.”
O que aprobando más leyes que reiteren lo mismo, se podrá salvaguardar a las fuerzas del orden de la venganza y persecución de terroristas y caviares. No es así. El asunto es quien y como aplica la ley. Si ellos tienen el poder político y una influencia sustancial en el sistema judicial, lograrán perseguir y condenar a militares y policías.
Como sostuvo Fernández Dávila en otro juicio -en el que fue absuelto- en el 2007:
“Que su caso no obedece a denuncia alguna hecha por parte de la Comisión de la Verdad, sino que obedece al convenio que celebró [Diego] García Sayán, en su calidad de Ministro de Justicia en el gobierno de [Valentín] Paniagua, que obra en el expediente, con el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Claudio Grosman, para reabrir ciento cincuenta casos que por ser insostenibles habían sido abandonados por quienes los patrocinaban, (…). Como éste, fueron muchos los casos que García Sayán estuvo de acuerdo en reabrirlos, probablemente con el fin de desacreditar a los defendidos ante la sociedad, desmoralizar a las tropas que actualmente combaten a los narcoterroristas o empañar la imagen del Ejército.”
Hace poco también se sentenció a doce años de cárcel al octogenario general EP (r) José Valdivia Dueñas, por el “secuestro” de Gustavo Gorriti en 1992, cuando él era Jefe del Estado Mayor de las FFAA. Valdivia, uno de los jefes militares que reformularon la estrategia que permitió derrotar a Sendero Luminoso en las zonas rurales, está también siendo juzgado, otra vez, por el caso Cayara, ocurrido en 1988.
Así, varios de los militares que contribuyeron decisivamente a salvar al Perú de la barbarie terrorista, están siendo condenados hoy a terminar sus días en prisión. Nadie protesta, nadie los defiende, ni sus compañeros de armas, ni sus alumnos y sucesores.
Mientras hoy, el terrorista, asesino y secuestrador Peter Cárdenas disfruta de la hospitalidad sueca y el estado del bienestar; mientras el asesino de policías Antauro Humala se pasea campante por el país; mientras Iber Maraví sigue impune azuzando la violencia en Ayacucho, militares y policías que salvaron a Perú de caer en manos del terrorismo sufren persecución y prisión.
Lo mismo les sucederá a los actuales mandos más temprano que tarde.
Esto no se puede revertir con más leyes sino con soluciones radicales.