Apelando a la tradición contestataria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un grueso de manifestantes, que vino de provincia a la capital, decidió, sin venia de las autoridades correspondientes (como la rectora Jerí Ramón), pernoctar en estas instalaciones para posteriormente participar en la Toma de Lima, que se tradujo en una larga secuencia de violencia que incluyó el incendio total de una casona en la Plaza San Martín. La también contadora y abogada les había dado un plazo para abandonar La Decana. Sin embargo, hicieron caso omiso e incluso agredieron al personal de seguridad. Sin mayor titubeo, exigió la intervención policial, que se produjo el último sábado 21 de enero. Los reclamos por la contundencia del operativo no se hicieron esperar, razón por la que el ministro del Interior, Vicente Romero, tomó la palabra para explicar las facultades y el desenlace de este episodio.
La noche del miércoles 18 de enero, un día antes de la protesta llamada “Toma de Lima”, los estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) abrieron sin permiso la puerta número 3 de La Decana para albergar a los manifestantes que venían en varios buses desde distintos puntos del interior del país. Algunos alumnos-representantes, varios encapuchados, aseguraron que lo hacían por “solidaridad” y porque estaban a favor de una “nueva Constitución”.
Terminada la violenta manifestación del 19,la rectora Jerí Ramón les pidió la mañana del 20 que abandonaran la casa universitaria al mediodía. Esto no solo no pasó, sino que la noche de ese mismo viernes atacaron a personal de seguridad. “En la madrugada han golpeado a un vigilante con la cadena que rompieron de la puerta 1 (...) En la noche le han quitado las radios a los vigilantes y los han botado a todos de la ciudad universitaria. Lo que ha hecho el abogado es tomar las medidas provisorias”, apuntó. Frente a esto, pidió que intervenga la Policía Nacional del Perú, que se dio el sábado 21 y que terminó con la detención de 193 personas.
La izquierda radical, que tiene entre sus atrincherados al congresista Guillermo Bermejo, y la izquierda progresista, con la legisladora Sigrid Bazán a la cabeza, iniciaron una avalancha de críticas. Por este motivo, el ministro del Interior Vicente Romero salió ante cámaras para explicar todo sobre el operativo.
“La intervención policial se ha dado a requerimiento de las autoridades de la universidad. Esto está sujeto al empleo de los procedimientos establecidos no solamente en normas internacionales, sino también en normas legales, pero en realidad había flagrancia y en estado de emergencia”, señaló el funcionario y agregó: “Cuando hay una flagrancia, inmediatamente interviene la Policía, esto esta normado en la ley, es una facultad que tiene la Policía”. Asimismo, apuntó que ya hab pedido “un informe pormenorizado sobre esta intervención” y reiteró que “la intervención en sí ha estado justificada de acuerdo a ley”.
“La intervención, dentro de la lógica legal, está bien. Si hubiera algún exceso, este informe que el comandante general tiene que hacerme llegar en algún momento, ahí veré si efectivamente hubo exceso o no y se responsabilizará, pero eso no es ningún problema porque cuando se responsabiliza no es a toda la Policía que intervino, es a quienes cometieron el exceso”, añadió.
El abogado penalista Carlos Caro también respaldó la versión del ministro. "Lo que teníamos era una situación de flagrancia delictiva, por lo menos la comisión del delito de usurpación porque se había tomado el recinto de la universidad (...) La ley establece que cuando hay flagrancia, la Policía tiene que hacer lo necesario para evitar que el delito se consuma. No hace falta una orden judicial ni participación de la Fiscalía", mencionó. "Estamos ante manifestaciones violentas y lo que hace la Policía es actuar para minimizar el uso de la fuerza y el daño personal", complementó.