El 7 de octubre de 2019 estudiantes de secundaria se manifestaron por el aumento del precio del pasaje del metro en Chile. Esta ola de protestas abriría paso a lo que se conoció como el “estallido social”. Grandes turbas de izquierdistas salieron a las calles por más de un mes y realizaron diversos actos violentos. Destruyeron propiedad pública como estaciones de metro, calles, golpearon a policías, etc. Además llevaron a cabo saqueos a supermercados y destruyeron todo aquello que se encontrara a su paso durante las jornadas de protestas. Chile se volvió un caos en aquel tiempo. ¿Cuáles eran los principales reclamos en aquel momento? En un inicio, solo se reclamaba por el aumento del precio del pasaje de metro, sin embargo, después se tornó en pedidos para que el presidente de aquel entonces, Sebastián Piñera, renuncie. Pero sobre todo se empezó a pedir que se organice una asamblea constituyente y se cambie la constitución de Chile. Entre los principales motivos por los cuales se reclamaba una carta magna estaba el pedido de otorgarle mayores “derechos” a las “comunidades mapuches e indígenas” y “terminar con la constitución neoliberal de Pinochet”.
Después de dos meses de iniciadas las manifestaciones, el presidente Sebastián Piñera —que hasta ese entonces muchos creíamos era un liberal— anunció que enviaría al Congreso un decreto de reforma constitucional para llevar a cabo un referéndum el 26 de abril del 2020. El objetivo de dicha propuesta era que la población decidiera o no el cambio total de la Constitución. La propuesta fue enviada al Parlamento y fue aprobada y proclamada oficialmente el 24 de diciembre de 2019. Finalmente, ese referéndum se llevó a cabo en octubre del 2020 y el “apruebo” ganó con un 80%. Inició el proceso constituyente y ahí empezarían los problemas pues el congreso constituyente estuvo conformado mayormente por sectores de izquierda con ideas que lindaban con lo ridículo. Propuestas de expropiación masiva, derechos para los animales, legalización del aborto, cuotas de género en el sector público y también en el privado, darle poder a los sindicatos para que tomen decisiones en los directorios de las empresas, etc. La constitución recogía la mayoría de las propuestas anteriormente mencionadas y en el plebiscito de salida fue rechazada con un 60%.
Todo este proceso en Chile es una lección hoy para los peruanos en todos los sentidos. Se trata exactamente del mismo Modus Operandi que hoy aplican en Perú los grupos de izquierda. En primer lugar, debemos entender que no se puede ceder ante las presiones de un grupo de subversivos. Quienes se manifiestan pacíficamente deben ser atendidos como corresponde por las instituciones respectivas. Pero aquellos que salen a la calle a tomar aeropuertos, destruir las pistas, matar policías, quemar hospitales y comisarías, saquear supermercados y amenazar a la población deben ser combatidos por la fuerza del Estado, que finalmente tiene el monopolio de la violencia y es el encargado de poner orden para que aquellos que trabajan y quieren hacer su vida con normalidad, puedan hacerla. A nivel discursivo es similar como la izquierda decanta en buscar cambiarlo todo, en Chile inició con un reclamo por el aumento del precio del pasaje, en Perú iniciaron tras la captura y vacancia del golpista Pedro Castillo y al final acaban reclamando el cambio de la carta magna. A su vez en Chile el progresismo afirmaba que cambiando la constitución de Pinochet todo iría mejor y no fue así en lo absoluto. En el Perú la izquierda argumenta que cambiando la constitución de 1993 estaremos mejor, sabemos que no va a ser así. Finalmente, en ambos casos las izquierdas tienen como fin el poder absoluto. Sin embargo a diferencia de Piñera en el 2019, ni la presidente Boluarte ni los congresistas demócratas pueden ceder ante esta ola de violencia. Tampoco se debe caer ante la presión extranjera, pues hoy países y gobernadores como Petro, Alberto Fernández, Nicolás Maduro, AMLO, Boric y de forma más cercana Evo Morales, buscan que el Perú lleve a cabo un cambio de constitución que responda también a sus intereses.
Los grupos subversivos aparentan ser una mayoría, pero lo cierto es que solo son una minoría bulliciosa pues sus reclamos no son compartidos por la gran mayoría de la población. Recordemos que en Chile la constitución escrita por sus representantes constituyentes fue rechazada rotundamente en el plebiscito de salida el año pasado, sin embargo, en ese proceso que duró dos años el país y las inversiones se paralizaron por la incertidumbre constituyente. Incluso los propios “pueblos mapuches” que habían tenido supuestamente una representación “justa e igualitaria” votaron en contra de la nueva constitución pues los perjudicaba quitándoles y relativizando sus derechos de propiedad. En el Perú Antauro Humala vende el cuento que una nueva constitución les daría derechos a los campesinos y poblaciones indígenas cuando más bien los empobrecería aún más. En el Perú quizá no tenemos a una Elisa Loncón pero tenemos a personajes igual de radicales o más como Vladimir Cerrón, Antauro Humala o incluso Verónika Mendoza en lo referido a la agenda progresista. Ceder la actual constitución sería prácticamente un suicidio viendo quienes serían los personajes que conformen un congreso constituyente, pues si dar el poder absoluto ya es peligroso siempre, dárselo a personajes que buscan eternizarse en el poder como Antauro o Cerrón es más peligroso todavía.
La población busca cambios que se pueden hacer de forma gradual, buscan estar bien representados y que se atiendan sus demandas como lo son mejorar los servicios públicos, la seguridad ciudadana,tener mejor empleo, etc. Un cambio de constitución no solo no mejora nada, sino que puede empeorar la situación en nombre de la “democracia” y el “aumento de derechos”. El ejemplo de Chile es claro, aprendamos de ello.