Pedro Castillo, siguiendo la pauta establecida por los líderes del "socialismo del siglo XXI", nunca dudó en enriquecerse en el ejercicio del poder; por ello el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación formalizaron oportunamente una denuncia en su contra, por haber incurrido en la comisión de graves ilícitos penales en agravio del Estado. Pedro Castilllo pretende sorprender a la comunidad internacional, presentándose como un perseguido político, que, como consecuencia de una maniobra alentada por los grupos de poder económico, fue depuesto por un procedimiento irregular de vacancia presidencial por una mayoría congresal atada a intereses del imperialismo norteamericano.
La mentira, el cinismo y la victimización son las armas políticas de todos aquellos que de manera deliberada trastocan la realidad, distorsionan los hechos, pretendiendo imponer una narrativa alejada de la verdad. Pedro Castillo es un golpista que el 7 de diciembre pasado decidió no solo disolver el Congreso, sino a la par tomar el control del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia; imponiendo un "toque de queda" a nivel nacional. No se trató de un hecho aislado. No olvidemos que premunido de la banda presidencial leyó un Mensaje a la Nación en el que describió con detalle las acciones inmediatas y delineó los alcances de una nueva Constitución que sería redactada por un próximo Congreso que durante 9 meses tendría el expreso encargo de redactar un texto constitucional.
Pedro Castillo nunca cedió en sus objetivos políticos, desde los primeros días de gobierno, cuando despachaba desde la "casa de Sarratea", se alejó de los cauces constitucionales y legales. El anuncio de convertir el Palacio de Gobierno en el "Palacio de las Culturas", no era sino un acto demagógico y mediático, direccionado a soslayar cualquier tipo de control o fiscalización.
Pedro Castillo puso al Perú al borde del abismo, para cuyo efecto siempre designó gabinetes integrados por personas con escasa solvencia profesional, con trayectorias marcadas por actos de corrupción o en su defecto por haber militado en movimientos subversivos. Las Fuerzas Armadas reconocieron oportunamente a Pedro Castillo como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y nunca se alejaron del orden constitucional, dejando atrás cualquier pretensión golpista o de veto a su elección como presidente de la República.
Pedro Castillo no se propuso sentar las bases de una reactivación económica, indispensable luego de la abrupta caída del PBI en el 2020, en un contexto de pandemia agravada por la mala gestión del nefasto gobierno de Martín Vizcarra. La muerte de más de 200 mil connacionales, marcaron el ánimo de un electorado que concurrió a votar en las Elecciones Generales 2021. La segunda vuelta electoral debió ser auditada por los expertos de la OEA, para dejar de lado cualquier duda sobre la transparencia de los resultados electorales. El gobierno de Francisco Sagasti desdeñó el concurso de la OEA. El estrecho margen de las cifras y el hecho que incluso miles de actas de sufragio (en el interior del país) consignaran que Pedro Castillo había logrado el 100 % de los sufragios, echaron dudas y sombras. Sin mayoría en el Congreso, desde los primeros días de gobierno, de manera subrepticia, el gobierno trató de ampliar su respaldo parlamentario con el concurso de congresistas de bancadas supuestamente opositoras. Pedro Castillo no se propuso impulsar un gobierno responsable, que diera señales claras a los inversionistas nacionales o extranjeros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores le fue confiado a Héctor Béjar, que promovió el restablecimiento de relaciones con Venezuela, el afianzamiento de relaciones políticas y diplomáticas con la tiranía de Díaz Canel, contando con el concurso de los embajadores en situación de retiro Harold Forsyth y Manuel Rodríguez Cuadros. Pedro Castillo contó siempre con el aval de López Obrador y con el reiterado respaldo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que explícitamente describió las cualidades de Castillo, asegurando que se trataba de un hombre probo. La presencia de una delegación de Alto Nivel de la OEA, pocas semanas antes del fallido golpe de Estado, fueron una prueba del sesgo con el que actuó Luis Almagro en todo momento.
Pedro Castillo no amplió su base de respaldo político durante el ejercicio de la presidencia, pero si se propuso mantener en alto sus lazos el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Los cancilleres Héctor Béjar, Maurtua de Romaña y Landa Arroyo se esmeraron siempre en presentar a Pedro Castillo como el maestro rural con grandes virtudes; ignorando sus marcadas limitaciones. Pedro Castillo no solo plagio una tesis universitaria, sino que puso de manifiesto su desconocimiento en materia constitucional. Demostró que ignoraba el abc de la economía, de la gestión pública o las relaciones internacionales. El gobierno de Pedro Castillo estuvo signado por la corrupción, la mala gestión y por no haber deslindado nunca con Sendero Luminoso y el MRTA. Pedro Castillo es un activista que desde las esferas del gobierno impulsó los Consejos de ministros Descentralizados como herramienta de propaganda política.
La familia de Pedro Castillo goza de asilo concedido por el gobierno de López Obrador, estando la prisión preventiva dictada dentro de los cauces del debido proceso. Pedro Castillo incurrió en delito de rebelión, siendo la actuación del Ministerio Público absolutamente objetiva. Los derechos constitucionales de Pedro Castillo son respetados. Recibe decenas de visitas en el penal de "Barbadillo" e incluso ha concedido una entrevista a un portal español de noticias. Pedro Castillo tiene patrocinio legal e incluso asesoramiento del ex magistrado Zaffaroni (ex integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Los gobiernos de López Obrador, Díaz Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, Nicolás Maduro, Gustavo Petro de Colombia y Luis Arce y Evo Morales en Bolivia lo respaldan casi militantemente. La comunidad internacional y los grandes medios de comunicación internacionales distorsionan casi siempre la realidad peruana de modo sesgado e irresponsable.
Desde el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, se viene actuando deliberadamente a favor de un "falso rondero" que no cree ni en la libertad, ni en el Estado de Derecho. Pedro Castillo no es un perseguido político. El Perú se ha convertido en el "teatro de operaciones" en el que se promueven acciones que ponen en riesgo la seguridad interna y el ejercicio de la libertad con el claro propósito de ir a una asamblea constituyente siguiendo la pauta castrochavista. Los hechos confirman que el gobierno de Dina Boluarte está más cerca de convertirse en la segunda fase del gobierno de Pedro Castillo en un contexto de violencia, acciones narcoterroristas e injerencia extranjera inaceptable.