No sé si sea el único, pero creo notar que los peruanos en general estamos perdiendo el sentido del respeto, y junto con ello nuestra dignidad. No digo esto por una falta modales, sino por la mala costumbre general que tenemos de no respetar normas de todo rango; inventando para ello cualquier excusa que les permite autoengañarse y así pensar que si bien se hizo algo incorrecto, se trató de un evento excepcional, o que acaso no generará perjuicios de terceros y si se hizo, están dentro de un supuesto margen residual que resulta tolerable.
Lo descrito es resultado de una cultura extremadamente egoísta e incluso “tóxica” que bien viene siendo relativizada o incluso observada como graciosa, dentro de lo que algunos suelen llamar “criolladas”. Sin embargo, lejos de lo anecdótico que puedan resultar estas criolladas, debemos reconocer que esta actitud de nuestra sociedad ha sobrepasado cualquier límite, llegando a extremos insospechados, que a su vez resultan extremadamente dañinos, toda vez que irracionalmente estamos justificando abusos e incluso delitos impunemente.
Si les parece exagerado, solo pónganse a pensar cuánta gente se pasa el semáforo cuando la luz está en ámbar entendiendo que dicho color es para que los autos apuren la marcha, cuando significa todo lo contrario. Cuántas veces hemos escuchado decir “¿Para qué pagar impuestos?, ¡si sólo van a pagar los sueldos de políticos corruptos!”, como si los hospitales, escuelas, pistas y veredas crecieran por si solos. Hoy en día, nadie respeta al presidente, congresista, agentes policiales o miembros de las fuerzas armadas. Y no solo porque muchos de ellos han denigrado el cargo, sino porque además existe una campaña permanente en prensa que busca el desprestigio de nuestras autoridades.
Actitudes como esta, sólo generan mayores distorsiones porque, al final, quienes se pasan una luz en el semáforo, retroceden contra el tráfico toda una calle, cruzan en moto por pasajes peatonales para apurar un “delivery”, invaden un terreno, se conectan clandestinamente a los servicios de cable/luz/agua, dejan el auto en doble fila, se saltan una fila de atención, compran a los reducidores o contrabandistas, trafican con oro/madera ilegal, pagan para que no los fiscalicen, trafican con drogas, o venden licor a menores - “porque así se ganan la vida”; en realidad, se roban a si mismos, al igual que lo hace cualquier carterista de la calle.
Peor aún, como están corrompiendo permanentemente sus propios estándares de vida a través de estas contradicciones, comienzan a relativizar la efectiva necesidad de la integridad personal para el ejercicio de la función pública, sin darse cuenta que con ello a su vez abren la puerta para que lo peor de nuestra sociedad acceda a dicho cargos. Así se da a entender que solo los actos de “grandes dimensiones” son los que efectivamente se corresponden con delitos, o faltas que ameritan sanciones.
¿A qué viene todo esto? Muy simple. Hoy en día todos los peruanos estamos “consternados” porque nuestra sociedad vive un ciclo -aparentemente interminable- de crisis política, en donde se critica y reclama por una escasa o casi nula calidad moral en la mayoría de nuestros representantes políticos, como si dichos personajes no hubieran sido elegidos con los votos de aquellos que reclaman la falta de integridad, como si la calidad moral de los votantes decepcionados, fuera notablemente superior de aquellos infames que nos representan.
Hagamos un mea culpa, reconozcamos que la crisis política que cíclicamente vivimos durante los últimos 30 años (si no son más), es pleno reflejo de la crisis moral que colectivamente nos aqueja como sociedad y que nosotros mismos alimentamos con nuestro egoísmo e indiferencia. Este problema no es de derechas o izquierdas, por ello resulta imperativo hacer campañas orientadas a la reivindicación de nuestros valores, el respeto a nosotros mismos y principalmente a la autoridad. Debemos buscar alternativas para promover y convencer a más gente de bien para que postulen como candidatos en la elección de los cargos políticos, así como para el ejercicio de la función pública.