La ola de violencia de los últimos dos meses, como retorcido amparo en las calles del golpe de Estado de Pedro Castillo, tuvo un error de cálculo: las contramarchas. Una masa de personas, arengando por la unidad y con indumentarias color paz, salió para contradecir esa narrativa divisionista de los elementos rebeldes. Un cúmulo de ciudadanos fue enarbolando al trabajo como un método de supervivencia a la altura del civismo y fue mostrando sin temor su total antagonismo a esa extorsiva disposición de salir a destruir todo para que el Estado obedezca, atmósfera casi calcada de lugares reducidas a la total anarquía. Estas movilizaciones —en Apurímac, La Libertad, Lima, Ica, Cusco, Tacna, Puerto Maldonado y más— se activaron casi en simultáneo para ser un frente de apoyo para las fuerzas del orden que no solo han venido siendo atacados salvajemente por los insurgentes. También han recibido una fuerte indiferencia, casi al borde de la marginación, de algunos elementos de la esfera política.
Una de las primeras contramarchas se dio en Puerto Maldonado. Fue el 11 de enero. Lo denominaron la Marcha por la Paz, mismo nombre que llevaron las movilizaciones en Lima en contra del profesor chotano cuando aún estaba en el poder. Seguidos en los laterales por la Policía Nacional del Perú, los convocados fueron circulando exigiendo que se restablezca el orden y que se permita el comercio. Esto último en referencia a la presión que venían ejecutando los violentistas contra los comerciantes, a quienes les exigían que se sumen a la protesta y que cierren su negocio, un claro atentado contra su libertad. “Como pobladores de esta tierra hacemos un llamado a la paz, vamos a hacer una caminata y hacer una limpieza de las calles. Lo que se trata de hacer es que se entienda que la marcha es pacífica, queremos llamar a la paz a los que están saliendo a las manifestaciones, no al vandalismo ni al saqueo, ya que hemos visto actos de ese tipo”, dijo uno de los presentes.
Centenas de ciudadanos en Puerto Maldonado contra violentistas.
Luego, el 13 de enero hubo una manifestación similar en Cusco. Uno de los ciudadanos dijo: “Necesitamos decirle a la presidenta de la República que el Estado intervenga y declare el estado de emergencia y salga el Ejército para que nos proteja”. El 17 de enero, un día antes de la llamada “Toma de Lima”, nuestros connacionales salieron a la capital para exigir el cese de la violencia. Corriendo el riesgo de coincidir con los violentistas, llegaron hasta el Centro de Lima para hacer escuchar su voz. Sin embargo, no hubo mayor efecto. A esas alturas, ya con más de un mes de desmanes y destrucción encima, los grupos rebeldes no iban a ceder. Pero esto no detuvo a los patriotas, que fueron subiéndole el volumen a su afrenta.
Lima, una vez más contra el vandalismo.
El 23 de enero, por ejemplo, cientos de ciudadanos en Ica marcharon en contra de esta escalada de violencia que tiene al país en una de las crisis más profundas de los últimos años. Iniciaron en el óvalo del estadio José Picasso Peratta, después pasaron por la av. Matías Manzanilla, también por la Plaza de Armas y finalmente arribaron al templo de Luren. Todos pedían al unísono que no se siga bloqueando la carretera Panamericana Sur, que ya era hora de ponerle fin al vandalismo y que sobre todo les dejen trabajar. Esto mismo pasó el 24 de enero en Tacna. La “Marcha y vigilia por la paz y reconciliación” arrancó en la plaza Zela y luego se movió por varias arterias tacneñas. La presidenta de la Benemérita Sociedad de Mujeres de Tacna, Carmen Salleres Sánchez, les recordó a los violentistas que el Perú recién se estaba recuperando de la pandemia del coronavirus y que no era saludable para los intereses del país paralizar al sector comercial, de transportes y de servicios. Y no había nada que reclamarle a la patriota. La misma presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Corinne Flores Lemaire, informó que Tacna estaba dejando de percibir hasta 500 millones de soles diarios.
En Tacna se levantaron contra la ola insurgente en el país.
En Apurímac, Andahuaylas, se armó la misma consigna. "No a la violencia, queremos trabaja", rezaba el 12 de febrero una de las pancartas en la tierra de la presidenta Dina Boluarte. En este caso la manifestación se denominó la "Marcha por los derechos". Los participantes eran pobladores, comerciantes y empresarios. Todos exigían el derecho al trabajo, al libre tránsito y a la propiedad privada.
Y el 16 de febrero, La Libertad se sumó a estas contramarchas. Específicamente en el distrito de Chao, en el kilómetro 500 en la carretera Panamericana Norte. Más de 500 personas con polos y globos blancos alzaron la voz por la paz y exigieron que ya no se permitan actos violentos en la localidad ni en ninguna parte del país.
La Libertad no es ajena a la crisis nacional.
El Perú fue atacado súbitamente con un alto grado de violencia, pero el tiempo demostró que no es un país abandonado. Así como las fuerzas del orden, las fuerzas ciudadanas también salieron en distintas partes del país para contrarrestar el caos de los rebeldes. Así fue y así será siempre. Ahora los políticos tienen que ponerse la mano al pecho para sacarnos de esta encrucijada de una buena vez.