La real intención de Dina Boluarte y su PCM está, a ojos de cualquier analista desapasionado, racionalmente en entredicho. Al tener ambos vieja y notoria simpatía por los satrapas del siglo XXI que ahora hacen cargamontón mentiroso en defensa del golpista Castillo, están obligados a responder las bravatas dentro y fuera de nuestras fronteras con toda la contundencia que la ley les faculta y obliga a usar, tanto en defensa de la democracia y la integridad patria como de la ciudadanía honesta y pacífica. Hasta ahora hemos asistido a gestos y discursos (no pocas veces contradictorios), despliegue tardío de fuezas del orden con absurdas ordenes de no intervenir y/o equipamiento insuficiente.
Ningún grupo de ciudadanos, pequeño, mediano ni grande, organizado alrededor de su lenguaje o su etnia tiene derecho a amenazar a otro grupo de ciudadanos con tomar a la fuerza su ciudad o su barrio ni con destruir servicios, propiedad o instalaciones. La motivación expresada es delincuencial racismo puro y duro, los objetivos y actos anunciados configuran flagrancia “de libro”.La inacción o demora del Poder Ejecutivo o el Ministerio Público en evitar o detener esos actos delictivos, sea por cálculo político, sea por simpatía ideológica, por imperdonable traición o por mera cobardía, configura omisión de funciones y es pasible de sanción. La prevaricación judicial por coincidencias programáticas o ideológicas no está tampoco libre de pena.
Los mensajes incendiarios, más cercanos a la subversión que a la defensa del Estado de Derecho, de Anibal y Duberlí, a saber ex PCM y ex Presidente de la Corte Suprema, aún cuando no sorprenden a nadie que conozca la trayectoria de ambos personajes, debieran bastar para que todos tomemos conciencia del alto grado de penetración, tras decadas de subversión ideológica, que ha alcanzado la infiltración gramsciana del totalitarismo neomarxista en funciones relevantes de las organizaciones tutelares de la libertad. Las maniobras que llevaron a ambos personajes a encaramarse en las posiciones de poder que ostentaron son consecuencia de un planeamiento estratégico que los trasciende, el cual no podrá ser derrotado con medidas reactivas dirigidas a salvar el corto plazo.
Mientras se siga priorizando la busquedaestabilidad en los mercados o la “gobernabilidad”, es decir elcorto plazo, frente a la impostergable defensa de la libertad y el estado de derecho, continuaremos al galope hacia el despeñandero.
De momento toca empezar exigiendo al gobierno cumplir su juramento de defensa del orden constitucional, de los ciudadanos honestos y de la integridad patria. Toca exigirlo de modo unánime y sonoro, con decisión sin edulcoramiento.