Por mucho tiempo los académicos y dirigentes de la izquierda se jactaban de que la derecha en el Perú tendía a ser autoritaria, siempre haciendo alusión al fujimorato, a quién acusaban de haber cerrado el Congreso, cambiado la Constitución y haber sido el último dictador en nuestro país. De la otra mano, siempre se intentaba pintar a la izquierda como el último baluarte de la democracia, que defendía a los más débiles contra la opresión antidemocrática del fascismo capitalista.
El golpe de Castillo terminó de desenmascarar lo que ya sabíamos hace un buen tiempo, el verdadero enemigo de la democracia en la región latinoamericana viene de la izquierda, que tiene una obsesión por desmantelar el Estado de Derecho para imponer a la fuerza su agenda socialista a cualquier costo, y para lograr ello necesitan la instalación de una asamblea constituyente que les otorgue un poder absoluto.
Prueba de la completa degradación democrática de la izquierda en nuestro país sería el pliego de reclamos de las protestas tras la caída de Pedro Castillo, que en realidad pretenden reivindicar el golpe de Estado del cual nos salvamos por un pelo.
Podemos ver cómo en simultáneo se pide que renuncie Dina Boluarte, se cierre el Congreso de la República y se instale una Asamblea Constituyente popular para que gobierne el Perú, mientras se redacta un nuevo texto constitucional, sin un Ejecutivo ni Legislativo presente. Pensemos un segundo que pasaría si es que se cumplen todos estos pedidos a la vez.
¿Qué pasaría con un país, sin Congreso, sin presidente y donde se instale una Asamblea Constituyente?
Lo que estaría pidiendo la izquierda es que se concentre todo el poder del Estado en esta asamblea constituyente, que actuaría como presidente, Congreso, juez, y más.
Así, la asamblea podría interpretar que durante su funcionamiento el presidente del Congreso, que estaría a cargo de la Comisión Permanente, no podría asumir la Presidencia del Perú si es que el Poder Legislativo está disuelto, por lo que ellos quedarían a cargo de todas las funciones del Ejecutivo, instalando un gobierno constituyente.
También se podría suspender por completo las elecciones del Congreso de la República disuelto, alegando que estas recién serían llevadas a cabo bajo el nuevo régimen constitucional que están redactando. Esta asamblea podría arrogarse facultades jurisdiccionales, podría suspender al Tribunal Constitucional, podría desconocer sentencias e incluso liberar a Pedro Castillo de la cárcel. Sería una tiranía constituyente.
Resulta curioso que aquellos que alegan ser los defensores de la democracia y la protección de los derechos humanos, ahora son los mismos que con violencia exigen que se disuelva la democracia en nuestro país, para que se le otorgue todo el control de nuestras instituciones a una Asamblea Constituyente sin límites y que obviamente tendría tintes populistas.
Esto sin excluir que la elección para la conformación de esta constituyente no sería democrática, dado que siguiendo la fórmula de Venezuela y Chile se desvirtuaría el voto popular mediante cuotas corporativistas y étnicas, lo que significaría que el texto constitucional no sería verdaderamente representativo de la población.
Todo lo descrito ya ha pasado en países como Venezuela, Bolivia y Cuba, donde la asamblea constituyente ha sido usada para destruir la democracia y poder instalar un régimen autoritario.
Por estos motivos, es responsabilidad de aquellos que todavía representamos al bloque democrático que nos demos cuenta del peligro de las propuestas y banderas que promulga la izquierda no solo en el Perú, sino en toda la región, y que estemos listos para derrotarlos. Como decía Thomas Jefferson, “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”.