El primer síntoma saludable de la gestión de Boluarte —que carga hasta hoy con su pasado castillista— fue haber cambiado, en menos de dos semanas, a Pedro Angulo por Alberto Otárola en el premierato. Partiendo de la urgencia de neutralizar la ola de violencia, le puso coto a la intermitencia del primero, respectivamente, para poner sobre la mesa la frontalidad y la experiencia del segundo, quien antes de esta transición era ministro de Defensa. El aporte se tradujo en la venida a menos de la insurgencia nacional. Sin embargo, esta resistencia del gobierno, que contó con un estratégico despliegue de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, tuvo un daño colateral, aún en investigación, pero ya direccionado por la izquierda: la suma de muertes. Y aquí llegó el primer trastabilleo del titular del Consejo de Ministros: tras ser interpelado por la Fiscalía, decidió darles la espalda a nuestras fuerzas del orden, lo cual a estas alturas es como deslegitimar, desmerecer, desprestigiar, el trabajo de quienes pusieron el pecho para restablecer el orden interno, y darles una ventaja a los enemigos del Perú.
Para la izquierda la caída de Castillo fue un espaldarazo para implantar el caos en las calles. Esta estrategia incendiaria vino acompañada por tácticas como la de alentar la injerencia internacional, desvirtuar la realidad anunciando una falsa dictadura y cómo no la de la vieja búsqueda de mártires. Esta naturalización de la inmolación —fenecieron 48 civiles— en nombre de consignas inconstitucionales —como la reposición del golpista— ya empezó a ser maquillada por este sector como el resultado de un Estado represivo. Con esta habitual licencia para la mitomanía, han venido presentando varias mociones de interpelación contra Otárola, razón por la que ha sido interrogado
Al respecto, lo interrogaron el 23 de enero y el 16 de febrero los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura. Y las respuestas han dejado mucho que desear.
“No, no (fui) informado sobre los planes de operaciones. Reitero que lo que se nos informaba a los ministros era el resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, pero no sobre los planes operativos porque la dirección y ejecución de los planes operativos no corresponde al ministro de Defensa”, dijo Otárola.
La lavada de manos, que pone en desventaja a las fuerzas del orden frente a la violencia desmedida de los insurgentes, fue luego secundada por el mismo titular del portafolio de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
"El ministro de Defensa es el representante político de las Fuerzas Armadas y no interviene en la parte operacional, que lo hace mediante directivas y mediante planes de operaciones el Comando Conjunto y sus diversos componentes: los comandos operacionales y las unidades que lo integran. Digo esto porque el ministro de Defensa no actúa en el desarrollo de los planes de operaciones", apuntó. "Cuando el control del orden interno en la declaratoria del estado de emergencia está a cargo de la Policía, las Fuerzas Armadas reciben el plan de operaciones de la Policía y ellos, en virtud de ese plan de operaciones, actúan en apoyo a la Policía", agregó.
Lo que tanto el premier Otárola como el ministro Cresta no han entendido es que lo que están buscando los operadores de la izquierda es responsabilizar a las Fuerzas Armadas de muertes extrajudiciales cuando en la realidad no fue así. Las imágenes hablan por sí solas. Si se pelotean la culpabilidad es como darles la razón a los violentistas que le declararon la guerra al Perú en nombre de personajes que quieren destruir la democracia para iniciar una dictadura.