El gobierno de Boluarte una vez más puso a las fuerzas del orden a merced de los violentistas. Desde que la primera escalada de insurgencia no tuviera los efectos esperados para sus artífices, se esperaba que en la segunda fase, ahora con filas más reducidas, intensificará su grado de agresividad. Pese a eso, el Ejecutivo sigue manteniendo la prohibición contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú del uso de sus armas reglamentarias cuando su integridad se vea amenazada y cuando los ataques a infraestructuras excedan los límites, lo cual ya es un hábito, sobre todo en el sur del país. Esta vulnerabilidad ha provocado que seis soldados mueran ahogados en el río Ilave, en Puno. Un grupo de ex altos mandos del Ejército del Perú ya le ha advertido a la máxima autoridad política que revierta este desarme de los que tienen que enfrentar día a día a turbas incendiarias que hace rato han mostrado síntomas de no querer dialogar.
El 2023 es un año clave para la recuperación del país después de casi un lustro sometido por la narrativa izquierdista que deshizo al aparato público depredando el patrimonio y a la ciudadanía convenciéndolos de que el Estado es el villano. Esto lo sabe bien la presidente, quien llegó de la mano del golpista Pedro Castillo y a quien después reemplazó en el poder entendiendo que la democracia había estado en peligro. Pero para esto tiene que hacer frente a los grupos rebeldes que vienen apelando a una violencia extorsiva, casi como manotazos de ahogado tras la caída del profesor chotano. Los únicos que pueden ayudarnos a restaurar el orden interno son nuestras fuerzas del orden. Y es aquí donde han fallado los nuevos inquilinos de la casa de Pizarro.
Desde la primera ola de violencia hasta la segunda ha quedado demostrado que los insurrectos quieren tomar el poder por asalto. Por eso, aunque fue a destiempo, se decidió que las Fuerzas Armadas apoyen en algunos puntos como en Puno, matriz de la crisis, a la Policía Nacional del Perú, que ya había tenido una considerable suma de agentes gravemente heridos. Y las imágenes son el testimonio.
Pero que salgan en bloque no ha sido ni será la solución. Un botón es lo que pasó este último fin de semana en Puno. El domingo 5 de marzo una turba de casi 300 personas destruyó e incendió la comisaría y la sede del Poder Judicial en la ciudad de Juli. Para sus fines usaron bombas molotov. En la dependencia policial habían 43 efectivos: 10 resultaron heridos. Y en el local judicial quedaron afectados 10 miembros del Ejército. Pese a que habían disponibles varios defensores de la patria, no pudieron hacer más porque la estrategia se limita a la disuasión y no a la defensa. Esto último implica la limitación para usar armas cuando su propia vida está en peligro.
Y como estrago de este ataque, la tragedia nos llevó a otra. Las Fuerzas Armadas decidieron enviar tropas, tanto en helicóptero como a pie. Estos últimos tuvieron complicaciones y debieron regresar al distrito de Ilave, en el Collao, de donde habían partido inicialmente. Pero jamás llegaron a su destino. En la ruta los soldados fueron interceptados y apedreados por hordas de violentistas. Para amagarlos, el capitán les dio la orden de armar una cadena humana en el río para pasar al otro extremo. Pero esta se rompió y varios cabos fueron superados por la fuerza del afluente. Algunos pudieron ser rescatados, con cuadros de hipotermia, pero seis perdieron la vida: Alex Quispe Serrano (24), Franz Juan Canaza Cahuaya (20), Elias Lupaca Inquilla (19), Elvis Parí Quizo (20), Percy Alex Castillo (19) y Carlos Quispe Montalico (22).
La pregunta que cae de madura es: ¿qué hubiera pasado si tenían el permiso para poder defenderse? La respuesta es evidente.
"Nuestra total indignación ante la falta de firmeza y decisión por parte de las autoridades peruanas competentes, que están propiciando el incremento de la violencia subversiva, el caos y la inseguridad", se lee en un pronunciamiento de ex altos mandos del Ejército, quienes hicieron hincapié en que la presidente Dina Boluarte "transgrede las normas legales al ordenar la omisión del uso de armas". "Las Fuerzas del Orden requieren ser debidamente equipadas para enfrentar este tipo de contingencias", agregaron y apuntaron que en esta gran convulsión social están infiltrados políticos extremistas y organizaciones delictivas.
A estas alturas no sabemos qué esperar del gobierno, sobre todo después que el premier Alberto Otárola les tirara la pelota tras ser interrogado por las muertes en Juliaca. Esto no es solo hacer el juego a los radicales, es también terminar de romper la pequeña estabilidad que le resta al país.