La luna de miel de Boluarte en el poder podría caer en picada. Bastó un nombre, Grika Asayag, para que la cuerda de su investidura presidencial empezara a tensarse. La mencionada, muy amiga de la jefa de Estado desde la campaña presidencial del golpista en el 2021, se estaba desempeñando como su asesora, pero tocó fondo de golpe cuando se descubrió que había asumido este cargo usando supuestos certificados falsos, casi un eco de la siniestra administración de Castillo. Esta empresaria decidió dar un paso al costado, pensando que así le pondría coto a su súbita aparición en la órbita del Ejecutivo. Y no fue así. Progresivamente se fueron destapando los millonarios contratos que habían tenido sus dos empresas: con el Ministerio del Trabajo, liderado entonces por Betssy Chávez, y con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con Roberto Sánchez a la cabeza. Este presunto redireccionamiento sería otro eslabón perdido de la estructura chotana, que vincula directamente a la mandataria.

El génesis
El pasado 6 de marzo, la cúpula de Boluarte sufrió un seísmo político. Se descubrió que la asesora de la inquilina de la Casa de Pizarro, Grika Asayag, había llegado a este cargo después de haber presentado presuntamente tres documentos adulterados. Quien no registra ningún estudio superior finalizado ni ningún grado académico —de acuerdo al historial de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu)— había puesto sobre la mesa tres diplomas del instituto Virginia Henderson. Estos son: “Bioseguridad en tiempos de COVID-19” (octubre, 2020); “Bioseguridad en tiempos de Covid-19” (febrero, 2022), y uno que acredita su formación como paramédico (setiembre, 2022). En los tres aparece la firma de Roberto Justo Tejada Estrada como director general de la Asociación Educativa Florence Nightingale. Este, sin embargo, negó tajantemente que las rúbricas sean suyas.
En simultáneo, salió a la luz una denuncia contra Asayag por que estaría buscando adueñarse de un predio. La supuesta justificación: porque vivió en ese lugar 15 años, desde 1999.
Con todo esto, el lunes 8 de marzo decidió renunciar.

La secuencia
Su salida del tablero de Boluarte, sin embargo, fue un atajo a nuevas presuntas irregularidades, que hoy le ponen la soga al cuello a la presidente, quien se supone que había llegado para hacer una profilaxis al aparato público tras el desastre chotano.
Grika Asayag, que fortaleció su amistad con la mandataria durante la campaña de Castillo en 2021, tiene actualmente dos empresas: Total Force SAC y Asociación Educativa Florence Nightingale. Ambas fueron beneficiadas con varias órdenes de servicio entre noviembre del 2021 y agosto del 2022.
La primera, respectivamente, formalizó una orden por S/ 27,500 y por "consultoría de seguridad electrónica" el 19 de noviembre del 2021. Fue un contrato con la entidad pública Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control SAC (Esvicsac), que pertenece a EsSalud, y esta última al sector Trabajo. Para esto, antes había tenido una reunión, el 20 de octubre, con el viceministro del sector Trabajo, Sergio Jaime Ríos. Estuvieron presentes tres directivos de Esvicsac: Mauro Vento Delgado, miembro del directorio; Miguel Márquez Vargas, exencargado de la gerencia general; y Juan Gonzales Pilares, exjefe de asesoría ilegal.
La segunda empresa fue beneficiada tres meses después, el 8 de febrero del 2022. Esa fecha se emitieron dos órdenes de servicio de la asociación mencionada por S/ 66,000 en total. El concepto: "servicio de capacitación en bioseguridad en tiempos de COVID-19 (...) para los gerentes y jefes de Esvicsac".

La hija
El 26 de octubre del 2021, Grika Asayag se reunió en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con Roberto Sánchez, titular de este portafolio. Luego, volvió el 14 de enero del 2022. Esta vez para reunirse con el secretario general Carlos Zafra. Después, el 26 de abril del 2022, se emitió una orden de servicio por S/ 8,000 a favor de Grika Karla Burgos Asayag (hija). Curiosamente, esta misma fecha la hija obtuvo su constancia para contratar con el Estado. El otro desembolso se dio el 11 de agosto. Fue por S/ 10,000.
La perversión del aparato público superó todos los límites con la gestión errante de Pedro Castillo. No resulta tan surreal que esto ahora le salpique a Boluarte. No por nada la escogió como vicepresidente y la tuvo hasta el final como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Si la ahora mandataria pensó que puede seguir con esta praxis, lo más seguro es que le siga los pasos al golpista y, peor aún, que agrave la crisis nacional. Esperemos que haya cortado palitos con ese perfil nocivo.