Me atrevería a decir que la mayoría de peruanos sabe lo que es una fea resaca. El malestar, el peso del cuerpo, el cansancio y el sudor con grado de alcohol. Todo por la mala decisión de pasarse de copas, de intoxicar el cuerpo. Sucede lo mismo con las elecciones presidenciales. Tomas una mala decisión y suele dejar consecuencias que no puedes explicar, pero sabes que están ahí, malogrando y pudriendo todo. Podríamos decir que, metafóricamente, vivimos una “resaca Castillista”. Es fácil oler el alcohol cuando se suda: inevitablemente todo se descubre.
Hace unos días vi un par de notitas en Expreso: “Cambios en SUNASS” y “¿Juez y parte?”. Ahora que el país se inunda, cobra sentido que exista esta entidad estatal (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento). Lo peor es que se está haciendo conocida por la red de corrupción que se va tejiendo adentro, no por su eficiencia en medio de esta crisis. Las notas hablaban de los cambios que habría en la superintendencia, comenzando por su jefatura y enfocándose en la norma que quieren impulsar para beneficiar a los amigos afortunados que se llevan bien con ellos, como el conocido monopolio estatal Sedapal. Vamos a poner el problema en contexto.
Distraídos por el golpe de estado del 07 de diciembre, algunas entidades aún manejadas por la mafia castillista buscaron establecer ciertas normas que les permitieran seguir haciendo de las suyas en el aparato estatal. Así, el 28 de diciembre del año pasado, la Sunass publicó en su página web (ojo, no en El Peruano), un proyecto de norma para modificar el Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Para hacer el cuento corto, este buscaba que sean los mismos proveedores de agua, los que instalen y garanticen el funcionamiento de los medidores de agua. O sea, que Sedapal (el monopolio del agua en el Perú) sería el proveedor de agua y el que monitorea el correcto funcionamiento de dicha entidad. En cristiano, ellos hacen el examen y por supuesto, se sacan 20. Es evidente que esto va a afectar terriblemente la libre competencia, porque se supone que la fiscalización debería estar a cargo de una empresa experta en la materia. Sería un monopolio más.
No contentos con esto, la norma propone que se monitoree solo una muestra de los medidores. Aquí es donde supone un auténtico peligro para la ciudadanía. Pensemos juntos: si solo van a monitorear una muestra (un grupo de) medidores, ¿van a cobrarle a la gente con medidores no verificados? ¿Nos vamos a dejar robar con tanto descaro? Quieren aprovecharse de la gente que viviría esta desventaja para poder sacar una tajada.
¿Quiénes son las lumbreras que propusieron esta atrocidad? Bueno, como es lógico hay muchos involucrados y es dolorosamente lógica la relación que tienen entre ellos. El promotor de esta norma que pretende ensanchar la burocracia estatal es justamente el asesor del presidente de Sunass, el Ingeniero Richard Antonio Acosta Arce, quien ejerció hasta el año pasado el cargo de gerente general de nada más y nada menos que Sedapal. La red para lograr un lobby que beneficie a todo este grupo de amigos sería bastante extenso. Estarían involucradas figuras del gobierno de Martín Vizcarra, como la exministra del Ambiente, Lucía Ruíz Ostoic, que es miembro del Consejo Directivo de Sunass; los niños del Congreso (vitales para el plan desde la presidencia de Jorge Flores Ancachi en la Comisión de Energía y Minas), el congresista Kamiche, Paloma Sarria (ex directora de la Sociedad Peruana de Energías Renovables —que sería muy beneficiada con esta norma—), funcionarios del Minem y hasta la exministra Cayetana Aljovín (que utilizaría su buena relación con Fuerza Popular y Acción Popular para concretar este lobby) y hasta el empresariado chino.
El gobierno de Pedro Castillo sigue operando el aparato estatal. Por lo menos dos empresas proveedoras de Sedapal se favorecerían con esta norma. Todos sabemos que Castillo cobraba en Sarratea los puestos en el Estado y todos los que entraron en su gobierno son parte de su mafia. Si Dios es peruano, posiblemente se logre instalar una comisión en el Congreso para investigar los “concursos” que dieron pie a estos nombramientos.Negociar y hacer lobby no es delito, pero sí es delito mover las fichas del Estado para monopolizar y robarle a todos los peruanos. No hay nada más deplorable que eso. Vaso de agua fría y a cortar esa resaca.