El fatídico paso del Ciclón Yaku en los últimos días ha despertado, una vez más, la preocupación y el temor de la población frente a la vulnerabilidad de nuestro país ante los desastres naturales. Si bien en los últimos años, los gobiernos de turno han lidiado, ineficientemente, con intensos problemas climáticos como lluvias, huaicos, inundaciones, incendios forestales y sequías —muchos de ellos producto del fenómeno del niño—, han dejado de hablar y de tomar acciones preventivas frente a una inminente catástrofe que acecha a la capital hace mucho tiempo: El gran terremoto.
El Perú es considerado como uno de los países más sísmicos del planeta. Esto se debe a que formamos parte del ‘Cinturón de Fuego del Pacifico’. En esta zona, la Tierra libera más del 85% de energía acumulada desde su interior debido al constante movimiento y fricción de las placas tectónicas (Nazca y Sudamericana). Desafortunadamente, la membresía de este club se paga con la vida de la población más pobre. El Perú tiene una deuda pendiente que compromete a su capital. La ciudad de Lima lleva más de 270 años de silencio sísmico, acumulando una peligrosa tensión entre las placas, creando una deformación lista para colapsar en cualquier instante. Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo de IGP, se espera un movimiento telúrico en Lima y Callao con una magnitud de 8.8 grados, aunque no se descarta que pueda ser mayor.
Los recientes reportajes sobre la precaria condición de la mayoría de las viviendas y establecimientos públicos o privados en los distintos distritos de Lima hacen aún más preocupante la supervivencia de la ciudad ante un terremoto a gran escala. En febrero de este año, Miguel Estrada, investigador de CISMID, señaló que el 70% de las viviendas de la capital son altamente vulnerables ante un terremoto. Asimismo, la mayoría de distritos son catalogados como zonas peligrosas debido a la inestabilidad que tienen sus suelos. Un factor no menos importante es la falta de cultura sísmica en nuestra sociedad y el desinterés por la prevención, considerando que los simulacros solo se realizan una vez cada dos años y que los protocolos ante situaciones de emergencia no están claros.
Viendo casos actuales como el terremoto de Turquía y Siria, que cobró más de 30 mil vidas y dejó devastada la infraestructura de distintas ciudades, es comprensible la preocupación de la población peruana. En nuestro país, se espera un resultado aún más catastrófico y atemorizante debido a que un movimiento sísmico de tal magnitud provocaría inevitablemente un tsunami. A comienzos de este año, INDECI estimó que “el gran terremoto limeño” podría dejar más de 110 mil muertos y al menos 2 millones de heridos. Ante todas estas observaciones, es necesario preguntarnos qué se está haciendo al respecto.
Gran parte de Lima Metropolitana vive a dos golpes y un repique. El impacto del ciclón Yaku debe servirnos para entender cuáles son los puntos vulnerables más urgentes de la capital. El Estado debe trabajar en la construcción de infraestructuras seguras y resistentes para proteger a la población. Asimismo, se debe desarrollar, junto a los ciudadanos, un plan de reforzamiento de viviendas que tengan señales de inestabilidad, como grietas, manchas de humedad o cimientos endebles. La ciudadanía, por su parte, debe tomar medidas preventivas, evaluando rutas de evacuación e implementando planes de acción que involucren suministros de alimentos y medicinas.
Arguedas solía decir que el Perú es un país condenado a la catástrofe. Que somos víctimas de un destino implacable que nos arrebata todo lo poco que conseguimos y no nos devuelve nada, como si fuésemos un pueblo maldito. Pero, aunque muchas veces la realidad no parezca ajena a las escrituras de El Tayta, tenemos que dejar la fatalidad de lado y empezar a tomar medidas concretas para evitar que la próxima catástrofe sea tan devastadora como se espera. La prevención y la educación son claves frente a los desastres naturales, y es responsabilidad tanto del gobierno como de cada uno de nosotros contribuir a ello.