Esta semana se cumplió un año del estado de excepción en El Salvador, bajo el mandato presidencial de Nayib Bukele, la cual contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Hace doce meses, inició un cambio en los procesos penales y tácticos para la seguridad ciudadana salvadoreña, la cual, a pesar de no gustarle a la ONU, ha recibido cada día mayor acogida por las personas dado que precisamente se han obtenido enormes resultados. Poniendo cierta evidencia sobre la mesa, se puede verificar cómo en el 2015, El Salvador, alcanzó más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el presente esa cifra ha bajado a 7 por cada 100.000 habitantes y si bien Bukele gobierna únicamente desde el 2019, sus últimos tres años —sin contar el 2023— están situados como los tres mejores años en cuanto a cifras reducidas de homicidios intencionados, algo que en las últimas dos décadas no bajaron nunca de los 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, nos guste o no, las políticas de mano duran de Nayib Bukele han posibilitado una mayor seguridad.
Recientemente, el gobierno salvadoreño ha implementado una cárcel en un tiempo récord de siete meses, la cual consta de ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de once 11 metros de alto y 2 kilómetros. Por otro lado, algo bastante interesante de la propuesta penal salvadoreña será que las cárceles no contaran con ningún lujo, únicamente con lo mínimo e indispensable para vivir y que estos servicios se pagaran ya sea con el dinero de las familias o con el trabajo que los mismos reos hagan; algo novedoso puesto que de esa forma no es la sociedad que sufrió de los daños de las pandillas organizadas las que mantendrán el día a día de estos delincuentes, sino ellos mismos.
¿La sangre deja de serlo?
Como todo estado de excepción hay ciertas libertades que han sido reducidas y ciertos derechos constitucionales que no se tomaran en cuenta. Por ejemplo, el allanamiento a los hogares ya no necesita de una orden judicial y las redes de comunicación están siendo intervenidas para generar mayor información de rastreo. A su vez, también han quedado suspendidas las posibilidades de un abogado defensor para los reos provenientes del crimen organizado de los Maras.
Estas nuevas formas de gobierno nos hacen reflexionar un poco más allá de los resultados. ¿En que medida es que por razones utilitarias podemos dejar de lado ciertas libertades? ¿Cuáles serían los límites que se pueden poner al poder político y dónde trazamos la línea entre un abuso arbitrario y una ejecución sustancialmente necesaria?
Carl Schmitt, filosofo y jurista alemán, especialista en el excepcionalísimo atiende esta clase de situaciones avocando al soberano —ya no a los estatutos de la democracia—, como la persona elegida para resolver los momentos de emergencia. En ese sentido, bajo una lógica Schmittiana tiene mucho más sentido que una sola persona constituya el poder en estos casos, puesto que hay un grado de decisión inmediata que se requiere y precisamente, al saltar por los diversos parámetros burocráticos y resortes constitucionales, es donde se logra ejecutar eficazmente una acción. En cita textual de Schmitt:
“La excepción es más interesante que la regla. La regla no prueba nada; la excepción lo prueba todo. En esta, el poder de la vida real rompe la costra de un mecanismo que se ha vuelto aletargado por la repetición”.
No obstante, es probable que a muchos amigos liberales no gusten mucho de la filosofía del alemán, dada su tendencia reaccionaria, pero habría que recordar las palabras del liberal austriaco, Friedrich Hayek:
“Nunca he afirmado que los gobiernos autoritarios en general son mas propensos a asegurar la libertad individual que los democráticos, sino todo lo contrario. Esto no significa, sin embargo, que, en algunas circunstancias históricas, la libertad personal, no podría haber sido mejor defendida, bajo un gobierno autoritario que en uno democrático”.
Hayek, pese a las enormes diferencias con Schmitt y posiblemente con muchos de los que avalan las decisiones no democráticas del presidente salvadoreño, entiende que es posible que un gobierno necesite cercenar ciertas libertades en función de un principio mayor como la protección de la vida de las personas. Es decir, no toda arbitrariedad constituye siempre un estado nefasto para la sociedad, más aún cuando esta se sostenga por un periodo de tiempo bajo ciertos fines que el mismo contexto de emergencia suscita.
Por otro lado, no podemos dejar de comprender que el ser humano se mueve por decisiones personales y actuamos en el mundo en función de intereses propios; por lo que es también bueno tener presente las consideraciones de la Public Choice cuando sostienen que el Estado al estar conformado por personas naturales nunca estarán totalmente desligados de sus propios intereses y consideraciones individuales. No debemos suponer que el político por el mero hecho de jurar lealtad frente a la biblia se encuentra exento de su configuración psicológica natural, que no es otra que perseguir sus propios fines.
Finalmente, creo que nada encarna mejor el norte por perseguir que la famosa frase de Karl Hess: “La moderación en la búsqueda de la justicia nunca es virtud”.