El sábado 8 de abril, el crimen organizado cobró una nueva víctima mortal. En horas de la noche, en la localidad nativa de Puerto Ocopa, sujetos armados arremetieron al interior de la vivienda del dirigente Asháninca, Santiago Contoricon Antúnez, para acabar con su vida de cinco disparos y en presencia de su familia. Santiago fue consejero del Gobierno Regional de Junín, y alcalde del distrito de Rio Tambo. Por el momento, la Central Asháninca de Rio Tambo ha emitido un pronunciamiento exigiendo al gobierno de Dina Boluarte que encuentre a los responsables y anuncian que tomarán medidas radicales en las próximas 48 horas.
Este hecho es solo la punta del iceberg de lo que realmente está pasando con las comunidades indígenas en el Perú. Ellos, guardianes naturales de la biodiversidad peruana, enfrentan diversas amenazas graves: el narcotráfico, los taladores ilegales coludidos con traficantes de tierras, los mineros ilegales, los terroristas de Sendero Luminoso, que controlan el “servicio” de sembrado, cosecha, transformación y transporte (mochileros) a los cárteles de las drogas. Incluso, los Ashánincas tienen que soportar a los grupos políticos de izquierda radical que los inducen a la violencia cuando sus intereses “políticos” se ven afectados, ¡Basta ya de utilizarlos!
Son muchas comunidades asediadas por la violencia y casi 200 personas asesinadas en los últimos años. Por esta razón, es que tienen la obligación de organizarse para enfrentar con inteligencia a los criminales que amenazan sus vidas y sus territorios. Hay mucho en juego para dejarse avasallar por los delincuentes, y no basta culpar a todos hoy, sino, concentrarse en evitar más muertes en el futuro inmediato. Las amenazas avanzan y se tienen que tomar medidas en el marco de la Ley para neutralizar el narcotráfico, terrorismo y tala ilegal. Solo una acción conjunta de todos los indígenas, con verdaderas medidas de seguridad, de contrainteligencia y con puentes de comunicación eficaces en la Policía y las FFAA, pueden ayudar a frenar la ola de crímenes de quienes nos quieren convertir en un “narco país”.
El gobierno debe asumir también la responsabilidad de designar gente competente que diseñe estrategias de inteligencia y contrainteligencia, de operaciones y de desarrollo social para rescatar de las garras del crimen a comunidades en peligro. No se puede entregar al país a las manos de quienes a sangre y fuego pretenden convertirlos en sociedades decadentes y lumpenescas para beneficio de sus proyectos criminales.
Hacemos un llamado a todos los indígenas que son profesionales o exitosos, del Perú y en el extranjero, para que se unan y ayuden en la lucha sin cuartel contra las amenazas descritas. Tenemos un hermoso país y una selva envidiable para el mundo. No podemos bajar la guardia, y es hora de unir a quienes, en defensa de nuestra biodiversidad selvática, también defienden la vida, la paz, la democracia y las libertades, ¡Sí se puede!