El último domingo pudimos apreciar en los noticieros cómo Lima se ha convertido en una especie de tierra de nadie, donde grupos de mafias extorsionadoras disparan balazos en plena calle por el control de las “zonas” donde se desarrollan sus negocios ilícitos. Ante ello, nuevamente han cobrado vida los comentarios y recomendaciones para que se permita a los serenos disponer de armas “no letales” para de alguna manera palear la situación.
Por si no queda claro, la responsabilidad de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como de investigar y combatir la delincuencia es de la Policía Nacional del Perú (PNP), conforme lo establece el artículo 166 de la Constitución. Y si bien los alcaldes tienen la obligación de conformar el comité de Seguridad Ciudadana, ello no relega las obligaciones inherentes a la PNP y al ministro del Interior; por lo que no es correcto reclamar a las autoridades ediles por las falencias de nuestros sistemas de seguridad, aún cuando ciertamente los “cuerpos” de Serenazgo son un importante complemento a las funciones policiales.
El problema es que han pasado muchos años desde que empezó el servicio de serenos y nuestro sistema político no ha tenido los pantalones suficientes para reconocer que en el Perú no hay suficientes agentes policiales para el correcto resguardo de los ciudadanos. No me queda claro si nuestros políticos no quieren aceptar que el presupuesto designado a la Policía fue y sigue siendo insuficiente o si deliberadamente lo mantienen reducido para generarnos más carencias. Lo cierto es que los contribuyentes (los que pagamos impuestos claro está) realizamos un doble pago para efectos de recibir un servicio de seguridad, puesto que dentro de los arbitrios municipales se incluye el patrullaje a través de los serenazgos distritales.
En vista a este fenómeno, y viendo tantas propuestas dispersas sobre patrullaje integrado y habilitación para el uso de armas no letales para los agentes municipales, en mi opinión lo que debe ocurrir es la desaparición de los serenazgos distritales. A partir de ello cada municipalidad debería disponer de dicho presupuesto para la contratación o habilitación de tantos policías como sean necesarios para el correcto resguardo de cada jurisdicción. Entonces, en vez de tener un escuadrón de serenos con las evidentes limitaciones territoriales y logísticas para combatir la delincuencia, pasaremos a tener un mayor cuerpo policial debidamente equipado y habilitado para hacer frente a la delincuencia.
Las veces que he conversado de esta posibilidad con otras personas siempre salen a decir que tener a la policía directamente financiada por los gobiernos municipales y provinciales generaría riesgo de anarquías o abusos por las dosis adicionales de poder que implícitamente ello implica. Sin embargo, creo que no se puede ni debe confundir las funciones de financiamiento con las de dirección, porque evidentemente son absolutamente distintas.
En efecto, y para hacer más gráfica la propuesta del financiamiento, podemos equiparar —salvando las distancias— “la disposición de los capitales en favor de la PNP” con el aporte estratégico que realizan los fondos de inversiones en actividades comerciales. Cuando los fondos colocan capitales, no se preocupan en ocupar mantener la dirección del negocio en donde realizan la inversión; es decir, verifican que sea eficiente, pero en principio sólo se enfocan en auditar y verificar si los réditos a recibir son los prometidos o mejores. En el caso del financiamiento municipal a la PNP, se haría algo parecido; así, los municipios colocan a disponibilidad de la PNP los recursos suficientes para que sus comisarías cuenten con los agentes, vehículos y armamentos necesarios para el enfrentamiento contra la delincuencia. A la par, en los comités de seguridad ciudadana se presiona a los encargados de las comisarías correspondientes por el mejor aprovechamiento de los recursos. Así, las municipalidades financian, pero no dirigen a la Policía y esta última se enfoca en las mejores estrategias para combatir el crimen de manera coordinada en toda la ciudad.
Si nos fijamos, el serenazgo implica a los contribuyentes un doble pago (o incluso triple si sumamos a los vigilantes particulares) por un mismo servicio, cuyo alcance siempre termina siendo incompleto, habida cuenta que a quienes se ha delegado efectivamente el ejercicio de la fuerza para cuidarnos es la PNP. Obvio no es posible transformar a los serenos en policías de la noche la mañana, y que asimismo necesitamos mejorar la imagen de la PNP al mismo tiempo que se eleva la calidad de sus oficiales. Al menos podemos empezar a costear el proceso de formación de los nuevos elementos que necesitamos aumentar en las calles o al menos promover un proceso formativo para la conversión de serenos en suboficiales PNP, al mismo tiempo que se diseña un método para mejorar y reforzar a quienes nos cuidan diariamente.
Necesitamos combatir y controlar la delincuencia de manera urgente. Esto requiere de estrategias efectivas o de lo contrario todos nos veremos forzados a llevar un arma en la mano. Si se necesita más policías armados en la calle, entonces debemos reducir los agentes de serenazgo y aumentar policías. Si bien los serenos actúan de buena voluntad, no pueden enfrentar/detener a un avezado delincuente sólo con sus manos. Si en el lugar de Luis Manrique (QDEP) hubiéramos tenido un agente de la PNP, en vez de tener la imagen de un valiente que se lanza sobre un delincuente y pierde la vida en el proceso, tendríamos a una dupla que simplemente sacaba sus armas para apuntarle pidiéndole que se detenga.