No toda crítica es pesimista, también existe la constructiva.
En días recientes el Diario EXPRESO dio la noticia de que el alcalde de Lima adquirirá 10,000 motocicletas para la Policía (cantidad reducida en 10,000 a las 20,000 prometidas en campaña). Es necesario opinar al respecto, ya que el alcalde de Lima es la segunda autoridad de elección popular más importante del país y sus acciones repercuten en la vida diaria de los ciudadanos.
Muchos argumentos rondan sobre que "al fin se está haciendo algo", deslindando de la Policía Nacional, lo cual es un error por cuanto el Perú cuenta con una sola Policía, que con sus aciertos y errores es siempre perfectible. La PNP sigue siendo el ente técnico en materia de seguridad ciudadana, a pesar de ya haber sido suficientemente golpeada políticamente al haberle quitado la facultad investigativa, al entregársele a la Fiscalía, a través del nuevo Código Procesal Penal; y también, al maniatársele para defenderse con sus armas y equipos frente al desborde de protestas radicales no exentas de infiltración terrorista. Sin embargo, sigue siendo el ente que mejor entiende la criminalidad.
Está bien que el alcalde se ocupe de apoyarla – a la PNP- y afronte la inseguridad, pero no lo es el que imponga un criterio técnico sobre infraestructura y equipamiento, lo cual desde ya compromete a todos los vecinos de Lima. Analicemos las razones técnicas:
En el Perú existen aproximadamente 134,000 policías. A diario están activos 67,000, debido al sistema 24 x 24 donde trabajan un día completo y descansan el siguiente.
De los 67,000 policías disponibles en un día cualquiera:
Siendo Lima la capital con un tercio de la población peruana es de suponer que reciba un tercio de los 20,100 policías disponibles para comisarías y patrullaje que pudiesen utilizar las motocicletas, demos un 20% adicional de margen y tendremos 8,000 policías disponibles.
Ello quiere decir que, aun subiendo a todos los policías disponibles en motos, con brevete específico y alta pericia (prescindiendo de policías en patrulleros o a pie para lo cual ya no se tendrían lo cual es imposible) sobrarían 5000 motos. Y estas estarían prácticamente estacionadas. Por lo que para reforzar la seguridad de respuesta rápida a zonas donde un auto no puede acceder basta entre 500 y 1000 motocicletas nuevas.
Sin embargo, se estarían arrendando 10,000 a un precio "base” 50 millones de soles (anuales) según declaraciones del alcalde. Buena parte de esos 50 millones de soles estarían, simplemente, estacionados. Ello equivale a una base de 200 millones de soles para los cuatro años de gestión y conociéndose que normalmente las adjudicaciones superan las bases.
Por otro lado, internacionalmente la proporción de patrulleros en una fuerza policial es no menos de 15 veces la cantidad de motocicletas y basta con viajar a cualquier ciudad extranjera y observarlo.
Adicionalmente:
Técnicamente, no vemos la razón del gasto de esa cantidad para uso policial. De ser una fracción de estas motocicletas para los serenos, no ayuda en mucho la presencia de un sereno desarmado y sin marco legal en operativos de respuesta rápida donde precisamente la probabilidad de encontrar un delincuente armado es lamentablemente muy alta.
El presente artículo llama la atención sobre una pretensión de esta naturaleza y su aspecto de crítica constructiva es el de alertar sobre un gasto de esta envergadura en un costo-beneficio del escaso nivel que se ha demostrado.
Es muy necesario apoyar al alcalde de Lima y sus iniciativas loables en temas de coyuntura, como también lo es señalar inconvenientes tan serios en lugar de solo reaccionar a la defensiva cuando se señalan y fundamentan temas técnicos de sentido común. La crítica constructiva pretende alertar para mejorar y no para entorpecer.