Los remanentes del régimen chotano nunca desaprovechan la oportunidad para alterar la realidad. Esta vez Pedro Castillo, como un personaje acostumbrado a la ficción, reapareció ante las cámaras para asegurar que el trono de Palacio de Gobierno sigue siendo suyo. Es decir, no solo volvió a desconocer a Dina Boluarte, su reemplazante en el gobierno, sino que en un ataque de conveniente amnesia olvidó que la prisión preventiva que viene cumpliendo en el penal de Barbadillo es por el golpe de Estado que ejecutó sin éxito el pasado 7 de diciembre y que además provocó una de las escaladas de violencias más peligrosas de los últimos años en Perú. Su anuncio lo hizo frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso, que es liderada por el congresista Héctor Ventura. El encuentro terminó de forma abrupta precisamente por esta intervención inopinada cuando lo que en realidad se esperaba era que el profesor chotano diera más información sobre la presunta red criminal que lideraba en el corazón del Ministerio de Vivienda.
Todo ocurrió este último miércoles 26 de abril. Después de rechazar varias veces a la comisión mencionada porque su objetivo era que la sesión sea presencial, el golpista aceptó presentarse vía virtual con su abogado Eduardo Pachas. El personaje que según sus aliados está con la salud física y emocional por los suelos salió en realidad en su versión más irreverente y, lejos de acatar las disposiciones del despacho a cargo de la audiencia, decidió tomar la conducción.
Héctor Ventura le pidió que jure decir la verdad durante la sesión, pero Castillo, tras un sospechoso silencio, dijo: “Señor presidente permítame expresar, a través de su espacio, mi profunda solidaridad con las familias de los fallecidos”. Esta primera parte, por supuesto, es una nueva referencia a los decesos que se produjeron durante las manifestaciones violencia que se dieron en su nombre. En su narrativa, las muertes fueron consecuencia de una represión contra los impolutos ciudadanos que se distribuyeron por distintos puntos del país —como Puno, Lima, Arequipa, etc.— para tomar aeropuertos, quemar sedes judiciales, bloquear carreteras, atacar a las fuerzas del orden hasta ultimarlos, sabotear los negocios de los que no participaban en sus protestas y más.
El líder de la Comisión de Fiscalización y también congresista de Fuerza Popular intentó retomar el control de la sesión, pero no pudo. Pedro Castillo seguía irreverente anteponiendo sus palabras. Y aquí fue donde llegó al clímax de su desconexión con la realidad.
“Sigo siendo el presidente constitucional del Perú”, exclamó.
La secuencia es clara aquí y en todo el mundo. Después del golpe de Estado fue vacado, detenido y encarcelado —prisión preventiva por 18 meses por los presuntos delitos de rebelión y conspiración—. Sin embargo, insiste en que el golpe fue contra su gobierno y que ahora hay una dictadura, guion que también tiene eco fuera de Barbadillo por obra y gracia de sus operadores-congresistas en el Parlamento, sobre todo de Perú Libre, y también por sus aliados ideológicos en la región latinoamericano: ahí tenemos a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Manuel López Obrador.
Casi al final, el profesor chotano volvió a exigir que la sesión sea presencial, en un intento por volver a recorrer las calles capitalinas que alguna vez enturbió: antes como sindicalista, luego como presidente y ahora como presidiario.
Tras un corte en la sesión, Ventura retornó y le recordó que ya no tiene las prerrogativas como cuando era el inquilino de la Casa de Pizarro. Pero Castillo insistía. El fujimorista le recordó el artículo 48 del Código de Ejecución Penal, que específica en qué condiciones los internos pueden salir. En casos de enfermedad grave, muertes de familiares cercanos, nacimiento de hijos, realizar gestiones personales de carácter extraordinario y más. Pero Castillo seguía irreverente. Como siempre.
Antes Castillo, inmunizado por su rol presidencial, podía apelar al silencio para aletargar las investigaciones en su contra. Ahora son pedidos sin asidero: no a la virtualidad, sí a la presencialidad. Como diría la también integrante de la Comisión de Fiscalización, Martha Moyano: "El que quiere declarar lo hace así sea de cabeza".