Una ojeada a un periódico cualquier día muestra el alarmante avance de la delincuencia en el Perú, consecuencia de la ausencia de políticas de seguridad eficaces durante los últimos gobiernos.
Por ejemplo, el diario “Correo” del viernes 28 informa:
- El lunes 24 apareció en cadáver del dentista Christian Quispe, asesinado de tres balazos después de haber sido secuestrado y torturado. Los malhechores exigían un rescate de cien mil soles a su familia y habían enviado un video de la víctima. La Policía Nacional capturó un sospechoso que había estado siguiendo al odontólogo, un venezolano que pertenece a la banda “Tren de Aragua”.
- El dueño de una librería en Villa El Salvador, Jesús Percy Chachi, fue asesinado a balazos por dos sicarios porque se negó a pagar los cupos que le exigían los extorsionadores.
- En Junín, cayó un ex militar colombiano, Roldán Mendoza, cuando iba a cobrar a una extorsión. Tenía una granada de mano en el bolsillo.
- El Piura cayóel director regional del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Faustino Pingo, el director del penal de Río Seco, Segundo Montalván y otros varios funcionarios que proporcionaban celulares a los presos que, desde la cárcel se dedicaban a la extorsión, planificaban asaltos y traficaban drogas.
- Dos adolescentes peruanas de 15 y 16 años fueron halladas en Ecuador luego de ser secuestradas por una red de trata de personas en Sullana.
Esa es solo una pequeña muestra de lo que viene sucediendo cotidianamente en el Perú.
Uno de los delitos que prácticamente había sido erradicado en el país, desde fines de la década de 1990, es el secuestro. Se logró gracias a una muy exitosa política de investigación criminal de la PNP que capturaba y desarticulaba a las bandas de secuestradores. Varios de los relativamente pocos casos en las décadas de 2000 y 2010 fueron resueltos por la policía que arrestaba a los delincuentes. Ahora está empezando a crecer nuevamente. Si no se le frena en seco, los criminales verán que es un negocio lucrativo, con poco riesgo y se generalizará.
La extorsión es un delito que empezó a desarrollarse masivamente en construcción civil, debido a la recuperación económica y la pasividad de las autoridades, aproximadamente desde el 2008, junto con el sicariato. Tampoco esas modalidades delictivas fueron detenidas a tiempo y hoy día se han extendido a toda la sociedad. Hasta los negocios más pequeños se ven sometidos a esa forma de expolio y las consecuencias de la resistencia pueden ser fatales.
La inseguridad está, desde hace bastante tiempo, entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos. Y entre las últimas de los políticos y los gobernantes, pero también –paradójicamente- de los electores. En el 2021, fue evidente que la dupla Pedro Castillo-Dina Boluarte no tenía la menor idea de cómo combatir la delincuencia. No obstante, muchos peruanos votaron por ellos. ¿Qué esperaban, entonces?
En el corrupto y desastroso gobierno de Castillo, el Ministerio del Interior y la PNP fueron un botín que se repartía entre la varias bandas delincuenciales que compartían el poder y eran usados para proteger a los facinerosos que ocupaban Palacio y sus cómplices.
Hoy día no se llega a esos extremos, pero las cosas no han mejorado mucho. El Gobierno no hace nada para combatir la delincuencia –salvo una que otra insustancial acción propagandística-, y la situación se deteriora cada día que pasa.
Lo que se debe y puede hacer es claro. Pero no hay decisión política para realizarlo.