El asesinato de un sereno en el Callao y el ataque de un delincuente a otro sereno en Surco ha reavivado el debate suscitado por la reciente aprobación en el Congreso que permite usar “armas no letales” a los cuerpos de serenazgo. De inmediato han proliferado los pedidos para armar a esas organizaciones.
En un artículo anterior he argumentado por qué los serenazgos no deben convertirse en policías municipales ni poseer “armas no letales”. (“Dos mil cuerpos policiales”, 2/4/23, https://elreporte.pe/2023/04/02/dos-mil-cuerpos-policiales-por-fernando-rospigliosi).
En el caso específico del sereno baleado por un malhechor, presuntamente venezolano, el alcalde de Surco ha amenazado con disolver el serenazgo de ese distrito si el Gobierno no promulga la ley. Es posible que ese punto de vista sea muy popular. Pero eso no lo hace cierto.
¿De qué hubiera servido que los serenos tuvieran un spray de gas pimienta en esa circunstancia? ¿O un bastón tonfa? Frente a un arma de fuego esas “armas no letales” no son de mucha ayuda, salvo en circunstancias excepcionales, usadas por individuos con mucha preparación y frente a delincuentes inexpertos. Lo cual no ha sido el caso.
El otro reclamo, leyes más duras, es también la típica respuesta de personas que no conocen el tema y que, por desesperación, lanzan llamados de auxilio. En general, las leyes en el Perú son durísimas. El problema reside en que la proporción de delincuentes que es atrapada por la policía es mínima. Y de esos, los que son acusados por los fiscales y luego sentenciados por los jueces son una pequeña minoría. Aquí el Congreso sí podría ayudar, aprobando alguno de los proyectos que duermen desde hace varios años, para retornar a la Policía la investigación preliminar como era antes.
La solución no está en más leyes duras sino en algo tan sencillo y difícil de hacer en el Perú como atrapar a los delincuentes y sentenciarlos.
Los alcaldes reaccionan como el de Surco porque la gente les demanda a ellos soluciones inmediatas, en lugar de exigírselas al Gobierno, que es el responsable de la seguridad ciudadana. Y que no actúa por incompetencia.
La única manera de resolver la inseguridad es que el Gobierno dote a la Policía Nacional de lo indispensable para enfrentar la ola delincuencial cada vez más violenta: patrulleros, comunicaciones, mejor preparación y entrenamiento, etc.
Y, sobre todo, respaldo político. Lo ocurrido en las asonadas de los últimos meses, el Gobierno enviando a los policías desarmados a enfrentar turbas violentas o prohibiendo a los militares usar sus armas, también se replica cuando un efectivo policial abate a un delincuente. No lo apoyan, lo dejan caer, su carrera se arruina o, a veces, termina procesado y encarcelado.
Esos son los problemas que impiden combatir con eficacia la delincuencia. Los políticos no ayudan. En el Congreso aprueban leyes populistas —como la de “armas no letales” a serenos—, y en los municipios pidiendo mayores competencias al serenazgo, en lugar de presionar al único que puede hacer algo, el Gobierno.
Gobierno que evade sus responsabilidades con cortinas de humo como el reciente megaoperativo en una universidad clausurada, con cientos de policías y fiscales y miles de horas de trabajo, que no mejorará en nada la seguridad de los ciudadanos asaltados, extorsionados y asesinados.
La delincuencia es cada día más violenta en el Perú —hecho que no se aquilata como es debido—, en parte por la masiva entrada de malhechores venezolanos. Si esto no se frena ahora con energía y firmeza, seguirá creciendo descontroladamente.