El historial inmediato de Martín Vizcarra tiene un peso casi premonitorio: podría ser en algún momento el cuarto inquilino del penal de Barbadillo. La Fiscalía y el Congreso tienen al ex presidente (2018-2020) en el radar por distintos casos. Uno de estos es el denominado “Club de la Construcción”, donde se le acusa de haber recibido coimas de ICCGSA y Obrainsa para redireccionar dos licitaciones: el mejoramiento del hospital regional de Moquegua y el desarrollo del proyecto de Lomas de Ilo, respectivamente. A esto se suma la investigación en su contra por el caso “Vacunagate”: es decir por las irregularidades —como el haber recibido en secreto la vacuna Sinopharm—durante su gestión como presidente en plena pandemia del coronavirus. Y otro frente, que avanza a cuentagotas, es en el que está implicado “Richard Swing”, personaje de relación aún no definida con el Lagarto que consiguió sospechosamente varios contratos con el Ministerio de Cultura. Abajo una historia mínima de esta encrucijada que podría acabar con la carrera política del que ahora trata de resucitar con un partido al que paradójicamente llamó “Perú primero”.
Club de la construcción
Varios años antes de llegar al sillón de Pizarro, Martín Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua. Esto fue en el periodo 2011-2014. Los entresijos de esta gestión hubieran pasado desapercibidos si no fuera por la data que brindaron a la Fiscalía los colabores eficaces N° 10-2018 y N° 1-2019. Ambos indicaron que el ahora conocido como “Lagarto” había concertado movidas irregulares. En este caso, con las empresas ICCGSA y Obrainsa para que ambas le paguen montos millonarios a cambio de darles la buena pro para que esten a cargo de dos licitaciones: el desarrollo del proyecto Lomas de Ilo y el mejoramiento del hospital de Moquegua, respectivamente.
La investigación preliminar se abrió el 16 de octubre del 2020. Además del futuro presidente, se incluyó a Elard Tejeda Moscoso (ex gerente general de Obrainsa), Fernando Castillo Dibós (ex directivo de ICCGSA), y Rafael Granados Cueto (ex gerente comercial de ICCSA).
Tras más de dos años, Vizcarra llegó a acumular seis delitos imputados: colusión agravada, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, usurpación de función pública y asociación ilícita para delinquir. Sin embargo, en diciembre de 2022, el fiscal Germán Juárez Atoche, quien está a cargo del caso, formuló una acusación en su contra solo por un delito: el de cohecho pasivo propio. Pidió además al Poder Judicial que lo sentencien a 15 años de cárcel.
Vacunagate
Lejos del conveniente perfil servicial que exhibió durante la pandemia de la COVID-19, Martín Vizcarra habría sido en realidad un siniestro personaje que era capaz de sacar ventaja de su cargo presidencial para usar vacunas que le correspondían a otras personas.
La ruta es la siguiente. De acuerdo a la información recabada por el Ministerio Público, el doctor Germán Málaga Rodríguez, investigador principal del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 en el Perú, recibió una llamada el 30 de setiembre de 2020 de Alba Hilares Baca, diplomática destacada a la Secretaría General de la Presidencia. Le dijo que iría con Martín Vizcarra a Palacio el día siguiente. La cita se materializó y fue ahí donde el entonces mandatario lo obligó a inocularlo, las dos veces correspondientes en fechas distintas, a él, a su esposa Maribel Díaz Cabello y a su hermano César Vizcarra. Posteriormente, hizo lo mismo Pilar Mazzetti, quien fue ministra de Salud del Lagarto y consecutivamente de Francisco Sagasti, presidente interino tras la vacancia de Vizcarra en noviembre de 2020. En el caso de la ex funcionaria se corrompió al doctor Héctor García Lescano, integrante del grupo de Málaga.
Además de sacar ventaja de su puesto y de exponer su mitomanía rechazando lo que las pruebas evidenciaban (incluso pasó de la negación a la narrativa de que fue un valeroso voluntario). También es lamentablemente recordado por haber dejado sumido al Perú en un alto índice de infectados y decesos en el mundo; sin pruebas moleculares; con un pésimo manejo de la economía, y más.
Ahora por este caso, la fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides lo denunció constitucionalmente. A Vizcarra y Mazzeti en un solo paquete. A ambos por el delito de concusión. La tesis es que recibió vacunas que debieron ser “única y exclusivamente para inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico” del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
Richard Swing
El caso Richard Swing salió a la luz con un destape de Magaly Medina en su programa de espectáculos: mostró que un personaje llamado Ricardo Cisneros y apodado como Richard Swing había sido contratado con el Ministerio de Cultura para brindar supuestamente “coaching” a los trabajadores de dicha entidad. Lo más sorprendente fue las altas sumas de dinero que desembolsó el Estado peruano para su contrato. Por nueve charlas motivacionales y de coaching iba a recibir S/ 33.000. Previamente el Ministerio de Cultura había desembolsado S/ 155.400 por sus servicios, según reveló la Contraloría. Todo ello a pesar de que el extravagante personaje no contaba con ningún tipo de experiencia previa trabajando en el Ministerio de Cultura ni con el perfil necesario para cubrir ese puesto. Posteriormente se hicieron virales audios en los cuales el presidente Martín Vizcarra reconocía que se había reunido con Richard Swing “un par de veces”.
Después el Ministerio Público concluyó la investigación del caso “Richard Swing” y denunció penalmente a 19 personas. Asimismo, en el 2021 se pidió 6 años de prisión para el “cantante”. Por su parte la Fiscalía solicitó 13 años para Mirian Morales, quien era la secretaria general de la presidencia durante el mandato de Vizcarra y ella fue señalada como una de las responsables de la contratación de “Swing”. Sin embargo, hasta la actualidad no hay condena aún ni para Swing ni para Morales. El caso se encuentra en “stand-by”.
A Martín Vizcarra se le fue acorralando conforme los casos fueron ganando contundencia. Primero fue vacado de la presidencia en noviembre de 2020. Luego, lo inhabilitaron dos veces para que no pueda ejercer ningún cargo público. Primero en abril de 2021 por el caso Vacunagate y por un plazo de 10 años (Esto evitó que pueda acceder a una curul en el Congreso) y luego por el caso el Club de la Construcción por un plazo de 5 años. Su situación se agravó con la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación. Todos los augurios apuntan a que el Lagarto será vecino del Chino y del Profesor en el penal de Barbadillo.