El gobierno de Dina Boluarte apostará por una medida drástica para bajarle el volumen al desborde de ciudadanos venezolanos indocumentados en nuestro país: la expulsión inmediata. De acuerdo al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, esto se aplicará contra los 400 mil extranjeros ilegales, todos oriundos del país vecino que dirige el dictador Nicolás Maduro, en Perú. El objetivo no es solo imponer la Ley, sino también tratar de mitigar una de las consecuencias colaterales más notorias de este desorden social: la proclividad al crimen. En los últimos meses fueron de menos a más los casos donde están vinculados: han acribillado a las fuerzas del orden hasta provocarles la muerte, han ultimado a sus parejas a vista de los peatones, también extorsionan a grandes y pequeños empresarios. Todo es parte de un larguísimo inventario de hechos que tienen a la ciudadanía en la incertidumbre.
El premier habló sobre la licencia que les ha dado a los extranjeros que sí vinieron por un mejor futuro para que puedan inscribirse. Al resto, sin embargo, aseguró que les espera la salida en el corto plazo de nuestro país. “A los buenos venezolanos, que trabajan honradamente, se les ha dado esta amnistía para que regularicen. Tienen que acercarse a control migratorio y se les regulariza. Se les está dando seis meses a los ilegales para que se registren, y si no se registran los vamos a sacar del país. Han ingresado ilegalmente a nuestro territorio y no vamos a permitir que sigan ingresando. Tenemos que cuidar la vida y la seguridad de los peruanos, y también la de los venezolanos buenos, que son la gran mayoría”, agregó.
“Lo tenemos que hacer, tenemos la obligación de cuidar la seguridad y vida de los peruanos. Estamos con toda la logística, esperemos que se inscriban (entreguen sus documentos) en la Policía, Migraciones y todas las oficinas del Estado, los que no lo hagan se irán del país porque no podemos permitir que vengan a delinquir y cometan crímenes atroces contra los ciudadanos”, manifestó. “Mientras tanto hemos tomado acción (en la frontera), no va a entrar ningún solo extranjero ilegal al país”, agregó el presidente del Consejo de Ministros.
Por otro lado, el premier Alberto Otárola señaló que hay 1 millón y medio de venezolanos en nuestro país y que de esta cifra 400 mil serían los ilegales. Se pudo dar con este número con el apoyo estadístico de Migraciones.
Días atrás, la presidente Dina Boluarte también había manifestado la relación que había entre el desborde migratorio y la delincuencia.
“Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de la migración”, dijo la mandataria. “Han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que lamentablemente están cometiendo estos actos”, dijo Boluarte en una rueda de prensa para además subrayar: “Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”.
Esta situación llegó al límite. No solo por lo que pasa en Perú sino también en toda la región. El éxodo provocado por la dictadura de Maduro está provocando cierta inestabilidad en los países vecinos. Uno de estos casos es Chile, país con el que ahora podríamos entrar en conflicto tras conocerse que estaban ayudando a algunos indocumentados a nuestro país. El gobierno debe actuar con premura. La expulsión no se puede aplazar más.