La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reactivó una turbulencia superada. De acuerdo a su balanza, la violencia pos-golpe de Pedro Castillo vino de las fuerzas del orden —Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional del Perú (PNP)— y no de los manifestantes. Aseguran que este último frente, distribuido en distintas partes del país y que tenía en sus filas a remanentes terroristas como Rocío Leandro Melgar, la Camarada Cusi, fue pacífico y no incendiario, fue espontáneo y no coordinado. Este peligroso prisma coincide con su versión posterior sobre el quiebre constitucional del profesor chotano al que no llama como tal y también con su denominación sobre la guerra contra el terrorismo: “conflicto armado interno”. El informe, de fuerte sesgo, también despierta el escepticismo general por haberse sintetizado en 113 páginas los 48 días de caos cuando solo visitaron al país 3 días: del 11 al 13 de enero del 2023.
Las marcas del pasado
Desde hace un buen rato, hay una crisis en Perú por el papel de la comisión mencionada. No por su fin, que es la defensa de los derechos humanos, sino por su trabajo ambivalente, a menudo atornillado hacia la izquierda. Esto ha venido siendo expuesto en sus conclusiones, en su momento, sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales en el Operativo Chavín de Huántar o cuando anunciaron que supuestamente varios terroristas en Perú, como Lori Berenson, no habían tenido un juicio justo. La historia se volvió a repetir.
La violencia calculada
La secuencia del 7 de diciembre del 2022 es inmodificable. Pedro Castillo cometió un fallido golpe de Estado, el Congreso posteriormente lo vacó, los agentes del orden lo capturaron por la flagrancia y la justicia lo encerró. El profesor chotano, sin embargo, ya había sembrado la semilla de la violencia, razón por la que inmediatamente surgió una maquinaria insurgente, sobre todo en Puno.
Destruyeron y quemaron sedes judiciales y policiales, tomaron por asalto varios aeropuertos, secuestraron y atacaron a las fuerzas del orden hasta provocarles la muerte, bloquearon carreteras e impidieron el acceso a alimentos y combustible, ingresaron a infraestructura privada para saquear o romper todo a su paso, obligaron violentamente a manifestarse con ellos a personas que no querían, y un largo etcétera.
La mirada de la CIDH, sin embargo, apuntó hacia el frente encargado de restablecer el orden interno. “La Comisión también condena enérgicamente el uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano”. Esta versión, englobada bajo la acusación de “ejecuciones extrajudiciales”, las ciñe a lo sucedido en Ayacucho (donde la PNP capturó posteriormente a la Camarada Cusi y su séquito) y en Juliaca (donde una turba golpeó, disparó y quemó al suboficial de tercera José Luis Soncco).
Más contradicciones
Con un tufillo a aprobación, la CIDH señaló que las protestas fueron motivadas por la urgencia de un adelanto de elecciones —en un escenario sin movimientos políticos fuertes y sin líderes a la altura de la crisis— y la asamblea constituyente —un eco fuerte a favor de la izquierda: la light y la radical—. Sin embargo, olvidaron los múltiples pedidos de liberación-reposición del golpista Pedro Castillo.
Asimismo, esta comisión no incluyó la injerencia de remanentes de Sendero Luminoso, de organizaciones criminales como la minería ilegal y del mismísimo Evo Morales, quien incluso impulsaba ideas secesionistas en el sur del Perú, a tal punto que calaron en regiones como Puno y Arequipa.
Voces autorizadas
Uno de los mensajes más claros lo dio el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.
"Este es un informe que debemos lamentar, no solamente como ciudadanos peruanos y como país, sino como ciudadanos que pertenecemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (...) Este es un informe sesgado, parcializado, que magnifica algunas cosas y minimiza otras, dice medias verdades", señaló en el programa de Milagros Leiva.
También habló la fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides. Aseguró que respetan los “derechos humanos”, razón por la que seguirán trabajando con “las recomendaciones dadas por la CIDH”.
En una época marcada por el oscurantismo izquierdista donde todos son malos menos ellos, es menester escudriñar con pinzas este informe. El gobierno de Boluarte debe aceptar por cortesía el material de la CIDH, pero debe inteligentemente dejarle claro que no es un oráculo y que nuestros problemas los resolvemos en casa.