“Distribución solidaria” o “democratización de los recursos” son a menudo los eslóganes popularmente usados por la izquierda cuando tratan de maquillar el robo y la estatización de la propiedad ajena. Nuestro vecino andino, Bolivia, está en la recta final de renacionalizar el sistema privado de pensiones. Esta medida tomara los casi 24.000 millones de dólares de ahorros para la jubilación, actualmente administrados por empresas privadas, para pasar a ser gestionada por el gobierno, mediante un fondo público, en donde se supone que los aportantes jóvenes van a garantizar las pensiones de los jubilados.
Sin embargo, este proceso contiene un fuerte problema de cálculo. Cada día las sociedades (Bolivia no es la excepción) tienen menor cantidad de jóvenes, puesto que bajan las tasas de natalidad, y contrariamente incrementa la esperanza de vida imposibilitando el sistema de reparto de pensiones.
Además, tendríamos que sumar el enorme déficit fiscal que el gobierno atraviesa desde hace varios años consecuencia de los bonos, subsidios a los combustibles, políticas de control de precios y despilfarros burocráticos -acompañados de casos de corrupción- por lo que no solo cada día es más difícil generar atracción de inversionistas, sino que el propio gobierno se endeuda.
Precisamente es esto último lo que ha llevado al Estado boliviano a tener una liquidez bajísima de dólares, por lo que nacionalizar los fondos privados es una buena idea para el mantenimiento de los gastos de la política socialista del MAS, en vez de precisamente sostener ellos el peso de la contracción y no extender lo inevitable: el estallido de la burbuja.
No obstante, este asunto no debería extrañarnos, dado que normalmente cuando un gobierno socialista se encuentra en bancarrota y tiene el valor de su moneda por los suelos, suelen incrementar aún más los mecanismos de sustracción de capital privado, en lugar de precisamente incentivar el trabajo reduciendo impuestos y, consecuentemente, el gasto público. La resistencia de los políticos a estas últimas propuestas mencionadas pasa únicamente porque sus beneficios en los cargos públicos se verían notablemente afectados. En otras palabras, su billetera.
Un error conocido
A manera de recuento histórico, se puede trazar cierto paralelismo entre las próximas medidas del gobierno boliviano con las de nuestro exdictador, Juan Velasco Alvarado, respecto al sistema de pensiones. Durante el periodo Velasquista, se estableció, en 1973, el Sistema Nación de Pensiones (SNP) de carácter público y único, lo que implicó la centralización total de los fondos.
Dicho sistema contaba con ciertas características puntuales, como la redistribución de los fondos entre los no afiliados, el aumento de los montos de las pensiones a la par de beneficios adicionales para los afiliados y la nacionalización de las entidades privadas de administración de fondos que seguían vigentes en el país.
Desafortunadamente para el militarismo estas medidas desataron enormes resultados negativos que terminaron con reventar el sistema haciéndolo insolvente. Entre las consecuencias se encuentran el desfinanciamiento del propio sistema al entrar en un proceso de impagos, reducción de los montos previamente establecidos derivados del déficit del propio sistema, descapitalización de los fondos producto de la ineficiencia de la gestión pública y el derroche de capital al cubrir los gastos del gobierno, desincentivos a la inversión privada dada la imposibilidad de fondos no públicos y la constante reducción del ahorro.
Por consiguiente, todo este clima económico, terminó en una enorme insatisfacción hacia el sistema mismo, poca credibilidad política e incertidumbre por el futuro. En otras palabras, fue un plan que dinamitó los ahorros de las personas y produjo el paro de muchas actividades económicas.
Si bien en esta ocasión he traído el caso peruano del velasquismo, tan querido por la izquierda nacional, también se puede hablar de resultados similares con Argentina en el 2007 o con los actuales sucesos en Europa, puntualmente el caso francés, donde las proyecciones de los fondos son cada vez menores y se están gestando endeudamientos internos.
Por ello, es importante recalcar que a donde se dirige el gobierno de Luis Arce, comandado por el narco comunista Evo Morales, no es algo impredecible sino por el contrario un suceso que continuamente fracasó y siempre con mayor fuerza en países donde abunda la informalidad, se respira corrupción y se abraza la deuda.
Me parece inevitable que el gobierno pueda seguir con la mentira del “milagro boliviano”, repetido innumerables veces por toda la izquierda latinoamericana, antes que les estalle a los políticos toda la burbuja cargada de hace más de una década a punta de populismo.