Ante tantas quejas y comentarios con relación a las demoras e ineficiencia de los fiscales que investigan el caso Ecoteva, me quedé reflexionando sobre los tiempos/plazos de duración de dicho proceso judicial, y me vino a la memoria cómo es que en casos más simples existen demoras similares o peores que mantienen en vilo a los abogados y sus clientes; pues nuestras Cortes de Justicia tienden a extender la duración de los casos que administran en proporciones inimaginables, tan extensas que resultan ofensivas, lesivas o incluso inoperantes.
En efecto, si dejamos a un lado nuestras diferencias y preferencias políticas, podemos percatarnos de que un caso como "Lavajato" ha durado más de 5 años, comenzando en los años 2015/2016, con supuestos grandes indicios de los actos involucrados y sus participantes. Sin embargo, hasta la fecha las "estrellas" Vela Barba, Pérez Gómez y Carhuancho no han logrado que alguno de los principales personajes sometidos al juicio correspondiente permanezca encarcelado. Esto no sorprende demasiado a nuestra sociedad. ¿Será que en este caso el show mediático es más grande que las pruebas?
Basado en mis experiencias personales, tengo la impresión de que muchos de los problemas podrían originarse por los abusos cometidos por algunos miembros del famoso Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, quienes parecen ser muy lentos en la gestión de procedimientos burocráticos de mediana o baja complejidad. Muchos de estos procedimientos podrían resolverse probablemente mediante la implementación de sistemas de inteligencia artificial. ¿Alguien puede explicarme cómo es posible que los abogados puedan ver las resoluciones en el sistema, pero el mismo documento se demore dos meses en entregarse en la casilla correspondiente para que surta efecto en las partes mediante notificación electrónica?
Pero no nos detengamos allí, porque en realidad las demoras que enfrentan las partes de un proceso judicial hasta obtener una sentencia de primera instancia convierten al sistema judicial del Perú en un sinsentido de tal magnitud que probablemente para muchos se justifique tomar la justicia por sus propias manos, ya que de otra manera no se obtendrá justicia de ninguna clase. Solo imaginar que un juicio sobre adecuación de pensiones o indemnizaciones podría llevar una parte importante del tiempo de vida de los beneficiarios de las sentencias debería ponernos los pelos de punta. Sin embargo, los peruanos asumimos este trastorno como algo habitual.
Desde pequeños se nos enseña que "la Justicia es un valor", y sin tener la menor duda de que es así, hay que reconocer que cuando existe una excesiva demora en su administración, ya no podemos considerarla como tal, ya que se pierde la dignidad junto con el interés en obtenerla para los administrados. Estos, al ver que sus procesos no avanzan, terminan decepcionados del sistema o incluso pensando que los servicios de sus abogados no son lo suficientemente buenos. Peor aún, se genera un sentimiento de descontento que nos lleva a pensar que existe una mafia a la cual hay que complacer para obtener una sentencia pronta o favorable. Si a eso le sumamos los audios de un caso como el del juez Hinostroza, donde se coordinan acciones para acelerar un caso personal del vocal San Martín, se justifica cualquier malentendido y mala fama de nuestros operadores de justicia.
Como bien decía Séneca, "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", y nada tiene una apariencia mayor de corrupción que un sistema en el que ningún proceso parece avanzar a menos que se realicen gestiones "no formales" o "paralelas" para que se desarrollen dentro de plazos medianamente razonables.
Evidentemente, esta sensación debe acabar; sin embargo, ninguno de los actores de nuestra política actual se ha planteado formular una reforma para convertir a dicho Poder del Estado en un ente eficiente. Esto se debe a que, amparado en su propia independencia, el Poder Judicial siempre se las arregla para que los miembros de nuestro sistema político no puedan plantear alguna solución y poner fin a la negligencia a la que se someten las partes cada vez que inician o se inicia un proceso en su contra. Cualquier reestructuración que se proponga para mejorar la gestión del sistema judicial seguramente será vista por los miembros de la Corte como una intromisión de los representantes de cualquiera de los otros poderes del Estado.