España está afrontando una situación complicada en relación con el fenómeno contemporáneo de los famosos Okupas. Estos últimos, para quien no está muy al tanto, son personas de bajos recursos que se apropian de forma completamente ilegal de viviendas sin uso, inmuebles que a primera impresión podrían parecer abandonados, pero que naturalmente poseen un propietario y una legislación atrás de este que lo avala como tal.
Sin embargo, la política se ha inmiscuido cada día con mas ímpetu, de forma tal, que ahora la actual Ley de vivienda aprobada por el PSOE bajo las enmiendas de UNIDOS PODEMOS (ambos pertenecientes al sector izquierdista del país), hacen que el propietario comience a perder ciertos derechos sobre su legítima propiedad, dándole al usurpador del inmueble beneficios frente al usurpado.
Entre los nuevos parámetros que han de cumplirse para que el propietario pueda mover al ocupante de su inmueble, se encuentra el certificar si uno es o no un gran tenedor; es decir, hacerle saber al Estado si se tiene una o más propiedades bajo el mismo nombre. En segundo lugar, registrar si el ocupante usa la propiedad ajena como su primera vivienda. Además, se tendrá que informar si el usurpador del espacio es una persona económicamente vulnerable, tajantemente la ley expresa que si los gastos son mayores en un 30% a los ingresos del ocupante este podría gozar de mayores plazos e incluso, cabría la posibilidad, dada la ambigüedad, que obtenga la tenencia del inmueble que jamás pago.
Por si fuera poco, esta ley también solicita que el dueño del inmueble tenga que avisar la fecha en donde se efectuará el desalojo, en caso se logre dar la aprobación de retirar a los ocupantes. Este último fragmento de la ley es inquietante y tiene una consecuencia muy grave, pues al fijar un día exacto, se está dando la posibilidad de que los usurpadores de la propiedad puedan generar disturbios, movilizaciones o sencillamente pararse delante de la puerta impidiendo o dificultando aún más su retiro, algo que ya está ocurriendo incluso antes de la manifestación de esta ley.
Entristece aún más que en los canales nacionales, esos que todos los españoles pagan, aunque nunca los sintonicen, se esté minimizando el problema y tratando de alarmistas a quienes desde otros frentes como Vox o el PP, rechazan fuertemente esta nueva reglamentación.
Javier Ruiz, en televisión nacional, presentó la cantidad de viviendas usurpadas contra la cantidad de viviendas totales en España, añadiendo que dicha cifra de 0,07% en relación al total, era “casi nada”, caricaturizando el dato a través de una suerte de narrativa a la hora de presentar los números. Ahora, lo que no mencionan en los canales estatales es que dicha cifra de 0,07% del total de viviendas, constituye la denuncia de dos ocupaciones por cada hora en España.
Los datos siempre pueden ser muy ilustrativos, solo si se tratan con el correcto enfoque y no se someten a maquillajes ideológicos.
Crimen de lesa humanidad
Hace siglos que el mundo entendió que la propiedad privada constituye uno de los derechos fundamentales para toda sociedad, por lo que me resulta increíble que un país que se pretende parte del “primer mundo” ponga en extrema relatividad estos mismos. ¿Qué importancia tiene que uno tenga mucho dinero o que el ladrón este en una situación de escasez económica?, ¿acaso el robo deja de serlo dependiendo de las circunstancias del ladrón? ¿El rico debe gozar de menos derechos únicamente por tener más dinero?
De acuerdo a los estatutos internacionales de lo que configura un crimen de lesa humanidad se encuentra el deterioro físico y mental que produce fuertes consecuencias negativas a la vida.Es precisamente bajo esta visión del derecho internacional que Ricardo Manuel Rojas, intelectual y jurista argentino, expresa en su libro “Supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad” que la confiscación y usurpación de la propiedad trae consigo enormes repercusiones en la calidad de vida de las personas, evaluando el caso venezolano donde la casi anulación de la propiedad privada ha generado hambrunas, enfermedades y muertes.
Tomando el paradigma de Rojas, ¿acaso lo que sucede en España no podría ser considerado también, al menos en una primera etapa, un crimen de lesa humanidad? ¿Pues qué libertad puede existir sin la existencia de la disposición del producto de su acción o qué vida podría ser dichosa de vivirse si no se puede disponer de aquello que se logró con el uso de esta?
Los manotazos marxistas vuelven a tocar una vez más a Europa, pues en el continente donde la libertad de expresión cada día esta más disminuida y a las familias se les aparta continuamente más de la educación de sus hijos, no podría faltar esa vieja tendencia del socialismo a despojarnos del fruto de nuestro esfuerzo.
Llegarán entonces las banderas altruistas comandadas por esa infatigable izquierda, las que impondrán nuevamente al colectivo por encima del núcleo central de toda agrupación perteneciente al tejido social: el individuo.
En palabras de la filósofa objetivista, Ayn Rand: “El derecho a la propiedad no es una garantía de que un hombre gane alguna propiedad, sino solo una garantía de que siempre la poseerá si la gana”.