Vistas las acusaciones penales de tantos personajes de la esfera política peruana, me vino a la memora la pregunta: “¿Tan difícil es caminar derecho?” de la tristemente célebre Nadine Heredia, cuando en 2011 cuestionaba al entonces vicepresidente/congresista Omar Chehade, frente a graves acusaciones por tráfico de influencias.
Y es que, uno ya no se sorprende cuando congresistas, ministros, alcaldes o gobernadores regionales, están vinculados en casos de corrupción; o involucrados en cuestionables acuerdos para el intercambio de “favores” en los que prácticamente venden su alma al diablo, mientras hipotecan los intereses de la población (como ha pasado con la elección del defensor del Pueblo); en pro de la obtención de beneficios políticos personales. Pero nos quejamos y señalamos con el dedo acusador cuando se hace público un acto de corrupción, sin evaluar si no se trata de otro corrupto que intenta aprovechar el primer evento como una cortina de humo, o si acaso sólo quiere catapultarse un poco con la tormenta que se viene armando.
Hoy tenemos una Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nació en mérito a la “iniciativa” de un impresentable como Martín Vizcarra, quien aprovechando una crisis de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, presentó una iniciativa de Reforma Constitucional —aprobada por el Congreso—; en la que la población relegaba a unos pocos las facultades otorgadas a los representantes de los colegios profesionales para el nombramiento y fiscalización de los Jueces y Fiscales. En aquella oportunidad, el Lagarto tuvo el descaro de salir a indicar a la población cómo debía votar en un referéndum según sus conveniencias personales, y casi nadie dijo nada.
Pero cuando la JNJ sale a tomar posición para defender con nombre propio a Zoraida Ávalos frente a las facultades inherentes del Congreso, en sospechoso alineamiento con la caviarpolitik, de pronto existe un abuso de las facultades del Parlamento vinculado con las últimas actuaciones irracionales, posibles actos de corrupción y/o conflictos de intereses.
Cuando se ven los actos de corrupción, nuestra sociedad —y sobre todo los medios— tienden a culpar directamente a las instituciones y no a las personas que laboran en ellas; es decir, cuando se ven actos de corrupción en algunos agentes de la PNP sale con el dedo acusador a señalar a toda la institución como un ente corrupto, lo mismo pasa con el Poder Judicial, el Congreso, la Presidencia de la República o cualquier otro órgano de gobierno. Y si bien no podemos negar que puede haber mafias que se enquistan en las entidades y sus órganos de gobierno; echar más leña al fuego sólo fomenta marchas irracionales.
Así también, debemos entender que ninguna institución o sistema en general, podrá defenderse de la corrupción si es copada por delincuentes u oportunistas.
En más de una columna he mencionado la importancia de recuperar los valores de nuestra sociedad, nuestros políticos, la PNP y nuestras autoridades en general, y nunca está demás volver a recordar que para “caminar derecho” debemos no solo infundir en las nuevas generaciones mínimos valores de corrección; entre los cuales principalmente deberíamos destacar sin orden de prelación; la humildad, honestidad y el respeto; también tenemos que enseñar a votar y elegir entre quiénes esten más perfilados con la corrección y mas alejados con las prebendas o negociados desleales.
Ser correcto no debería ser tomado como una buena acción, sino como un deber, por ello tenemos que poner en duda a quienes se autoproclamen abanderados de la decencia. Bastante hemos tenido ya con 2 cínicos como Vizcarra o Castillo, los encubrimientos de Sagasti o los chantajes el fiscal Domingo Pérez, quienes si acaso pasan a la historia lo harán como ídolos de barro.