En la región de Puno se anunció el denominado “paro seco”, el cual servirá como inicio de la tercera toma de Lima por parte de los manifestantes. Sin ideas claras ni disposición al diálogo, los pobladores siguen perjudicando a quienes menos tienen. Los saqueos y la violencia que se desatará las siguientes semanas dejarán múltiples consecuencias negativas a la sociedad peruana. Supuestamente, se pide la renuncia de Dina Boluarte, presidente del Perú. Aunque los motivos para que esto suceda no los saben ni siquiera quienes están organizando esta manifestación, quienes en última instancia únicamente damnifican a sus compatriotas.
En primer lugar, se ven afectados los ciudadanos de la región. Ellos no solamente detienen sus actividades laborales, sino que se ven expuestos a la barbarie en la que se convierte su ciudad. Paralizar el trabajo hace que quienes viven del día a día no puedan llevar el alimento a sus hogares. Si ya es difícil vivir así, imaginen cómo sería con miles de protestantes causando daños materiales. El comercio y el turismo volverán a sufrir los estragos de las protestas y no se recuperarán en un mediano plazo. No nos olvidemos lo que sucedió hace unos meses en Cusco.
Después, se encuentra el mismo Estado y quienes reciben los servicios públicos. Paralizar la actividad económica significa una menor generación de ingresos y, por lo tanto, una menor recaudación tributaria. Si bien el Estado históricamente nunca fue un buen gestor y los fondos se iban en corrupción o se mal utilizaban, recibir menos conlleva a dar menos. La izquierda pide intervención e incremento de gasto estatal, pero no aportan al objetivo.
Finalmente, las consecuencias llegan a todos los peruanos. El cierre de carreteras evita que los comercios funcionen y se puedan trasladas bienes de primera necesidad a otras ciudades. Se genera escasez en los mercados y los precios suben. Quienes tienen menores ingresos se verán más afectados y se comenzará a generar un caos similar a lo que vivimos en los primeros meses del año.
Personalmente, prefiero estar el lado del ciudadano de bien. El Estado debe priorizar a ellos y otorgarles todas las garantías para que puedan desarrollarse con normalidad. Yo no creo que un delincuente esté al mismo nivel que un obrero. Nuestra prioridad debe ser la gente honesta y si hay que poner mano dura, no debemos temer. Este país necesita restaurar el orden y no debe escatimar al momento de enfrentarse a este tipo de personas.