Financiero

Santiago  Fernández Pizarro

La desesperación y la ambición obnubilan a las personas al momento de tomar decisiones. Nos llevan a justificar actos deplorables con cinismo e hipocresía. En los animales se puede llamar instinto de supervivencia, pero en los hombres es una traición a sus propios principios. Lo peor es que quienes transan como último recurso quedan mal parados ante la imagen pública. Esto los debilita y demuestra su vulnerabilidad.

En la política es normal negociar y llegar a consensos. En un país democrático es imposible implementar políticas sin darle un poco de poder a la oposición. Pero, hay que ser estratégico al momento de ceder. El discurso político no debe ser rígido y cerrado al diálogo. Si sucede eso se queda peor al momento de llegar a un acuerdo y otorgar poder a la contraparte.

Si queremos presentar un discurso firme con una posición determinada, no podemos llegar a consensos en puntos claves con el otro extremo. Esto debilita la imagen que tienen los votantes que apostaron por dichos políticos y, en general, de toda persona con dos dedos de frente. Lo único positivo es que cada vez es más notorio qué políticos realmente defienden ideales. Existen muchos que bajo la bandera del capitalismo esconden mercantilismo, corrupción y estatismo. Algunos ya en el poder han dejado gestiones con mucho que desear.

Lo hecho por Fuerza Popular deja al partido de Keiko Fujimori, quien no le llega ni a los talones a su padre, descubierto. Renovación Popular es otro partido hipócrita al momento de realizar alianzas. Avanza país está cayendo en el mismo problema. Está bien decirlo con nombre propio y no callarnos. El hecho que sean las 3 únicas opciones por las que hubiese votado, no quiere decir que no tengan horrores. Si el 2016 negociaban mal siendo partidos con ideales similares, ahora con una oposición filoterrorista están sobrepasando límites. Espero, de todo corazón, ver una derecha sólida en un futuro.

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El arte de negociar, por Santiago Fernández Pizarro 

El colectivo LGTB, el cual abarca más personas de las que comparten dichas orientaciones sexuales, realizó una marcha multitudinaria, lo que me parece increíble. Un grupo discriminado históricamente tiene, al igual que cualquier ciudadano, todo el derecho de manifestar su orgullo o felicidad por lo que fuese. Así como apoyo esto, también creo que uno puede ser libre de criticar o no compartir dichas posturas sin ser censurado. Estas manifestaciones, por un lado, y las críticas por otro tienen que ser puestas en un marco de respeto por los derechos fundamentales de los demás. En mi opinión, ¿qué es lo que no debe pasar?

Politizar una causa me parece un oportunismo de la izquierda. El modelo económico no tiene nada que ver con las causas que buscan defender, pero igual lo incluyen. No sé si no me doy cuenta, pero que alguien me explique qué tiene que ver el libre mercado con luchar por ser iguales ante la ley. Creo que la única igualdad que debe importar es ante nuestro sistema judicial. Cualquier otro deseo ya involucra una postura política.

Otro problema es el escándalo desplegado desde la primera fila hasta la última. En lugares privados me parece que son libres de expresarse a su manera. Sin embargo, en lugares públicos, el exhibicionismo, la vulgaridad y la falta de respeto afecta a todos. Nadie tiene por qué presenciar espectáculos de ese tipo cuando transita por las calles. Mucho menos exponer a menores a esto. La libertad de uno termina cuando comienza la de otra persona.

Personalmente, creo en la igualdad ante la ley. Estoy a favor que las parejas homosexuales tengan la oportunidad de casarse para acceder a los beneficios legales del matrimonio. Siempre he intentado defender la causa, pero creo que llega un punto en el que se distorsiona todo. Eso genera, al menos en mi caso, que se me vayan las ganas de apoyar al colectivo LGTB porque lo veo como un títere para fines de una agenda política dirigida por personajes que no valen la pena. Seguiré defendiendo el movimiento como un aliado, pero sin mezclarme en lo mínimo con ese colectivo que, en lugar de sumarles, los utiliza como borregos.

La politización del colectivo LGTB, por Santiago Fernández Pizarro 

Falleció a los 89 años el terrorista Hugo Blanco, quien llegó a ser diputado de nuestro país. Fue uno de los precursores del movimiento trotskista en el Perú después de su época universitaria en Argentina, donde participó de la resistencia contra el golpe de Estado a Perón. Estamos hablando de un asesino, un ser repudiable al cual la izquierda busca limpiar su imagen justificando los crímenes que cometió. Si el uso de la fuerza es motivado por causas que se consideran justas para este grupo de miserables, no importa que se violen derechos fundamentales. Se utilizaron métodos repudiables para defender ideales que van en contra de lo que cualquier persona de bien predica.

Llaman fascismo a cualquier política que involucre darle importancia a la seguridad ciudadana o desregular industrias para incentivar el crecimiento de todos los peruanos, pero nunca le van a llamar terrorismo a lo que para ellos representa una lucha social. Este personaje representa lo peor que tiene nuestra sociedad y no debemos tener miedo a decirlo. El gobierno no debe dar su brazo a torcer y debe utilizar todas las herramientas posibles para eliminar a cualquiera que atente contra los ciudadanos de bien. A pesar de todo lo dicho, la derecha tiene que hacer una reflexión y aprender del discurso que tiene el socialismo en este país. Es una total falta de respeto superar a la izquierda en lo económico y ético, pero aun así perder una elección contra un mononeuronal que no podía concretar una oración con sentido y tenía una plancha llena de terroristas.

Hugo Blanco fue capturado y, gracias a la campaña 

, en lugar de condenarlo a la silla eléctrica, fue sentenciado a 25 años de cárcel. Otro personaje nefasto como el dictador Juan Velasco Alvarado, junto a sus políticas implementadas con la reforma agraria, le otorgó una amnistía 8 años después. Estuvo exiliado en países como Suecia, Chile, México, Argentina y Estados Unidos, donde realizaba conferencias sobre democracia y derechos humanos. Más sinvergüenza no se podía ser. Incluso es visto como un benefactor gracias a su ONG “Sociedad Suecia - América Latina”.

Hugo Blanco debió ser trasladado al penal del frontón, procesado y automáticamente fusilado. Es la única forma que tenemos para poder deshacernos de quienes tanto daño nos ha hecho a lo largo de la historia. El momento en el cual se ponen en peligro derechos de peruanos honestos, quien atenta contra ellos debe ser neutralizado utilizando todos los medios posibles. El Salvador pasó de ser el país más peligroso de Centroamérica a uno de los más seguros con políticas firmes. Y recuerden: las ONG nunca van a defender de esa forma a alguien que no se alinee ideológicamente a su postura ideológica.

Una mancha negra en nuestra historia, por Santiago Fernández 

La obligación a influencers de publicar su RUC en redes sociales y comenzar a pagar impuestos generó una respuesta positiva por parte de muchos ciudadanos. La resistencia a quienes, según la opinión pública, ganan dinero sin hacer mucho se traslada a defender una medida que probablemente no sea la mejor. En lugar de alegrarse, deberíamos comenzar a cuestionar la ética de los impuestos. A pesar de que un gobierno no entre en escándalos de corrupción y sus servicios públicos sean buenos, debemos evaluar si existen mejores alternativas. Al menos eso es lo que debe hacer siempre un buen economista. Al fin y al cabo, los impuestos son un robo institucionalizado.

La reducción de impuestos, no solo a las grandes empresas e influencers -sino a todos los peruanos- estimula la actividad económica. Cuando los impuestos son altos, las personas y empresas tienen menos dinero disponible para ahorrar (invertir) y consumir, lo que puede desacelerar el crecimiento económico. Al reducir la carga fiscal, las empresas no despilfarran ese excedente, sino que lo utilizan para expandir sus operaciones, contratar empleados y desarrollar nuevas tecnologías. Asimismo, reduciendo impuestos individuales, los peruanos tenemos más dinero para gastar, expandiendo la demanda e impulsando el comercio local.

Además, una menor carga fiscal puede alentar a los emprendedores a iniciar nuevos negocios, lo que también contribuye a la generación de empleo y a la innovación. La reducción de las barreras burocráticas debe venir acompañada de la eliminación de impuestos que lo único que hacen es ahuyentar a los empresarios. Principalmente, desincentivan al micro y pequeño empresario, es decir, a los bodegueros, mecánicos, albañiles, etc. La masa empresarial no tiene motivos para formalizarse y eso limita su crecimiento.

La reducción de impuestos convierte a nuestro país en un lugar atractivo para la inversión extranjera. Los inversionistas internacionales buscan lugares donde puedan obtener un rendimiento para sus inversiones. Reducir o eliminar los impuestos puede ser un factor determinante para que entre capital al Perú. Así, mejoramos nuestra competitividad y beneficiamos nuestra economía a largo plazo. Incrementamos puestos de trabajo, tenemos competencia dentro de las industrias y fomentamos la acumulación de capital.

Si bien los impuestos, por ahora, son necesarios para financiar el gasto público, éticamente son inmorales ya que representan un robo a mano armada por el Estado. La capacidad coercitiva de los gobiernos hace que lo hayamos normalizado y aceptado. Algo inmoral también viene a ser el corporativismo y la corrupción entre el Estado y algunas empresas para que estas no paguen impuestos. A diferencia de algunos izquierdistas que viven del resentimiento, yo no me quejo de que dejen de pagar impuestos, sino que ese beneficio tributario no sea para todos por igual.

¿Impuestos a influencers? Un robo, por Santiago Fernández Pizarro 

En política, el deseo popular es funcional cuando va acorde a mi corriente de pensamiento. Esto sucede en todo el espectro político. Si el populismo lleva a una encuesta donde la mayoría del país pide estatizar recursos naturales no significa que esté bien. Asimismo, que pidan privatizar la salud, a pesar de que personalmente esté de acuerdo, significa que dicha decisión no deba tomarse cuestionando lo que quiere la mayoría de los peruanos. Lo único para lo que deben servir esas encuestas es para que los políticos analicen qué es lo que motiva a la población a pensar de esa forma.

En un país con tan precaria educación y desconocimiento de muchos temas, es sencillo engañar a los votantes. Si le sumamos el descontento, este influye, disminuye el raciocinio e incentiva a tomar decisiones y posturas apresuradas. Tengo la esperanza de que llegue el día en el cual el político priorice un plan de gobierno pragmático a uno populista. El problema radica en que uno tiene que adaptarse al ecosistema político en el que se coexiste con demagogia y populismo. Este es el principal motivo por el cual es tan difícil cambiar los discursos, tanto de derecha como de izquierda, por una agenda objetiva en la que prime el criterio de técnicos y profesionales.

Esta semana salió una encuesta de Datum, en la que el 62% está en desacuerdo con la integración de un fondo solidario al sistema previsional de pensiones. Es lógico, aunque no debemos copiar a la izquierda y guiarnos solo de esto. Se debe argumentar y poner el tema a debate público. Fomentar el intercambio de posturas enriquece a los ciudadanos quienes pueden, al menos, tener las dos caras de la moneda. Aunque sea cierto que muchas veces no cambien de opinión y se empecinen en una idea, es un avance.

La ONP financia las pensiones de sus miembros con dinero de los aportantes que todavía no se jubilan. A pesar de ello, no puede cubrir la totalidad de pensiones con el dinero de su fondo. Se utiliza dinero de las arcas públicas y se ponen en riesgo los ahorros de las personas. Las cuentas de capitalización individual han funcionado mejor, e incluso se debería permitir ahorrar en otros vehículos. Para eso están este tipo de espacios y medios de comunicación. Si perdemos el miedo al debate vamos a avanzar a paso firme para llegar al objetivo final que es tener una clase política decente.

El Pueblo no es Dios, por Santiago Fernández Pizarro 

Las crisis y el descontento popular exigen una estrategia distinta al simple mantenimiento del statu quo. La narrativa política ha señalado como principal culpable de la mala situación al capitalismo y libre mercado. Son las grandes corporaciones, intocables y corruptas, según el discurso, la causa de los males de nuestra población. Esto se expande a todas las industrias que pueden ser asociadas a un problema social. El pésimo sistema de pensiones, salud, educación, la contaminación y demás se van direccionando al empresariado y a la supuesta falta de regulación. ¿Realmente sabemos las causas de dichos problemas? ¿Es la regulación la solución? La estrategia de aprovecharse de momentos de frustración para vender una idea buscando culpables debe ser condenada y desmentida por quienes buscan informar de forma imparcial.

Antes que nada, debemos tener en cuenta qué políticas e ideas persigue el capitalismo y el libre mercado para luego compararlas con lo que sucede en el país. El capitalismo es un sistema económico en el cual los medios de producción son manejados por empresas privadas. Los propietarios del capital obtienen la mayor parte de las ganancias, mientras los trabajadores ganan un salario de mercado. Sin embargo, nunca se menciona que si la empresa quiebra, el empleado puede migrar de trabajo, mientras que el capitalista pierde todo y queda en bancarrota. Ahí si suena un poco más lógico lo primero, aunque parece que la mayoría del país no se haya puesto a pensar de esa forma. El libre mercado defiende la libre asociación, la propiedad privada y la competencia, pilares que favorecen el desarrollo y crecimiento económico de todos los peruanos.

Perú, supuestamente, presenta un modelo de economía social de mercado, que incluye varios elementos del libre mercado junto a la presencia de un Estado que regula ciertos sectores y se encarga de generar equidad en el acceso a servicios básicos mediante la gestión de los impuestos recaudados. Personalmente, creo que un modelo ideal debe partir de esta premisa e ir reduciendo poco a poco al Estado hasta que únicamente se dedique a seguridad y justicia. Sin embargo, en política hay que buscar consensos y saber llegar a un punto medio que favorezca a casi todos, salvo excepciones de ciertos elementos cuyas neuronas se fueron de vacaciones hace buen tiempo. Si observamos la realidad peruana, ni siquiera tenemos un modelo. Es imposible tenerlo sin institucionalidad, lleno de mercantilismo, inutilidad y corrupción.

El mercantilismo o corporativismo es totalmente opuesto al libre mercado. Las licitaciones, licencias y beneficios tributarios se obtienen por conexiones con altos funcionarios públicos. No existe competencia entre empresas ni igualdad ante la ley. Eliminar esto no implica agrandar el aparato estatal, sino reducirlo y hacerlo más eficiente. Por ejemplo, en el sistema de pensiones se pueden eliminar las regulaciones impuestas por el Estado. Se puede permitir ahorrar en diversos vehículos de inversión incluyendo los situados en el exterior. No se debería obligar a invertir una determinada cantidad en Perú, se debería eliminar el sistema público que está quebrado e incluso se podría hacer opcional el ahorro. Es decir, la solución a las quejas de las AFP’s es lo más capitalista que podemos tener. Los altos precios por camas UCI de las clínicas se debieron a la concentración de la salud en el sector público sumado a su pésimo servicio.

La concentración de riqueza tampoco es culpa del libre mercado, ya que es el corporativismo el que hace que se concentre en quienes pueden acceder a ciertos beneficios. La desigualdad de ingresos, si bien no es una prioridad como sí lo es la reducción de pobreza, se incrementa debido a la corrupción. La división social se hace más aguda conforme todo esto sucede y la derecha peruana no tiene un discurso político adecuado. Es más, nuestros referentes no son capitalistas ni defienden el libre mercado. Si nos fijamos en sus propuestas e ideario podremos darnos cuenta de que no se guían por los pilares mencionados, sino son meramente populistas y conservadores.

El principal objetivo de los medios de comunicación y la clase política que intenta defender la libertad de empresa es la eliminación de la corrupción y la economía de favores. Además, se debe integrar esto a un discurso que se desligue de los mercantilistas y los condene, así como que comience a dejar el ideario claro. Es entendible la frustración de los ciudadanos, pero debemos ser conscientes que la raíz del problema no está en el capitalismo ni el libre mercado, sino en las instituciones. No solamente debemos aplicar un modelo que funcione, sino venderlo como tal a la población.

Crisis y búsqueda de culpables, por Santiago Fernández Pizarro 

En la región de Puno se anunció el denominado “paro seco”, el cual servirá como inicio de la tercera toma de Lima por parte de los manifestantes. Sin ideas claras ni disposición al diálogo, los pobladores siguen perjudicando a quienes menos tienen. Los saqueos y la violencia que se desatará las siguientes semanas dejarán múltiples consecuencias negativas a la sociedad peruana. Supuestamente, se pide la renuncia de Dina Boluarte, presidente del Perú. Aunque los motivos para que esto suceda no los saben ni siquiera quienes están organizando esta manifestación, quienes en última instancia únicamente damnifican a sus compatriotas.

En primer lugar, se ven afectados los ciudadanos de la región. Ellos no solamente detienen sus actividades laborales, sino que se ven expuestos a la barbarie en la que se convierte su ciudad. Paralizar el trabajo hace que quienes viven del día a día no puedan llevar el alimento a sus hogares. Si ya es difícil vivir así, imaginen cómo sería con miles de protestantes causando daños materiales. El comercio y el turismo volverán a sufrir los estragos de las protestas y no se recuperarán en un mediano plazo. No nos olvidemos lo que sucedió hace unos meses en Cusco.

Después, se encuentra el mismo Estado y quienes reciben los servicios públicos. Paralizar la actividad económica significa una menor generación de ingresos y, por lo tanto, una menor recaudación tributaria. Si bien el Estado históricamente nunca fue un buen gestor y los fondos se iban en corrupción o se mal utilizaban, recibir menos conlleva a dar menos. La izquierda pide intervención e incremento de gasto estatal, pero no aportan al objetivo.

Finalmente, las consecuencias llegan a todos los peruanos. El cierre de carreteras evita que los comercios funcionen y se puedan trasladas bienes de primera necesidad a otras ciudades. Se genera escasez en los mercados y los precios suben. Quienes tienen menores ingresos se verán más afectados y se comenzará a generar un caos similar a lo que vivimos en los primeros meses del año.

Personalmente, prefiero estar el lado del ciudadano de bien. El Estado debe priorizar a ellos y otorgarles todas las garantías para que puedan desarrollarse con normalidad. Yo no creo que un delincuente esté al mismo nivel que un obrero. Nuestra prioridad debe ser la gente honesta y si hay que poner mano dura, no debemos temer. Este país necesita restaurar el orden y no debe escatimar al momento de enfrentarse a este tipo de personas.

Protestas contra el país, por Santiago Fernández Pizarro 

La asociación del corporativismo con el capitalismo es común en las sociedades y puede llevar a que se interiorice un discurso político malintencionado y equivocado. "Divide y vencerás" es una de las frases más populares de la historia, ya que puede aplicarse a casi todos los ámbitos de nuestras vidas. En política, se refiere a la facilidad con la que se puede llegar a controlar una sociedad fragmentada por factores étnicos, económicos, sociales y culturales. En este caso, desde Karl Marx se buscó utilizar la lucha de clases como base del anticapitalismo. Sin embargo, muchas veces se engloban los gobiernos bajo una sola definición y no se desagregan las políticas individualmente para analizar cada una por separado.

La izquierda busca vincular el sistema capitalista con la corrupción, el empleo precario, el abuso de grupos de poder, las prácticas desleales, la contaminación y muchos males que afectan a los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, las políticas económicas adoptadas por los gobiernos se ven deslegitimadas si se presentan los mencionados anteriormente, a pesar de que muchos de dichos males sean culpa del propio Estado y de su intervencionismo. En el momento en el cual ese odio y resentimiento se impregnan en un ciudadano, toda acción política será criticada y evaluada de forma sesgada. El ejemplo más claro lo podemos ver con la crítica absurda a procesos exitosos como las privatizaciones, la liberalización de precios o la apertura comercial por haber formado parte del fujimorismo.

La derecha debe condenar y desligarse totalmente de políticos y empresarios que no representen al capitalismo. El sistema económico y social que defendemos se basa en pilares como la libertad, la propiedad privada y la competencia. Cualquier interés que esté en contra de ello debe ser rechazado. La mentalidad de que es un sistema que solo les sirve a unos cuantos debe eliminarse y reemplazarse por una idea inclusiva, donde los más pobres sean quienes se vean más beneficiados, porque les permite acumular capital y crecer. El capitalismo es inclusivo por excelencia y venderlo de esa forma es la única manera de que sea aceptado en una sociedad tan fragmentada y donde se le ha desprestigiado tanto.

¿Capitalismo o Corporativismo?, por Santiago Fernández Pizarro

La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática que garantiza la diversidad de opiniones y fomenta el debate abierto. Sin embargo, en algunos casos, las opiniones se enfrentan a la censura, ya sea por parte del gobierno, instituciones o incluso grupos de presión. La censura de opiniones plantea una serie de problemas que amenazan la libertad de expresión y limitan la capacidad de las personas para expresar sus ideas y puntos de vista de manera libre y abierta.

La censura de opiniones conduce a la supresión de la diversidad de pensamiento. Cuando ciertos puntos de vista son prohibidos o silenciados, se limita la posibilidad de discutir diferentes perspectivas y se establece una narrativa única impuesta por aquellos que tienen el poder de censurar. Esto crea un entorno intelectualmente empobrecido y restringe el desarrollo de ideas innovadoras. Este poder de censura lo poseen los líderes morales para los cuales imponer ideas deja de estar mal cuando coinciden con las suyas.

Además, tiene un efecto inhibidor en la sociedad. Cuando las personas temen represalias o consecuencias negativas por expresar sus puntos de vista, tienden a autocensurarse. Esto limita la libre expresión y reduce la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Además, la autocensura socava la confianza y la transparencia en la sociedad, ya que las personas pueden temer compartir información valiosa por miedo a la represalia. La ridiculización pública por tener una forma distinta de pensar influencia más a los menores que, en contra de su voluntad, terminan adaptándose a lo que piensa la mayoría.

Otro problema es que representa un obstáculo para el progreso y la creatividad en diferentes campos. La innovación surge de la confrontación de ideas y la posibilidad de desafiar el statu quo. Al censurar ciertas opiniones, se limita el potencial para descubrir soluciones novedosas a problemas complejos. Además, la censura en el ámbito artístico y cultural coarta la libertad de expresión artística y la capacidad de los artistas para transmitir mensajes críticos o controvertidos.

Si no comenzamos a defender nuestros puntos de vista ni a respaldar a quienes dan el suyo, nos arriesgamos a perder lo poco de libertad que nos queda. Indirectamente, quedarnos callados también puede contribuir a la polarización de la sociedad, ya que al dejar que supriman ciertos puntos de vista, se crea una sensación de injusticia y se generan sentimientos de resentimiento y frustración entre aquellos cuyas opiniones son censuradas. Esto puede llevar a una mayor división social y a la falta de diálogo constructivo, lo cual es fundamental para la resolución de conflictos. Poco a poco estamos sumergiéndonos en un mundo que, aunque no parezca, se asemeja a un autoritarismo de ciertos grupos de poder.

Una sociedad dictatorial, por Santiago Fernández Pizarro 

Perú es un país con una economía en constante crecimiento y desarrollo, lo que lo convierte en un lugar atractivo para la inversión extranjera. Hemos pasado por diversos tipos de gobierno y, gracias a las sólidas bases de la Constitución de 1993, hemos podido seguir creciendo y manteniendo cierta estabilidad. Para que la economía de un país funcione correctamente, es crucial contar con una moneda estable, ya que esto permite que los agentes económicos tomen decisiones con menor incertidumbre. Sin ser defensor de los bancos centrales y con la idea que existen alternativas seguras y descentralizadas para el sistema monetario, creo que la labor que ha realizado desde que cuenta con independencia es superior al resto de la región.

En primer lugar, una moneda estable es esencial para la inversión extranjera. Los inversores internacionales buscan países que ofrezcan un ambiente económico estable y seguro para invertir su dinero. Si la moneda de un país es inestable, puede crear incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros, lo que puede disuadir a los inversores de invertir en el país. Argentina es el principal ejemplo de los problemas que conlleva emitir dinero de forma indiscriminada.

Además, una moneda estable puede mejorar la competitividad de las exportaciones de un país. Si la moneda local se devalúa constantemente, los precios de los productos exportados se vuelven más atractivos para los compradores extranjeros, lo que puede generar mayores ingresos por exportaciones. Sin embargo, la volatilidad excesiva puede dificultar la planificación a largo plazo de las empresas y los inversores, y esto puede limitar el crecimiento y el éxito a largo plazo de las exportaciones.

Una moneda inestable puede afectar negativamente la capacidad de un país para importar bienes y servicios. Si la moneda local se devalúa significativamente, los costos de importación aumentan y ello puede llevar a una inflación alta y afectar el poder adquisitivo de los consumidores. Esto puede crear una espiral descendente en la economía, ya que la inflación reduce el valor de la moneda y la moneda débil aumenta la inflación.

En Perú, la moneda se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Esto ha permitido que el país atraiga inversiones extranjeras significativas y fortalecer su economía. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha creado cierta incertidumbre en los mercados financieros, lo que ha llevado a la devaluación del Sol peruano en comparación con el dólar estadounidense. A pesar de esto, el gobierno peruano ha tomado medidas para estabilizar la economía y garantizar una moneda estable. El Banco Central de Reserva de Perú ha mantenido una política monetaria responsable y prudente, que ha ayudado a mantener una inflación controlada y sobrellevar la turbulencia política. Si es que no hemos tocado fondo es gracias a una Constitución que sentó las bases macroeconómicas del país, no perdamos lo poco que nos queda.