El nuevo intento de derribar a las instituciones democráticas como el Ejecutivo y el Congreso provocará un duro golpe a la economía. Las pérdidas serán millonarias. Pese a este peligroso desenlace, los violentistas siguen aferrados a sus exigencias como la liberación-reposición del golpista Pedro Castillo, unas nuevas elecciones y también una asamblea constituyente. La consigna de estos personajes, la mayoría de Puno, es darle una estocada a nuestras autoridades políticas con la Tercera Toma de Lima, que ya la fecharon para julio. Para tal fin han decidido adelantarse con un “Paro Seco”, medida introductoria puesta en marcha este martes 30 de mayo para atraer a la masa más proclive a caer en sus redes. Tanto la presidenta Dina Boluarte como la Cámara de Comercio de la región mencionada ya advirtieron que perjudicarán al país económicamente, pero hacen caso omiso. Y a esto debemos agregar que también están en peligro distintos puntos estratégicos como aeropuertos y sedes judiciales, y por supuesto también las personas que se abstienen de estas manifestaciones, atacadas por los artífices de esta revuelta.
La primera mención sobre este estrago en la economía vino desde Villa El Salvador, en voz de la mandataria. “Cuando las manifestaciones, válidas y amparadas por la Constitución, son pacíficas, bienvenidas; pero la violencia, ¿qué genera la violencia? Sube el costo de vida y los pasajes, no hay productos en las calles ni transporte, no hay nada. Y por un día, el Perú y el Gobierno pierden millones de soles, al igual que los privados”, apuntó después de presentar un comedor popular en este distrito. Luego, agregó: “Es importante que nos mantengamos en un diálogo constante con tranquilidad, calma y paz, porque solo de esa manera podemos avanzar (...) “Como peruanos, tenemos que entendernos con un solo abrazo, porque debemos empujar el carro del Perú para adelante”.
Pero esta cohesión jamás se dará. Desde que el profesor chotano ejecutó su fallido golpe de Estado, y sobre todo desde que fue vacado y después llevado a prisión preventiva por la flagrancia, distintas organizaciones —los mismos que llevaron al exsindicalista al poder— usaron esto como excusa para salir a las calles a generar el caos. Y luego, cuando hubo fallecidos, solo encontraron otra coartada más para intensificar sus maniobras. El futuro inmediato no tiene aires de conciliación, volverán porque ahora se sienten blindados por los informes internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Sin olvidar las movidas largoplacistas de Guido Croxatto y Eugenio Zaffaroni, los abogados del exmandatario, y la reciente amenaza de Manuel López Obrador, presidente de México, sobre que pronto Naciones Unidas meterá su cuchara. Y todo esto podría generar una inestabilidad en nuestro sector más estable: la economía.
Y ante esto también tomó la palabra la Cámara de Comercio y Producción de Puno (CCP). En un informe aseguró que entre enero y febrero de este año hubo pérdidas económicas de 295 millones 893 mil soles, aproximadamente, lo cual representa 5 millones de soles por día. Los sectores que más sintieron esta recesión fueron la minería, el turismo, las exportaciones y la acuicultura. Y hasta los empresarios sufrieron un grave perjuicio: el 50% de los negocios formales quebraron.
Se supone que la Tercera Toma de Lima solo era una ficción. El premier Alberto Otárola había asegurado que no se iba a concretar porque la presidenta Boluarte iba a evitarlo. La promesa al final cayó en saco roto. Y aunque la Defensoría del Pueblo muy diplomáticamente exhortó a que la manifestación sea tranquila —un poco más y pide tan ingenuamente que solo sea un picnic masivo—, lo cierto es que todos volverán a mimetizar con el credo de la congresista izquierdista Sigrid Bazán: "La protesta pacífica no genera cambio". La amenaza está activa.