Los últimos meses Perú viene desarrollando distintos entrampamientos: uno de los más pronunciados es el de no poder llamar por su nombre a los violentistas ni a los terroristas. Los artífices de esta limitación —apañada por los operadores de la izquierda— son las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que bajo el halo de la conciliación quieren disimular su parcialidad, la misma que roza una peligrosa complicidad. Por esta razón, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quiere patear el tablero y liberarnos de estas intromisiones. Para esto tiene que formular una denuncia ante la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta ruta natural podría también llevarse de encuentro los informes sesgados que han venido compartiendo Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El parlamentario aseguró que no es una antípoda de los derechos humanos, primordiales para la convivencia, sino que está en contra de que estos sean instrumentalizados para confundir a la ciudadanía poniendo a los villanos como los héroes de esta historia. Un botón: la última ola de violencia en Perú.
No es la primera vez en la historia peruana que la CIDH actúa de esta manera. Recordemos que las acusaciones por “asesinatos extrajudiciales” fueron el mismo argumento que se usó en su momento para condenar a Fujimori por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Una situación similar pasa el día de hoy con la actual mandataria Dina Boluarte. Al igual que en el caso de Fujimori, hoy en día estos organismos demuestran ser parcializados y tienen como fin atacar al Estado peruano.
Lo cierto es que frente a esta clara injerencia hay una reacción por parte del partido Renovación Popular. La bancada del Congreso, bajo la batuta del almirante Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo que el Perú salga y denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos. La justificación es clara: no se puede permitir que sigan metiéndose en la soberanía del Perú.
“El paso de una fase a otra implica irreversibilidad. Por consiguiente, para acabar con la injerencia perniciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la corte (que en conjunto conforman el sistema), es necesaria la denuncia total”, menciona el texto. Posteriormente hace mayor énfasis en las nefastas consecuencias que ha generado ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sobre el sistema de justicia peruano. “EI Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. Este tratado internacional y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico, sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia y que afectan el derecho a la libre determinación de los pueblos”, expresan.
El almirante Jorge Montoya, organizador principal del proyecto, afirmó que el SIDH está en crisis actualmente y que está ideologizado. “EI Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico (…) Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado y como órgano supranacional, ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado profundamente, lo que ha desvirtuado su esencia de jurisdicción”, recalcó.
Este proyecto aún no se ha votado ni debatido. Será una decisión clave por la defensa de la soberanía la que el Parlamento tendrá en sus manos. Ojalá la mayoría de los congresistas estén a la altura de la situación, pues las críticas internacionales no se harán esperar si es que se aprueba dicha propuesta.