La última carta de los artífices de la violencia para llamar la atención es un gesto de profanación del que ya no se vuelve: atacar a los símbolos patrios. Desde Puno, otra vez, los dirigentes de las organizaciones que quieren tumbarse al gobierno de Dina Boluarte y liberar-reponer al golpista Pedro Castillo, entre otras urgencias sin pies ni cabeza, han amenazado con no permitir el izamiento de la bandera del Perú el próximo 7 de junio, día en el que se homenajea a este emblema nacional. En su lugar, quieren poner una bandera de color negro en referencia a los fallecidos que hubo durante la última ola de protestas. Anteriormente, en el mismo departamento, específicamente en la ciudad de Desaguadero, ya pusieron en práctica este ejercicio de corte apátrida. Una turba se había filtrado en una ceremonia de las Fuerzas Armadas (FFAA) y frenó el alzamiento de este ícono. Esta consigna sería la antesala de una secuencia de acciones sin límites para poner en jaque a un país que todavía trata de recuperarse de un régimen que fue como un hachazo sobre la ciudadanía. Todo esto a puertas de la posible Tercera Toma de Lima en julio.
La advertencia
Desde que Pedro Castillo fue vacado y encerrado por quebrar el orden constitucional, Puno se declaró en insurgencia. En este medio año —contabilizando desde el 7 de diciembre del 2022— han seguido coordinando nuevas tácticas para derrumbar a todas las autoridades políticas: piquetes de menor a mayor intensidad. Y en esta ruta, han desarrollado en paralelo una maniobra simbólica que recuerda a las de células terroristas como Sendero Luminoso (SL). Hablamos del ultraje a los símbolos patrios.
“El día de la bandera (este miércoles 7 de junio) vamos a izar nuestra bandera negra como duelo, en honor a los hermanos caídos y no vamos a permitir. Prácticamente nos han declarado la guerra”, dijo una pobladora para el Diario La República.
Esta amenaza también fue extendida en Radio Nacional, donde los dirigentes puneños oficializaron su medida de fuerza para enrostrar al gobierno, a las FFAA y a la Policía Nacional del Perú, estos dos últimos encargados del levantamiento del ícono.
Una repetición
Pero este no será su primer ensayo. El pasado domingo 16 de abril, un grupo de manifestantes aimaras en Puno obstaculizó el izamiento. Esto fue en la Plaza de Armas de Desaguadero. Irrumpieron en una ceremonia de un batallón de militares, tomaron la cuerda que sujetaba la bandera y cortaron de plano el acto patriótico.
La justificación fue surreal: el Ejército no había pedido permiso. De acuerdo con su versión, los uniformados debían coordinar con ellos. Asimismo, indicaron que la milicia había roto la costumbre de la localidad de ejecutar el levantamiento a las 10 de la mañana. Esa vez se hizo a las 8 de la mañana. Los uniformados, que una vez más fueron sitiados, tuvieron que retirarse en un portatropas con la banda de músicos que habían llevado.
Neutralizar
Ante estos amedrentamientos, el gobierno de Dina Boluarte decidió ampliar el estado de emergencia en Puno —que inició el pasado 7 de febrero— por 60 días más. Esto permitirá alargar el trabajo de las Fuerzas Armadas, que tendrá el apoyo de la Policía Nacional, para mantener el orden interno y así proteger "instituciones públicas o privadas y/o instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y/o vías".
El colofón
Todo esto se da además en el marco que vienen puliendo los violentistas para su vigente amenaza: la Tercera Toma de Lima. En la primera edición, con la caída del golpista todavía fresca, el panorama fue caótico, a tal punto que se terminó incendiando la Casona Marcionelli, en la Plaza San Martín. La segunda vez, sin embargo, fue una muestra de su fragilidad: no tuvieron convocatoria. Además, el Centro Histórico de Lima ya había sido declarado zona intangible.
No es casualidad este tipo de operaciones. Este sector de la izquierda radical ya tuvo en la perulibrista Nieves Limachi el primer intento de darle un golpe a la bandera rojiblanca convirtiéndola en una multicolor.
Este atentado contra un símbolo patrio es un ataque directo contra la identidad nacional. El gobierno debe recordar que no se trata solo de poner barreras legales. Hay una generación, sobre todo en Puno, que está cayendo en este adoctrinamiento. Es hora de que rompan de raíz esta permanente asonada.