El país está a punto de ser golpeado por una perturbación atmosférica que se traducirá en lluvias intensas y largas, las mismas que serán la alfombra roja para la llegada del Fenómeno del Niño. Esta situación ya estaba en las proyecciones del gobierno. Por el inusual calentamiento del mar, los primeros meses del 2023 distintas provincias sufrieron precipitaciones de gran envergadura que dejaron infraestructuras vitales y calles enteras inundadas, lo que incluso —por el letargo en el apoyo gubernamental— provocó que se convirtieran en un foco para el dengue. Por esta razón, ya con esta crisis climatológica a la vuelta de la esquina, se decidió oficializar el estado de emergencia por el plazo de 60 días. La consigna es poder dar cobertura a las zonas más propensas a ser afectadas como Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y varias más. Para esta tarea ya se vienen preparando tanto el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como los ministerios y los gobiernos regionales respectivos.
El gobierno de Dina Boluarte materializó esta declaratoria de emergencia este jueves 8 de junio con un decreto supremo que está cifrado como Nº 072-2023-PCM. En el documento se incluyó a “varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente".
Asimismo, precisan todas las acciones que se van a emprender para bajarle el volumen a los estragos de estas precipitaciones. Los gobiernos regionales y locales estarán en constante “coordinación técnica”, mientras que habrá un “seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También contarán con el apoyo “del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa”.
También tomó la palabra el Senamhi. Su pronóstico es que “durante el trimestre junio-agosto 2023, las temperaturas mínimas y máximas del aire, a lo largo de la costa peruana, presentarán valores sobre lo normal”.
En este camino también entra a tallar la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que ha tenido seis años de existencia envuelta en varias polémicas. Desde su inicio nada más tuvo una labor cuestionable cuando atendió a paso de tortuga las consecuencias de las lluvias intensas en el río Piura, que dejó 91.835 damnificados, 310.570 afectados, 17 fallecidos, 39 heridos, cuatro desaparecidos, 5.724 viviendas colapsadas, 8.469 viviendas inhabitables, 71.008 viviendas afectadas; así como 711 instituciones educativas y 195 centros de salud también afectados. Lo mismo pasa ahora con la última ola de lluvias de enero y febrero.
Todo esto se da en un contexto sanitario complicado por el brote del dengue. En la primera ola de lluvias hubo inundaciones que no pudieron ser atendidas a tiempo y esto se convirtió en una especie de zona franca para el mosquito que genera la enfermedad endémica mencionada. Ya se expuso que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ha sido muy pasiva frente a este problema. Y pese a esto no ha querido poner su cargo a disposición. Debe recordar que no se tratan de retos virales donde es tan válido el error como el acierto. Aquí estamos hablando de vidas humanas y tiene que enfocarse bien. De lo contrario, debe reconsiderar su presencia en el portafolio.