La captura del terrorista apodado “Carlos” es un duro golpe a la banda de Sendero Luminoso (SL) que opera en el Vraem, dado que se había convertido en un sanguinario mando militar, responsable de las operaciones más violentas de esa pandilla criminal.
Fue capturado por efectivos de la Dirandro (Dirección Antidrogas de la Policía) cuando preparaba un ataque a una comisaría por encargo de narcotraficantes, que financian a SL y los emplean como sicarios.
Ese sujeto fue, según la Policía, quien dirigió la masacre de 16 hombres, mujeres y niños en San Miguel del Ene, un caserío ubicado en Vizcatán, zona controlada por SL, el domingo 23 de mayo de 2021, en víspera de la segunda vuelta electoral.
Esta horrenda masacre trató de ser encubierta por los comunistas y caviares, para evitar perjudicar a su candidato Pedro Castillo. El asunto es que durante varias semanas antes, medios de comunicación independientes habían difundido investigaciones que acreditaban la relación entre el jefe de Perú Libre –el partido de Castillo-, Vladimir Cerrón y la banda narcoterrorista del Vraem capitaneada por los Quispe Palomino.
Mucha de esa información provenía de fuentes de la Dircote (Dirección Antiterrorista de la Policía Nacional). También se señalaba la relación de Guillermo Bermejo y Guido Bellido, entonces candidatos al Congreso, y del propio Castillo con esa organización criminal.
Resulta que la mañana del lunes 24 recibí información de esa espeluznante matanza. Luego de verificarla con fuentes policiales publiqué un tuit dando cuenta de ello. Fue la primera noticia que, poco después, fue confirmada públicamente por el general Óscar Arriola, jefe de la Dircote.
No obstante, el jefe de la PNP en ese momento, César Cervantes, apareció en los medios tratando de desviar la atención y derivar las sospechas hacia el narcotráfico. (Ese individuo, Cervantes, fue ascendido irregularmente a general en diciembre de 2016 por el grupo caviar que controlaba el Ministerio del Interior. Y en noviembre de 2020, cuando ese mismo grupo volvió a ocupar el Mininter, en el gobierno de Francisco Sagasti, fue nombrado ilegalmente jefe de la PNP pasando a retiro a los 17 oficiales que lo precedían en el escalafón. Luego fue designado ministro del Interior por Dina Boluarte en diciembre de 2022).
Ese fue el inicio de una sostenida campaña de desinformación y encubrimiento desatada por comunistas y caviares para negar lo evidente: que había sido SL el perpetrador de la masacre. Todo para no perjudicar a su aliado, Castillo.
La enciclopedia digital Wikipedia recoge esa infame versión: “Sin embargo, existen dudas sobre los autores del crimen. Medios independientes indican una posible relación con las elecciones presidenciales que tuvieron lugar poco después. (…) También se especuló que la matanza fue obra de algún grupo de narcotraficantes.”
Algunas de las fuentes de esa vileza que consigna Wikipedia son:
● «Ricardo Velazco, Montaje en torno a una tragedia, Hildebrandt en sus trece, Edición 541, Año 12».
● «Analysis. Peru’s military say Shining Path insurgents killed 16 civilians. Others are not so sure. » Washington Post. ISSN 0190-8286.
● Briceño, Ana (12 de noviembre de 2021). «Impunidad». Hildebrandt en sus trece (565). p. 26, 27.
El cabecilla de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lideró esa maniobra. La revista Caretas lo registró así: “Cerrón criticó la tragedia afirmando que se trata de un evento impulsado por la derecha para ganar, en referencia de las elecciones presidenciales en segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Sin embargo, momentos después de compartir su opinión en su red social, el exgobernador regional de Junín eliminó el tuit” (24/5/21).
Wikipedia también recoge lo que dijo la portavoz de otro grupo que apoyaba a Castillo: “Lucía Alvites, vocera oficial de la agrupación de izquierda Juntos por el Perú, mediante su cuenta de Twitter expresó que «El fujimorismo en la desesperación total. No les importa matar peruanos para hacerse del gobierno. Lo del VRAEM es evidentemente un psicosocial», más tarde eliminó el tuit, pero público otro diciendo «para mí esto no es casualidad: el terrorismo y la violencia a quienes siempre le ha servido es al fujimorismo».
El juez de paz de la zona, Leónidas Casas, que fue candidato al Congreso del Frente Amplio, se sumó también al esfuerzo de desinformación.
Por haber informado sobre la masacre, me atacaron en algunas de esas publicaciones y luego, en agosto de 2021, uno de los secuaces de Pedro Castillo en el Congreso propuso crear una comisión investigadora, no para averiguar sobre el asesinato, sino a los que habíamos notificado sobre el macabro crimen.
El terrorista “Carlos” había sido identificado muy rápidamente por la Dircote como el autor de la matanza. No había duda sobre su autoría. Pero comunistas y caviares mintieron deliberadamente.
Posteriormente, ese mismo asesino dirigió la emboscada que cobró la vida de 7 policías en Natividad, Vraem, el 12 de febrero de este año.
Ese terrorista irá ahora a prisión. En verdad, si hubiera justicia en este mundo, debería ser ejecutado. Eso no es posible en el Perú porque la Constitución lo prohíbe y porque el sistema judicial no es confiable. Pero no es justo que ese asesino siga con los dos pies sobre la tierra, probablemente durante muchos años y décadas, mientras sus víctimas yacen bajo tierra. Y no se trata de la inconducente discusión sobre si la pena de muerte es disuasiva o no. Se trata de justicia. Un criminal que mata a sangre fría a hombres mujeres y niños desarmados, que acaba con jóvenes policías que sirven a la sociedad, que enluta y ocasiona sufrimientos inenarrables a muchas familias, padres, madres, esposas, hijos, hermanos, debería sufrir la pena capital. Lástima que no sea posible.