El Tribunal Constitucional del Perú (TC) dejó más nítida la línea de tiempo de la crisis en nuestro país. Esto después de su fallo compartido este último lunes 19 de junio: la “denegatoria fáctica” de una cuestión de confianza no tiene asidero en la Carta Magna y las resoluciones sobre el dispositivo mencionado solo son una prerrogativa del Congreso. Con este veredicto la paternidad de la actual encrucijada recae en Martín Vizcarra cuando apelando a la misma figura dio un golpe de Estado y así disolvió el Congreso aquel trágico 30 de septiembre del 2019. Luego, el plato se intentó repetir con el régimen chotano, incluso denominando sin rubor a esta maniobra autoritaria como la “bala de plata”, pero el desenlace no fue el mismo. Se la jugaron el 7 de diciembre del 2022, pero la justicia se les vino encima, perdieron el trono y ahora el futuro de los implicados tiene más aires penitenciarios. Pero esta especie de reivindicación, sin embargo, habría llegado a destiempo, llegó en un momento en el que el país se encuentra al margen de un abismo sin fondo.
La maña del Lagarto
La caja de Pandora la abrió Martín Vizcarra tras sustituir en Palacio, en marzo del 2018, al caído Pedro Pablo Kuczynski. Después de la luna de miel de los primeros meses y ya cargando con la primera denegatoria de confianza al gabinete de Fernando Zavala, el conocido “Lagarto” empezó a jugar sus cartas. Primero con su famoso referéndum de diciembre del 2018. Logró que se aprobaran 3 de sus 4 reformas constitucionales: la reforma de la Junta Nacional de Justicia (antiguo Consejo Nacional de la Magistratura), la fiscalización de los aportes a los partidos políticos y la no reelección de congresistas. Esta fricción —ya con el mandatario investigado por varios casos, entre estos el Caso Chincheros— llegó a su pico más alto el año siguiente cuando quiso jugar al adelanto de elecciones y al tratar de tener injerencia en el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
La secuencia es bastante conocida: el entonces primer ministro Salvador del Solar entró atropelladamente al Congreso para pedir cuestión de confianza, pero como no hubo una respuesta inmediata el gobierno lo tomó como una “denegatoria fáctica” y disolvió el Parlamento. Esto pasó el 30 de setiembre del 2019.
Aunque un año después fue vacado por las irregularidades durante su gestión frente al coronavirus, el precedente ya había dejado una carta abierta en la lucha de poderes, sobre todo teniendo en cuenta el inexplicable fallo del TC de enero del 2020 en el que avalaba el cierre del Legislativo.
Pero ahora se revirtió con el nuevo veredicto, razón por la que el abogado y analista político Fernán Altuve, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “La denegación fáctica de la confianza ha sido declarada contraria a la constitución. Martín Vizcarra y Salvador del Solar deben ser condenados por delito de rebelión”.
Es cuestión de tiempo.
El día que Vizcarra destrozó la democracia.
El ensayo final
Pero este falso dispositivo, como se avizoró, no quedó en el olvido. Con el impulso que le dio Vizcarra al populismo más rancio y habiendo mancillado a todo personaje que no comulgue con estas ideas (y con esto además engrosando tácitamente el monopolio de la izquierda light y radical), llegó al poder un personaje surreal, Pedro Castillo, con la camiseta de Perú Libre, que tenía como símbolo al lápiz, igual que el castrismo cubano.
Su primer intento de jugar con la interpretación de la “cuestión de confianza” fue al poner al Gabinete Héctor Valer en enero de 2022. Este mismo personaje dejó en evidencia la maniobra (dijo que si el Congreso no le daba la venia estaría quemando su “primera bala de plata”) y Castillo tuvo que reformular. El nuevo intento fue en noviembre. Aníbal Torres, ahora como premier, propuso derogar la Ley N° 31399, también llamada ‘Ley Antireferéndum’. El Congreso “rechazó de plano” esto y fue como anillo al dedo para el Ejecutivo. “(Es) una denegatoria a la confianza que se llevó y se presentó ante el Pleno del Congreso. ‘Rechazar de plano’ es ‘rehusar’”, dijo el entonces ministro de Trabajo, Alejandro Salas, a RPP.
Entonces su lectura fue inmediata. Sabiendo que su vacancia (la tercera en camino) era una posibilidad, trató de adelantar otro rechazo a una cuestión de confianza. Lo hizo poniendo en el premierato al personaje que más escozor genera en el plano nacional: Betssy Chávez. Y así llegó el 7 de diciembre. Sin respuesta y con Salatiel Marrufo delatándolo, decidió disolver el Congreso. En cristiano: dio un golpe de Estado. Pero el viaje autoritario le duró poco. Y ahora la partida le salió por la culata con la decisión del TC de anunciar la primera “denegación fáctica” como improcedente.
Un vago intento por izquierdizar “de plano” al Perú.
Palabras mayores
Y sobre este escenario dio fe el abogado constitucionalista Gerardo Eto Cruz en una comunicación con El Reporte. “El actual tribunal con esta sentencia hace un deslinde estrictamente jurídico-constitucional y evidencia que las competencias que le son inherentes al Parlamento no pueden subsumirse en las competencias gubernamentales del Ejecutivo por lo que sí cabe señalar que tanto Martín Vizcarra y Pedro Castillo sí cometieron un golpe de Estado”.
Asimismo, aseguró que “con esta interpretación del tribunal se convalida la actual situación en la que se encuentra el procesado Pedro Castillo”. Mientras que en el caso de Vizcarra “su condición jurídica puede potencialmente desencadenar un proceso judicial (...) Y en este caso podrían darse ciertos presupuestos para que se le inicie un verdadero proceso sobre lo que constituyó el golpe de Estado”. “Le corresponde al Ministerio Público tomar en consideración lo que ha establecido este fallo (...) y eventualmente sí puede ser denunciado por el delito de rebelión”.
Con la resolución del Tribunal Constitucional, se le cierra definitivamente las puertas a este inventario de personajes proclives a perpetuarse en el poder desestabilizando al Congreso y en línea generales a la democracia. La “denegatoria fáctica” es una figura sin pies ni cabeza. Pedro Castillo y Martín Vizcarra son golpistas. El primero, respectivamente, ya está pagando. El segundo, sin embargo, debería ir aceptando que no solo no volverá al poder como lo planea, sino que ahora podría ser juzgado. Y en buena hora.