Tras la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la ex Fiscal de la Nación que archivó las investigaciones sobre Castillo hasta que termine su mandato, la reserva moral del Perú, compuesta por Rosa María Palacios, Marco Sifuentes, Víctor Caballero "Curwen" y otros impresentables, se alió con los sectores más radicales de la izquierda comunista peruana (aquellos que siguen pidiendo la reposición de Castillo en el poder) para reventar Twitter con la última creación de la narrativa rojo-caviar: la dictadura congresal.
Alegan estos pintorescos personajes que, en el Perú de hoy, vivimos en una dictadura de características muy particulares. No en un militarismo al uso ni una autocracia civil, sino una donde el Poder Legislativo actúa como el principal eje avasallador del poder. Y que, en ese sentido, desde el hemiciclo en la Avenida Abancay se dan órdenes directas que son acatadas sin objeción alguna por la presidenta de la República, por el Tribunal Constitucional, por la Defensoría del Pueblo y, recientemente, también por la Junta de Fiscales Supremos.
Aunque grandes afirmaciones requieren de grandes pruebas, considero que, dado lo fácil que se esparcen las narrativas más inverosímiles en estos tiempos en los que la información se transmite más rápido que el pensamiento, es importante explicar por qué la "dictadura congresal" es absurda.
Una narrativa sin pies ni cabeza
Existen muchísimas definiciones de dictadura, pero los elementos comunes que encontramos en casi todas ellas son: 1) La concentración del poder político en una persona o un grupo reducido de personas; 2) El empleo de la represión de libertades (como la de expresión) para mantener o aumentar el poder político; 3) La inexistencia o existencia meramente formal de contrapesos al ejercicio del poder político.
Por ejemplo, analicemos el régimen cubano: 1) El poder está altamente concentrado en torno al gobierno de Miguel Díaz-Canel y sus ministros, quien a su vez fue elegido por una Asamblea Nacional de partido único; 2) El régimen es conocido por su alta población de presos políticos, se calcula que existen hoy 700 presos políticos solo de las protestas de mediados de 2021; y 3) No existe una clara división de poderes, mucho menos un contrapeso a las acciones del gobierno. Por lo tanto, sin ninguna duda, el régimen cubano es una dictadura de manual.
En el caso peruano, es absurdo hablar de una dictadura cuando, en primer lugar, tenemos en el Poder Ejecutivo a una presidenta que fue candidata del partido Perú Libre y, en el Legislativo, a los 130 escaños repartidos entre 11 bancadas y 9 congresistas independientes. En ese sentido, el poder político está ampliamente desconcentrado.
Por otro lado, existe prensa libre, es decir, libertad para criticar al gobierno, al Congreso y a cualquier autoridad desde la comodidad de tu celular o en la calle. ¿Qué clase de dictadura permitiría todo esto?
Asimismo, una pregunta fundamental es, en palabras del congresista Bermejo, ¿quién "parte el jamón”? Es decir, ¿quién o quiénes serían los que lideran desde el Congreso la supuesta dictadura? ¿Williams, Keiko, Waldemar Cerrón?
Además, ¿es posible que un Congreso que gobierna en dictadura no sea capaz de ponerse de acuerdo para aprobar su propia reelección? ¿Será acaso que los dictadores cumplirán voluntariamente su mandato solo hasta 2026?
¿Por qué nacen estas narrativas?
Tan importante como entender cómo fallan estas narrativas es saber por qué las promueven quienes las inventan.
Hay grupos de interés que se oponen a que el Congreso ejerza sus prerrogativas constitucionales, tales como ejercer su rol fiscalizador, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, aprobar reformas constitucionales, elegir al Defensor del Pueblo, entre otras cosas. Y esto se debe a que, si bien es fácil controlar a uno o dos funcionarios en el Ejecutivo (ya sea con amenazas o con sobornos), es muy difícil controlar las decisiones que salgan de un órgano colegiado, donde lo que diga uno o dos no importa tanto.
Por eso existe un empeño en desprestigiar y amedrentar al Congreso como institución y, en lo posible, trabar todos y cada uno de estos procesos para intentar intervenirlos en la medida de lo posible.
Fuimos testigos del cierre del Congreso en 2019 para impedir que se renueve a un Tribunal Constitucional servil a intereses cuestionables. Hoy estamos siendo testigos de una nueva campaña de desprestigio contra un Congreso que cumplió cabalmente su rol fiscalizador contra una ex Fiscal de la Nación a quien no solo le quedó grande el cargo, sino que, en el camino, puso en grave riesgo la continuidad democrática de nuestro país.