En las últimas semanas, se ha anunciado que el próximo miércoles 19 de julio se llevará a cabo la denominada "Toma de Lima" en su tercer intento, con el objetivo de lograr una participación masiva cuyo propósito exacto aún se desconoce, o en el peor de los casos, se sospecha que sean objetivos subversivos.
Muchos han promovido esta supuesta protesta como el ejercicio del derecho ciudadano al voto, sin embargo, existen suficientes elementos para clasificar este evento como violento y potencialmente peligroso para la sociedad.
En la primera marcha realizada hace apenas 5 meses, se observó una conducta violenta por parte de los manifestantes, como la toma de aeropuertos, el secuestro de policías, incendios y saqueos a empresas privadas, así como agresiones a periodistas, entre otros actos. Según un informe de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, se identificó a 21 dirigentes como los principales organizadores de dichas acciones. Entre ellos, destacan Lourdes Huanca y Felix Suasaca Suasaca, quienes habrían organizado reuniones a finales del año pasado con ese propósito. Además, se ha mencionado la presencia de miembros de CONARE-SUTEP, brazo político de Sendero Luminoso. Por esta razón, el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) y vocero de la Policía Nacional aseguró que los principales organizadores de las marchas son miembros de Sendero Luminoso.
Por otro lado, la protesta intentada en su segundo intento careció de convocatoria, posiblemente debido a la falta de financiamiento que existió en la primera, donde se sabe que se pagó a muchas personas de otras partes del Perú para que se manifestaran en Lima. Muchos de ellos denunciaron públicamente que fueron traídos y abandonados a su suerte en la capital.
Con estos antecedentes, resulta evidente que tanto el gobierno como la policía pueden tomar medidas preventivas drásticas, especialmente porque se convoca a la toma de una ciudad, lo cual afecta los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos y se considera una acción subversiva y antidemocrática en busca de derrocar al gobierno actual.
Aún muchos no comprendemos cómo personas que se autodenominan demócratas de centro puedan marchar junto a individuos vinculados a Sendero Luminoso o aquellos que incluso solicitan la liberación de Pedro Castillo.
Si se amenaza con tomar una ciudad, no se está ejerciendo el derecho a protestar, sino anunciando la comisión de un delito.