Comunicadora

Naomi Teruya

Hace tan solo unos días, en el Cusco, se conoció la noticia de que en un centro obstétrico clandestino habrían vendido alrededor de 20 recién nacidos. Esto alarmó a muchos sobre la presencia de presuntas redes que operan silenciosamente.

Según el Ministerio Público, en el 2021, habrían traficado alrededor de 600 niños, estadística que considera los casos que han sido denunciados, investigados y que han logrado, en algunos, ser resueltos. Sin embargo, el panorama es aterrador porque, probablemente, el numero de niños desaparecidos y vendidos son muchos más, pero al no ser denunciados, al no tener una investigación correcta o quedar impunes, esta problemática seguirá creciendo y captando más víctimas.

En Perú, alrededor de un tercio de la población tiene menos de 18 años, lo que resalta la necesidad de asegurar un entorno seguro y saludable para los niños y adolescentes. La pobreza es uno de los desafíos más urgentes. Alrededor del 20% de los niños peruanos residen en hogares que están por debajo del umbral de pobreza, lo que los pone en peligro de carecer de recursos básicos como la comida y la atención médica. Además, la pobreza a menudo obliga a los niños a abandonar la escuela y trabajar para mantener a sus familias, lo que limita sus oportunidades futuras y exponiéndolos a toda clase de peligro en las calles.

El tráfico de niños puede ser de muchas maneras diferentes. Algunas son vendidas a familias que quieren adoptar, pero quieren evitar los costosos procesos legales. Otros son obligados a trabajar en condiciones inhumanas, como la explotación sexual, la minería o la agricultura. Estos niños frecuentemente enfrentan abusos físicos y emocionales, y se les niega la oportunidad de tener una infancia normal. La vía más común es el secuestro de niños, sobre todo cuando son más pequeños, lo que hace mucho más difícil el hecho de que puedan volver a sus hogares.

Si bien ser conscientes de este problema es muy importante, también debemos dudar de muchas organizaciones internacionales que dicen querer ayudar y que terminan priorizando otros temas, con intereses políticos, y no aportando nada sobre la problemática a enfrentar. Debemos exigir a las autoridades que cumplan su rol y, en el caso de los parlamentarios y del ejecutivo, puedan proponer soluciones reales y concretas que, a su vez, no implique darles mayor poder a 

 que lo único que buscan son donaciones y financiamiento para Dios sabe qué.

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Tráfico infantil: un mal silencioso en el Perú, por Naomi Teruya

El limón verde, la joya de los cítricos peruanos, es un ingrediente imprescindible en la cocina en nuestra cocina. Fresco y ácido, protagonista de platos icónicos como el ceviche y bebidas como la Chicha Morada. Además de su versatilidad culinaria, también ofrece valor nutricional, ya que es una rica fuente de vitamina C y antioxidantes. La región de Chulucanas, en Piura, es conocida por producir los mejores limones verdes del país.

En las últimas semanas, hemos visto que su precio se ha desbordado, esto debido a las lluvias que afectaron la región, sobre todo del norte, a principios de año. Esta afectación tuvo como consecuencia la baja producción de limón y, en nuestros días, su escasez en el mercado. Es importante recalcar que el crecimiento del limón necesita de un clima seco.

Según especialistas, la regularización del precio va a depender del factor climático, incluso si todavía se incrementan las lluvias, la escasez podría aumentar hasta diciembre, lo que implicaría que el precio siga subiendo. Incluso, considerando el caso más extremo, se ha recomendado la importación temporal, probablemente de Ecuador (limón Manabí) o de Colombia (limón criollo), para lograr abastecer los mercados de esta fruta imprescindible en la cocina peruana. No obstante, no tienen el mismo sabor que el peruano, llamado limón sutil.

Por su parte, el ministro de economía, Alex Contreras, planteó que se reemplace el limón verde y que los cultivos aumenten. Sin embargo, se sabe que las áreas de cultivo son en lugares específicos, muchos de ellos afectados por las lluvias, y el tiempo de cosecha demora unos años.

El impacto de la escasez del limón es importante porque afectaría al gremio cevichero, a pequeños y medianos empresarios de restaurantes, incluso a todos los productores de limón porque no tendrían qué vender.

Si las lluvias en el país siguen aumentando y el fenómeno del niño comienza a tener mayor fuerza, como se espera lamentablemente, no solo tendríamos escasez de limón, también de otras frutas y verduras imprescindibles en la canasta básica familiar. Incluso ya se está viendo que han ingresado cebollas y huevos de Bolivia, que no tienen la misma calidad que las nacionales, pero que están sirviendo de reemplazo al tener un precio más barato. El gobierno tiene la tarea de tomar las medidas preventivas necesarias y proponer soluciones efectivas. Sin embargo, no se siente que se estén preparando o que realmente estén tomando liderazgo sobre el tema.

Nuestro oro verde, por Naomi Teruya 

A raíz de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en la que precisó que el gobierno podría considerar las drásticas medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el tema ha comenzado a ser relevante para el país. Ante esta situación, deberíamos tener en cuenta algunos puntos:

Primero, los procesos judiciales y el derecho fundamental que posee toda persona a la presunción de inocencia han sido cuestionados a causa de detenciones arbitrarias. De hecho, se ha querido extender la prisión preventiva de los reclusos, supuestamente, para garantizar que las personas encarceladas tengan sentencia sobre la base de una investigación profunda. Sin embargo, en el Perú, la prisión preventiva ha sido tan mal usada en los últimos años que se pretende, por el contrario, que cada vez duren menos. Atentar contra la libertad de una persona presuponiendo hechos delictivos es riesgoso en toda democracia.

Segundo, según el departamento de justicia de los Estados Unidos, Bukele habría pactado con la Mara Salvatrucha, organización terrorista activa en 14 países, para que disminuyan su actividad en el país a cambio de que sus integrantes apresados tengan ciertos privilegios en las cárceles. Esto a espaldas de su propio parlamento, lo que conlleva un acto de ilegalidad dentro de su mandato. Si esto sucediese en el Perú, estaríamos hablando de pactar con terroristas, sin fiscalización parlamentaria.

Tercero, se le acusa a Bukele de estar enfocando sus esfuerzos en la supuesta seguridad del país, dejando de lado la economía. El Salvador todavía no ha logrado generar liquidez de dólares y es así que Bukele propuso el uso de 

 para reemplazar al dólar. Sin embargo, los salvadoreños no lo adoptaron, lo que lo obligó a pedir prestamos de los bancos del dinero de los ahorros de los clientes de estos. Finalmente, vociferó este hecho como un triunfo, pero la realidad es que El Salvador quedó más endeudado.

Ahora bien, si nos contextualizamos en el Perú, el país ya enfrenta una gran deuda de más de 30 mil millones de soles, realizada por el propio Francisco Sagasti. Además, medidas como las de Bukele, podrían propiciar una gran cortina de humo que muestra cómo les quitan la comida a los presos, mientras la pobreza en el país sigue teniendo el mismo porcentaje.

Para finalizar, la mano dura no siempre implica una mano limpia, justa y efectiva. Las soluciones circunstanciales podrían empeorar el panorama permanente. El Salvador ha tenido más de un año de Estado de excepción, ¿eso también quiere el Perú?

¿Necesitamos el plan Bukele?, por Naomi Teruya 

Después del mensaje a la nación de Dina Boluarte en el hemiciclo, durante fiestas patrias, nos ha quedado claro que la actual presidente no ha podido lograr que el país pueda confiar en ella. El personaje construido es totalmente distante al que veíamos como mano derecha de Pedro Castillo y que no tenía reparos incluso en meter las manos al fuego por él.

Muchos sectores, incluso de derecha, pretenden darle apoyo, pero creo que Boluarte no es alguien en quien se pueda confiar, mirarla con recelo y de manera distante es una obligación moral. Sin embargo, es innegable que está siendo la contraparte de la izquierda radical que, lobotomizada, buscan liberar a Castillo y que se restablezca el gobierno corrupto de este. Básicamente, dos hambrientos peleando por el mismo pan.

Por otra parte, la supuesta derecha peruana parlamentaria, pecando como siempre de inoportuna, siguen navegando en un bote sin timón. No solo por las alianzas que están teniendo en el parlamento, sino que además porque no son conscientes de que han perdido toda la credibilidad que a la izquierda le faltaba. Una vez, es un error; más de una, es malicia.

Los peruanos que día a día se esfuerzan por llevar un pan a sus mesas no sienten ninguna afinidad con ningún político. Exceptuando a los que probablemente tengan objetivos políticos, como la liberación de Castillo, que en vez de vestir con orgullo nuestros trajes peruanos, lo usan como un instrumento político y de victimización. Como es el caso de las mujeres que visten de polleras en las últimas protestas que se han realizado en la capital.

No obstante, como vengo diciendo en columnas anteriores, el adelanto de elecciones no asegura tampoco un mejor panorama. Incluso, podría convertirse en una oportunidad para que más corruptos aprovechen la situación y limpien de polvo y paja al propio Castillo. Sin buena oferta política, el voto que se ejerza es carne para los cuervos.

sita de una clase política decente, experimentada y que deje el activismo de lado. Un adelanto de elecciones, de manera espontánea y sin preparación ciudadana, es volver a enfrascarnos en más inestabilidad.

Estamos pagando las consecuencias de la testarudez y el revanchismo.

Dina es parte del problema, por Naomi Teruya 

Según el Ministerio del Interior, en la tercera denominada 

, solo 21 mil personas en todo el país salieron a marchar, de las cuales la mitad fueron a la protesta de la capital. Definitivamente, un número inferior a lo que se esperaba.

Si analizamos la situación con cabeza fría, uno bien podría verificar que estos protestantes fueron los mismos que votaron por Pedro Castillo, incluso varios de ellos todavía piden la liberación de este. Hay también quienes apoyaron al mismísimo Martín Vizcarra y que, por supuesto, salieron a marchar contra Manuel Merino. Sin embargo, sin señales de arrepentimiento y con ganas de señalar al otro, la responsabilidad que no quieren asumir sigue siendo un mal en el país.

La protesta está tan mal planteada que los pedidos, tanto el adelanto de elecciones como la liberación de Castillo, solo tienen en común una cosa: la renuncia de Boluarte.

Por una parte, el adelanto de elecciones no asegura que el panorama político vaya a cambiar y que estemos invirtiendo tiempo, dinero y energía en una acción política y ciudadana que vaya a dar resultados efectivos. Entonces, ¿vamos a estar de adelanto de elecciones en adelanto de elecciones?

Por otra parte, no menos impredecible, la liberación de Castillo, en este momento constituiría un grave historial para los registros judiciales, además que el caso de este todavía podría revelar más indicios de corrupción y sumar a más gente involucrada.

Son justamente estos pedidos los que han distanciado a muchos que poseen un poco de sentido común y que no logran ver criterio claro y justo del lado de los que hoy protestan, pero que en su momento apoyaron a puros corruptos. Cabe recalcar que no necesariamente los que se han distanciado apoyan la gestión de Boluarte o confían en ella, solo que han aprendido a ir con cautela y no dejarse llevar por el grito del momento. De hecho, el 28 de julio se espera el mensaje a la nación de la actual presidenta, Dina Boluarte. Muchos no confiamos en ella y miramos su gobierno con cautela, pero de ninguna manera se nos ocurriría apelar a falsos argumentos para desdeñar y desterrar la posición política que se le ha conferido.

De 33 millones de peruanos, 21 mil personas sólo representan un puñado con objetivos políticos bastante cuestionables y que, contrario a lo que intentan lograr, ya nadie quiere creerles.

Todos son culpables, menos ellos, por Naomi Teruya

En las últimas semanas, se ha anunciado que el próximo miércoles 19 de julio se llevará a cabo la denominada "Toma de Lima" en su tercer intento, con el objetivo de lograr una participación masiva cuyo propósito exacto aún se desconoce, o en el peor de los casos, se sospecha que sean objetivos subversivos.

Muchos han promovido esta supuesta protesta como el ejercicio del derecho ciudadano al voto, sin embargo, existen suficientes elementos para clasificar este evento como violento y potencialmente peligroso para la sociedad.

En la primera marcha realizada hace apenas 5 meses, se observó una conducta violenta por parte de los manifestantes, como la toma de aeropuertos, el secuestro de policías, incendios y saqueos a empresas privadas, así como agresiones a periodistas, entre otros actos. Según un informe de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, se identificó a 21 dirigentes como los principales organizadores de dichas acciones. Entre ellos, destacan Lourdes Huanca y Felix Suasaca Suasaca, quienes habrían organizado reuniones a finales del año pasado con ese propósito. Además, se ha mencionado la presencia de miembros de CONARE-SUTEP, brazo político de Sendero Luminoso. Por esta razón, el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) y vocero de la Policía Nacional aseguró que los principales organizadores de las marchas son miembros de Sendero Luminoso.

Por otro lado, la protesta intentada en su segundo intento careció de convocatoria, posiblemente debido a la falta de financiamiento que existió en la primera, donde se sabe que se pagó a muchas personas de otras partes del Perú para que se manifestaran en Lima. Muchos de ellos denunciaron públicamente que fueron traídos y abandonados a su suerte en la capital.

Con estos antecedentes, resulta evidente que tanto el gobierno como la policía pueden tomar medidas preventivas drásticas, especialmente porque se convoca a la toma de una ciudad, lo cual afecta los derechos fundamentales del resto de los ciudadanos y se considera una acción subversiva y antidemocrática en busca de derrocar al gobierno actual.

Aún muchos no comprendemos cómo personas que se autodenominan demócratas de centro puedan marchar junto a individuos vinculados a Sendero Luminoso o aquellos que incluso solicitan la liberación de Pedro Castillo.

Si se amenaza con tomar una ciudad, no se está ejerciendo el derecho a protestar, sino anunciando la comisión de un delito.

La protesta legítima no toma una ciudad, por Naomi Teruya 

Después de lo vivido durante setiembre del 2019, cuando a Martín Vizcarra, por interpretación propia, se le ocurre disolver el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional acaba de concluir que la denegatoria fáctica es inconstitucional y que debe haber un comunicado formal del parlamento, siempre que se haya dado una segunda negación a la cuestión de confianza del gobierno de turno.

Este fallo, después de 3 años, no podrá ser retroactivo respecto al accionar de Martín Vizcarra y cómplices. Sin embargo, no se puede negar que el Congreso de ese momento también era objetivo del rechazo popular, con justas e injustas razones. De hecho, es preocupante que, tras el fallo del Tribunal Constitucional que acaba de darse, muchos todavía (incluyendo al propio Vizcarra) creen que la disolución de ese momento fue necesaria y que no dudarían en apoyar, otra vez, cualquier disolución que implique afectar al parlamento.

¿El pueblo está sobre la ley? No debería ser así. Los ciudadanos debemos entender que las reglas del juego están justamente para organizar a nuestra sociedad y que podamos convivir unos con otros. Pensar que cada vez que no nos guste la conformación de un parlamento la disolución es la solución es resultado de una carencia democrática y condena a una inestabilidad permanente.

Otra situación también preocupante es la de muchos 

 y/o “periodistas” que en su momento apoyaron la disolución y que, tras el fallo actual, no han dicho ni una sola palabra. Los más caraduras solo se han limitado a decir que este fallo significa darles mayor poder a los congresistas. Obviamente, muestran ignorancia, ya que nuestra Constitución dice claramente que el jefe de estado tiene la facultad de cerrar el Congreso, siempre y cuando se le haya negado dos veces la cuestión de confianza. Gracias al actual fallo de nuestra corte constitucional, esto se debe hacer expresamente desde el parlamento. El ejecutivo no puede interpretar silencios, ni intenciones.

¿Para qué quieren democracia, si rechazan el Congreso?

¿Por qué nadie quiere hablar de esto?, por Naomi Teruya

La última semana se debatió la bicameralidad en el Pleno. Dado que no superó los dos tercios del número legal de congresistas, ahora pasará a referéndum. A este tema, sin embargo, se le acusa de ser la fachada de muchos congresistas para que se puedan reelegir, como si esto dependiera de los electos únicamente y no de los electores. Independientemente de las motivaciones, la alta desaprobación que tiene el Congreso como institución y representatividad hace que cualquier reforma constitucional que implique cierto “beneficio” sea rechazada.

Entonces, ¿los temas a debate tienen anticuerpos porque muchos no están de acuerdo con quienes conforman nuestro Parlamento o porque realmente consideran que ciertas reformas no son buenas para la estructura política? Es así como parece que muchos olvidan que las reformas y los proyectos de ley deben darse a favor de la ciudadanía, ciudadanía que merece tener un Parlamento bien conformado que implique reelegirlos si así lo consideran y que sean precursores de lo que es la política: el arte de debatir y negociar el poder en beneficio de todos.

Distante de lo real y el deber, imaginando el Congreso ideal para caviares, el cual apruebe miles de proyectos de ley para beneficiar a organizaciones que nadie conoce y, junto con el principal objetivo de la izquierda más radical, multiplicar más el rol del Estado para así seguir perpetuándose en puestos de trabajos que por meritocracia no obtendrían (al final es una forma de reelegirse para seguir parasitando). No muy diferente actuaría la supuesta derecha que tenemos, que maximizaría el mercantilismo y el amiguismo para seguir obteniendo beneficios de los contribuyentes que dicen defender.

No hay duda de que la idea del Congreso perfecto depende de los valores de quien lo conceptualice, porque siempre se querrá que la mayoría sea la que mejor comulgue con los estándares propios. La realidad es que ningún Congreso es popular y no debería serlo. Además consideremos que cada cuadro legislativo es el reflejo de quienes los eligen, el mal que criticamos es la proyección de nosotros mismos como sociedad.

¿Acaso estamos condenados en la desdicha de seguir soportando pseudopolíticos y narrativas que nos venden idealismos que nos dividen?

¿Y si tuviéramos un Congreso ideal?, por Naomi Teruya

A diferencia de lo que muchos creen, la cultura no se cimenta en los bailes tradicionales o en las obras de arte, esto es simplemente una consecuencia de la cosmovisión de un pueblo. Lo que verdaderamente construye cultura son las creencias y los juicios de valor que se hace entre lo bueno y lo malo. También se piensa que la política es la que puede salvar a un país de convertirse en una nación inmoral y sin escrúpulos, repitiéndose el paradigma. La política no es más que el reflejo de la propia cultura que no solo se evidencia en los políticos, también en la gente que vota por ellos.

Por eso tantos hacen esfuerzos en lograr un frente político, pero sin haber inmerso en la cultura es en vano. No importa cuantas leyes se aprueben o desaprueben, mientras existan canciones que glorifiquen lo inmoral y superficial de nuestra sociedad, se seguirá siguiendo patrones que vuelven miserable a todo un país.

¿Por qué los discursos de izquierda son tan populares? ¿Por qué se piensa que trabajar es menos importante que exigir derechos inexistentes? ¿Por qué la región de América tiene alto índice de personas que no trabajan, ni estudian? Lamentablemente, hemos transitado por la cultura que idealiza a los famosos y que quieren la vida de ensueños sin el mínimo esfuerzo. Somos culpables de haber abrazado ideas nocivas justificándolas como “entretenimiento” y dejando que forjen nuestra moral y nuestro sentido de juicio.

Los lunes de trabajo también son un regalo; el dinero que se ahorra también es parte de la inteligencia económica que tenemos que cultivar; castigar al que tiene más para dárselo al que tiene menos debería ser un horror; además, pensar que uno merece beneficios por el color de piel, la sexualidad o el sexo debería ser considerado como un rasgo psicológico el cual tratar.

La direccional del país seguirá siendo el tener políticos (dícese de las personas que ejercen la política) y políticas (dícese de las regulaciones y leyes que rigen el gobierno) espantosas mientras sigamos enfrascados en el que “

porque todo el mundo lo hace, yo también lo haré

La cultura sobre la política, por Naomi Teruya 

El 17 de junio del 2021, en Canadá, se realizó la segunda conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, donde también colaboraron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y las Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En dicho evento estuvieron representantes de la Unión Europea y algunos funcionarios públicos de países del continente americano, entre ellos el presidente de nuestro país en ese momento, Francisco Sagasti.

Dicha reunión tenía como objetivo la presentación de los procesos realizados y la identificación de las acciones a futuro que se tomaría en conjunto, incluyendo financiamiento de países europeos y asiáticos hacia los países americanos que enfrentan la crisis migratoria. Es así como Sagasti pide la suma de $946.943.550 para financiar proyectos que, según él, buscaba brindar ayuda humanitaria a venezolanos que piden refugio en países como Perú, Ecuador, Colombia y Argentina.

Poco se sabe de estos acuerdos y financiamientos, de hecho, Perú habría presentado dos proyectos, que nadie conoce, en la conferencia. Sin embargo, estos habrían justificado el requerimiento económico de Sagasti. Es más, en la primera convocatoria de esta conferencia, realizada un año antes, el 

Regional Refugee and Migrant response plan 

(RMRP), pidió la suma de $ 1.410 millones de dólares para que países como el Perú puedan enfrentar la crisis migratoria efectuando procesos de regulación y solventando refugios, supuestamente.

Entre los países donantes se encuentra Estados Unidos como el país que más dinero ha desembolsado, alrededor de 400 millones de dólares. Además, que, cabe resaltar, el Banco Mundial habría prestado cerca de 600 millones de dólares.

Por eso, surgen preguntas genuinas: ¿la migración se ha convertido en un negocio? ¿con qué finalidad estos países desembolsan tanto dinero? ¿por caridad? ¿por qué hay tan poca información sobre la administración de este dinero? ¿vamos a seguir recibiendo migrantes y seguir pidiendo financiamiento (donaciones y préstamos) de fuera? ¿por qué nunca se discute sobre el origen de este problema: la dictadura venezolana?

No estamos hablando de financiamiento privado, todo el dinero donado o prestado, la mayor parte, es financiamiento público de países que, a través del impuesto cobrado a sus ciudadanos, terminan en países que no pueden regular y fiscalizar sus fronteras. En el peor de los casos, no regularizan, ni fiscalizan para seguir pidiendo dinero, ¿bajo qué acuerdos? No lo sabemos.