Actualmente se siguen escuchando opiniones de algunos abogados sobre que el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo no perpetró ningún golpe de estado. Asimismo, muchos dirigentes sociales siguen manteniendo y difundiendo la idea de que al exmandatario lo hicieron caer en una trampa para derrocarlo y así ir en contra del voto popular. Ello se puede corroborar con los pedidos en las últimas marchas, los cuales estaban dirigidos a la liberación y restitución de Castillo en el cargo presidencial.
Dichas posturas, a pesar de que podrían considerarse como parte del derecho a la libertad de expresión, son preocupantes, ya que, debilitarían la idea de consolidar el Estado de derecho y la democracia.
Es por eso por lo que, con firmeza y convicción, quienes creemos en la auténtica democracia y en el respeto a la institucionalidad, debemos decir que lo que hizo Pedro Castillo fue un rompimiento del orden constitucional, que contraviene lo establecido en nuestra Carta Fundamental, así como a los principios y valores democráticos.
En primer lugar, el expresidente Castillo no respetó la Constitución al querer disolver el Congreso de la República de manera ilegal, al querer concentrar el poder y gobernar mediante decretos, así como, al intentar reorganizar el sistema de justicia de manera arbitraria.
En ese sentido, lo que ocurrió ese mes de diciembre, no debe trivializarse ni mucho menos dejarse al olvido, ya que, fue una fecha en la que nuestra frágil estabilidad democrática y nuestros derechos y libertades ciudadanas estuvieron en un alto riesgo.
Los que no quieren reconocer la magnitud peligrosa de aquel acto, lo hacen motivados más que todo por una cuestión ideológica, que jurídica. E intentan engañar y manipular a una parte de la población con el afán de que defiendan sus intereses particulares, contraviniendo los intereses de la sociedad.
Negar el golpe de estado de Pedro Castillo es ir en contra de la democracia.