Hace un par de días, el Poder Judicial amplió por ocho meses la investigación preparatoria seguida a Pedro Castillo por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del año pasado. Ante ello, en RPP entrevistaron a uno de los abogados del golpista, el argentino Guido Croxatto, para que brinde sus declaraciones y apreciaciones respecto a dicha medida.
Las declaraciones del abogado argentino han llamado la atención, ya que, aparte de haberse mostrado un tanto pedante con los periodistas que lo entrevistaron, tratando de ningunearlos e intentando mostrarse como alguien superior a ellos debido a los estudios que había realizado, sus fundamentos de defensa no serían acordes a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico constitucional.
Según Croxatto, no se siguió el procedimiento constitucional ni se respetó el Reglamento del Congreso cuando se destituyó a Castillo. Sin embargo, lo que no toma en cuenta el abogado es que, ante el contexto excepcional en el que se desarrollaron los hechos del golpe de estado, no se podría haber llevado a cabo el procedimiento de acusación constitucional de manera regular o normal. Lo cual no hace que ello sea algo inconstitucional o ilegal. Esto se debe a que, al estar frente a una situación extraordinaria en la que el orden constitucional y democrático estaba en riesgo, se debió actuar también de forma excepcional, célere e instantánea, tal como lo hizo el Congreso de la República ante el golpe de estado fallido de Pedro Castillo, a fin de salvaguardar la integridad democrática.
Entonces, el 7 de diciembre de 2022 estuvimos ante un hecho político y, más que todo, jurídico, insólito, en el cual nuestro Estado de Derecho estuvo en peligro debido a las intenciones antidemocráticas de un presidente incapaz de brindar estabilidad y confianza a la población. Si no se hubiera reaccionado de manera oportuna e idónea, tal vez estaríamos ante una dictadura en la cual nuestros derechos fundamentales estarían siendo transgredidos.
Reitero nuevamente que quien no respetó la Constitución fue Pedro Castillo, convirtiéndose en un golpista al intentar disolver el Parlamento de manera ilegal, contraviniendo el principio de separación de poderes al pretender reorganizar el sistema de justicia de manera arbitraria y al querer concentrar el poder político.