En un momento en el que la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia ocupan un espacio crucial en la agenda nacional, las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador han provocado que otros países volteen a mirarlo como ejemplo. A raíz de esto, se generó el inevitable debate sobre su aplicabilidad en el Perú.
El Reporte conversó con el exministro del Interior Fernando Rospigliosi sobre la aplicabilidad de estas leyes en el país, quien considera que estas son “viables y necesarias”.
“Entendiendo que se trata de aplicar medidas firmes y enérgicas para luchar contra la delincuencia. No se trata de copiar exactamente lo que se ha hecho en El Salvador, que es un país mucho más pequeño y que está invadido por las maras. Aunque nuestros problemas son distintos, son similares en el sentido de que hay una ola de delincuencia muy fuerte, como el caso del Tren de Aragua”, declaró.
Sin embargo, no cree que estas medidas se puedan aplicar por la tibieza de las autoridades que están en el cargo de ministerios cruciales como Defensa e Interior, cuyo accionar político se basa en ser “corchos flotando en el agua sin generar olas” y sin ánimos de tomar medidas firmes.
Autoridades se pronuncian
Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, sugirió que algunas estrategias podrían ser adaptadas al contexto peruano, especialmente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la migración ilegal. Otárola destacó que "El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina", y aunque reiteró que Perú tiene su propia política de seguridad pública, abrió la puerta a la posibilidad de aprender de los logros salvadoreños. En palabras del propio premier, "se podría, ciertamente se podría".
Otárola apoya la implementación de algunas medidas aplicadas en El Salvador
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Javier Arévalo Vela, captó la atención a inicios de esta semana luego de que también se pronunciara a favor de considerar las estrategias aplicadas en El Salvador. Hizo hincapié en la necesidad de una cooperación efectiva entre las entidades del sistema de justicia y las fuerzas de seguridad para enfrentar de manera contundente la creciente criminalidad que preocupa a la población. “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?, declaró el ministro.
El plan ejecutado por Nayib Bukele ha generado mucho respaldo pero también algunos cuestionamientos.
Algunos analistas argumentan que las medidas implementadas en El Salvador han erosionado la institucionalidad y reducido las garantías constitucionales, llevando al país por un camino que se asemeja más a una dictadura que a una democracia.
En este sentido, Daniel Maurate, ministro de Justicia, aboga por un "modelo peruano" que enfatice la resocialización y la prevención del delito. Reconoció que se está trabajando en un plan que busca evitar que los jóvenes ingresen a las cárceles y que se base en la educación y la cultura como herramientas de transformación social.
¿Qué es el plan Bukele?
El 20 de junio de 2019, el presidente de El Salvador Nayib Bukele, presentó su enfoque estratégico de seguridad bajo el nombre de "Plan de Control Territorial". Este plan se orientó hacia tres esferas cruciales: el dominio penitenciario, la interrupción de la financiación al crimen organizado y el fortalecimiento de los organismos de seguridad. Con un total de siete fases cuidadosamente delineadas, de las cuales cinco ya han sido puestas en marcha, esta estrategia ha conducido a más de 61 mil individuos a las celdas penitenciarias.
Uno de los aspectos que resalta en la estrategia de Bukele es el control territorial de las zonas conflictivas. Este se basa en la presencia activa de las fuerzas de seguridad en áreas donde la delincuencia es más alta.
La aplicación del "Plan Bukele" en el Perú ha desencadenado un interesante debate sobre la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia. Si bien es crucial adaptar cualquier estrategia a la realidad del Perú no podemos ignorar los logros que han sido obtenidos en El Salvador. La seguridad ciudadana es un desafío compartido que requiere el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad para lograr un cambio duradero y positivo.