A raíz de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en la que precisó que el gobierno podría considerar las drásticas medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el tema ha comenzado a ser relevante para el país. Ante esta situación, deberíamos tener en cuenta algunos puntos:
Primero, los procesos judiciales y el derecho fundamental que posee toda persona a la presunción de inocencia han sido cuestionados a causa de detenciones arbitrarias. De hecho, se ha querido extender la prisión preventiva de los reclusos, supuestamente, para garantizar que las personas encarceladas tengan sentencia sobre la base de una investigación profunda. Sin embargo, en el Perú, la prisión preventiva ha sido tan mal usada en los últimos años que se pretende, por el contrario, que cada vez duren menos. Atentar contra la libertad de una persona presuponiendo hechos delictivos es riesgoso en toda democracia.
Segundo, según el departamento de justicia de los Estados Unidos, Bukele habría pactado con la Mara Salvatrucha, organización terrorista activa en 14 países, para que disminuyan su actividad en el país a cambio de que sus integrantes apresados tengan ciertos privilegios en las cárceles. Esto a espaldas de su propio parlamento, lo que conlleva un acto de ilegalidad dentro de su mandato. Si esto sucediese en el Perú, estaríamos hablando de pactar con terroristas, sin fiscalización parlamentaria.
Tercero, se le acusa a Bukele de estar enfocando sus esfuerzos en la supuesta seguridad del país, dejando de lado la economía. El Salvador todavía no ha logrado generar liquidez de dólares y es así que Bukele propuso el uso de bitcoins para reemplazar al dólar. Sin embargo, los salvadoreños no lo adoptaron, lo que lo obligó a pedir prestamos de los bancos del dinero de los ahorros de los clientes de estos. Finalmente, vociferó este hecho como un triunfo, pero la realidad es que El Salvador quedó más endeudado.
Ahora bien, si nos contextualizamos en el Perú, el país ya enfrenta una gran deuda de más de 30 mil millones de soles, realizada por el propio Francisco Sagasti. Además, medidas como las de Bukele, podrían propiciar una gran cortina de humo que muestra cómo les quitan la comida a los presos, mientras la pobreza en el país sigue teniendo el mismo porcentaje.
Para finalizar, la mano dura no siempre implica una mano limpia, justa y efectiva. Las soluciones circunstanciales podrían empeorar el panorama permanente. El Salvador ha tenido más de un año de Estado de excepción, ¿eso también quiere el Perú?