En la órbita de Boluarte, a casi 10 meses de su asunción presidencial, la contradicción se ha vuelto una variable sintomática. Ya es habitual ver que un elemento de su entorno —la misma presidenta, el eterno premier, etc.— extiendan un supuesto pensamiento de gobierno y luego en el corto plazo alguien lo desdiga. Y no solo pasa por el terreno oral —como con el gran anuncio del adelanto de elecciones, el Plan Bukele y más—. También hay una colisión en el campo simbólico. Ahí tenemos como botón la reciente renuncia de la ministra de Educación, Magnet Márquez, que termina exponiendo a una mandataria que todavía no prescinde del ideario castillista al respaldar una movida congresal que pone en peligro a la educación.
Este última secuencia arrancó con la dimisión de la titular del Minedu, Márquez, quien señaló que fue exhortada a hacerlo por el mismo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Informó que esto fue consecuencia de un desencuentro por haber puesto sobre la mesa su rechazo a un dictamen aprobado en la Comisión de Educación del Parlamento: uno que permitiría el nombramiento automático de 14.000 profesores que no rindieron la prueba exigida a fin de obtener un título pedagógico profesional. Para la saliente funcionaria esto era un golpe a la meritocracia.
Extrañamente, el premier coincidía antes con este prisma, específicamente en un pronunciamiento que hizo en junio de este año. ¿Cambió de opinión? Parece que sí. Esta fricción incluso habría llegado tan lejos que provocó aparentemente renuncias en cadena en el gabinete. Aunque también trascendió que fueron cambios para refrescar el ambiente.
Lo cierto es que es imposible no estar de acuerdo con la ahora exministra. Sin embargo, no ahondaré en esta iniciativa que ha provocado un movimiento telúrico en el Ejecutivo. Haré hincapié en cómo ha quedado vigente el ADN del golpista en el trabajo de Boluarte. La invitación al despido no tiene la forma de una simple desavenenencia, es una marca de gobierno imponiéndose.
Esta propuesta ya había tratado de encarrilarse en el régimen chotano con el entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo. La síntesis de sus argumentos —como lo dijo en octubre de 2021 antes de ser censurado— es que se debía poner por encima el tiempo trabajado antes que el rendimiento académico. No pensó en buscar otras alternativas como ayudarlos en su preparación para aprobar esta prueba magisterial—esto recién se planteó en noviembre del 2022, a semanas del golpe—. El plan era entregar a dedo un reconocimiento que ponía en segundo plano el esfuerzo de otros y que amplificaba una posible pleitesía de esos miles de maestros.
El Minedu luego se suavizó cuando assmió Rosendo Serna, quien ya no hablaba de un nombramiento automático sino de mejorar las pruebas porque estaban “orientadas a desaprobar”. Casi el símil de un universitario excusándose de desaprobar el examen de admisión porque incluyó materias que no iba a estudiar. Por eso hay un tiempo de gracia para meterse de lleno en lo que vendrá: no es una guerra aleatoria, es una guerra avisada. Paradójicamente después se destapó que Serna habría plagiado el 70% de su tesis doctoral.
Este paneo exhibe una peligrosa semblanza de Boluarte. Esta fórmula perjudicial para apoyar al profesorado es una sombra del historial chotano. El gobierno olvida que el sector Educación ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. A los colegios en mal estado, al difícil acceso que tienen menores de bajos recursos, y un largo etcétera, ahora le quieren agregar una fuerte cantidad de profesores antes que profesores de calidad. No pueden dar licencias así nomas como si fueran una sucursal de este turbulento mundillo de Azángaro, en el Centro de Lima.
Por otra parte, el Ejecutivo debe mejorar a la hora de presentar en público el pensamiento de gobierno. Primero pasó con el adelanto de elecciones. Estaban en contra y luego plantearon un proyecto, cediendo ante la presión. ¿Cuál es el mensaje? También Otárola tuvo un episodio con Jorge Chávez, de Defensa: uno dijo que la crisis ya había terminado; el otro luego dijo que no. Hay otro capítulo del mismo Otárola con Daniel Maurate, de Justicia, por la muerte de un manifestante. O por último la misma Dina traiciona a sus propias palabras cuando dice que es transparente, pero mantiene en un duro secretismo los encuentros que tienen en la residencia presidencial.
La palabra y el hecho no pueden seguir siendo una disonancia. Esto solo alimenta los maquinaciones desestabilizadoras.