La Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Congreso de la República están en medio de una agitación política. Lo que debería haber sido una institución destinada a promover la independencia y la integridad del poder judicial, según Martín Vizcarra y sus seguidores que respaldaron la creación de este organismo en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se ha convertido en un campo de discordia y controversia.
La decisión del Congreso de investigar a los miembros de la JNJ ha provocado un debate intenso, en el que no han faltado quienes acusan a este poder del Estado de ser abusivo o autoritario. Sin embargo, a medida que se examina esta situación, se vuelve evidente que estas investigaciones son necesarias.
Irregularidades
Las alegaciones presentadas en la moción de investigación están respaldadas por sólidos argumentos. En primer lugar, la permanencia en el cargo de la magistrada Inés Tello, quien cuenta con 78 años, plantea cuestionamientos válidos. Esta prolongada permanencia, aparentemente con la complicidad activa de otros miembros de la Junta Nacional de Justicia, es motivo de preocupación. Se debe cuestionar si esta situación afecta la capacidad de la magistrada para cumplir sus deberes de manera efectiva y garantizar la independencia del organismo.
Inés Tello, una de las más cuestionadas.
En segundo lugar, existe evidencia que sugiere una posible filtración de información confidencial al Instituto de Defensa Legal (IDL). Esto plantea serias interrogantes sobre la integridad y la confidencialidad en el manejo de datos sensibles por parte de la JNJ. Garantizar la confidencialidad es esencial para mantener la confianza del público en el sistema de justicia y en las instituciones encargadas de supervisarla.
Asimismo, es necesario investigar a fondo la interferencia de la Junta Nacional de Justicia en asuntos relacionados con la fiscal Zoraida Ávalos. Esta intromisión en cuestiones específicas, particularmente en asuntos políticamente sensibles, socava la independencia de las instituciones. Como organismo constitucional autónomo, la JNJ no debería involucrarse en disputas políticas ni tomar partido en asuntos que estén fuera de su competencia.
Aunque pueda parecer un detalle menor, la falta de presentación de informes anuales por parte de la JNJ plantea interrogantes legítimas sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, la expresión de opiniones por parte de la JNJ sobre casos específicos y políticamente sensibles socava la confianza en la independencia de las instituciones judiciales y debilita la autoridad de los poderes establecidos para tomar decisiones en estos asuntos. Lo más preocupante es que esta no es la primera vez que se observa tal comportamiento.
La defensa
Durante los últimos días, Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, estuvo dando declaraciones a varios medios de comunicación para mostrar su rechazo a la investigación iniciada por el Congreso. Su objetivo obviamente es defender a su institución frente a todas las críticas. En todas sus apariciones ha tratado de desmerecer las imputaciones en contra de la JNJ y argumentó que hay irregularidades en el proceso iniciado por el Legislativo.
Vásquez defendió con sus intervenciones a la JNJ
Respecto al cuestionamiento sobre la edad de los miembros de la JNJ, Vásquez argumenta que la Constitución establece un rango de edad entre 45 y 75 años para acceder a la JNJ, pero no para permanecer en ella.
En relación con el comunicado emitido sobre la inhabilitación de Zoraida Ávalos, Vásquez defiende que la JNJ tiene la responsabilidad de proteger la independencia de jueces y fiscales y que su llamado a la reflexión no constituye una vulneración de la separación de poderes. No obstante, y de manera contradictoria, destaca el derecho a la libre expresión, especialmente en asuntos relacionados con la independencia judicial.
En cuanto a la falta de presentación de informes anuales, uno de los puntos más criticados a la institución, Vásquez argumenta que la Ley Orgánica de la JNJ y el Reglamento del Congreso no establecen un procedimiento específico para presentar informes anuales. Esta respuesta es insatisfactoria. Aunque es cierto que la Ley Orgánica de la JNJ y el Reglamento del Congreso pueden no establecer un procedimiento específico para la presentación de informes anuales, esto no exime a la Junta Nacional de Justicia de su responsabilidad de rendir cuentas de manera transparente.
Pronunciamiento inválido
Un comunicado supuestamente emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en apoyo a los miembros de la JNJ fue desenmascarado como una acción individual de un funcionario administrativo chileno de corte izquierdista llamado Igor Garafulic. Este comunicado fue ampliamente criticado por interferir en asuntos locales y políticos, ya que no contó con la aprobación adecuada de la Asamblea de la ONU ni de la Secretaría General.
Además, según se contempla en el artículo 157 de la Constitución, es posible destituir a los miembros de la JNJ, y esta facultad es ejercida por el Congreso a través de un proceso normado y con una decisión mayoritaria de 87 congresistas.
La situación continúa desarrollándose y generando preguntas sobre la independencia judicial y la transparencia institucional. El desenlace de las investigaciones y las respuestas de las partes involucradas aún están por venir.