Hoy en día, una vez más nos encontramos frente a una "guerra de poder" por el supuesto control de la Junta Nacional de Justicia, que nos impuso Vizcarra (con sus "sugerencias" de votación) dentro de las reformas constitucionales planteadas a través del referéndum de diciembre de 2018.
En aquellos tiempos, los entonces miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) habían "caído en las garras de la corrupción", y como en el Perú la corrupción básicamente es un "problema institucional" y no de principios éticos morales inherentes a las personas; nuestras autoridades políticas se dejaron llevar por el populismo, promoviendo la disolución del CNM para dar paso a una institución supuestamente más "transparente", denominada "Junta Nacional de Justicia (JNJ)".
Curiosamente, las funciones de nombramiento y los procesos de control de magistrados y fiscales que estaban encargados al CNM no han variado sustancialmente de aquellos que tiene a su cargo la JNJ; es decir, se nombran, ratifican, sancionan, promueven o destituyen jueces y fiscales, y se encargan de seleccionar y nombrar al Jefe de ONPE y el RENIEC; quedando claro que, como en cualquier institución, sus funciones eran perfectibles.
Entonces, ¿qué cambió?: Básicamente, la forma de elección de los miembros de la Junta, la cual fue trasladada a un "Comité Especial" de personalidades más cercanas al entorno político; y distantes de la sociedad que finalmente resulta sometida a los profesionales que dicha entidad fiscaliza.
En el caso del CNM, la nómina tenía una representación más "directa" de la sociedad civil, pues de los 7 miembros del Concejo, 3 eran elegidos por los miembros de los colegios profesionales, y 2 por los representantes de las universidades. Los otros 2 miembros eran elegidos por la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos.
El "Comité Especial" que nombra a los miembros de la JNJ, en reemplazo de los procesos electorales en los colegios profesionales, la Corte Suprema y la Junta de Fiscales supremos; lo componen directamente: El Presidente del Poder Judicial (Cargo de Rotación anual), El Fiscal de la Nación (Cargo de rotación anual), el Presidente del Tribunal Constitucional (cuyos miembros los elige el Congreso), el Contralor General de la República (Designado por el Congreso por 7 años), el Defensor del Pueblo (últimamente nombrado en cuestionables negociaciones políticas con Cerrón), y 2 miembros designados por las Universidades. Es decir, con excepción de los representantes del comité que son nombrados por las Universidades, los 5 miembros restantes corresponden con personalidades interesadas o de índole política.
Y, ¿dónde vamos con todo esto?
Pues bien, aun cuando esté pasando de manera muy subliminal; debemos empezar a reconocer que últimamente se viene produciendo una indebida e innecesaria instrumentalización política de la justicia; y conforme va pasando el tiempo desde que inició funciones la famosa JNJ, ésta no ha tomado cartas en el asunto; sin embargo, existe un importante sector de la prensa (supuestamente alternativa o independiente) que, junto al grupo de opinólogos caviares; vienen acusando una intervención del congreso, y/o la fiscal Benavides para la modificación de los miembros de la JNJ sin los supuestos argumentos válidos o suficientes. Incluso hoy en día, están acudiendo a organismos internacionales para decir que hay una "violación de la independencia y el equilibrio de poderes por parte del Congreso".
Pero, ¿por qué no se puede entender que sucede lo contrario?, es decir que hay presión política/social para coartar las facultades de fiscalización de un congreso; que nos guste o no, ha venido desarmando un entramado de amiguismo y contubernios informales que otrora había copado las instituciones del estado. Hoy existe una guerra no formal contra cualquier acción del Parlamento que suponga hacer cualquier control político en ciertas instituciones.
¿Acaso podría esperarse una batalla de menores dimensiones?
Lamentablemente NO, pues luego de haber politizado innecesariamente la conformación de una institución que en principio debía ser más cercana a la sociedad civil; los grupos de poder político/ideológico que ya han copado algunas posiciones, no están dispuestos a ceder respecto de las mismas; peor aun cuando últimamente han ido perdiendo importantes cuotas de poder; tras lo cual, lo justo sería sopesar un poco más las cosas, antes de atacar sin contemplaciones.
Para darnos una idea de algunos de los cuestionamientos a la JNJ, hoy en día tenemos que la Sra. Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco -Miembro Titular de la Junta-, tiene más de 77 años de edad. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, debería ocurrir la "separación del cargo por alguno de los impedimentos y prohibiciones" establecidos en la Ley, y de acuerdo con lo establecido el Art. 10 de la misma norma, para ser miembro de la JNJ se requiere "Ser mayor de 45 años y menor de 75 años"; en consecuencia, la Presidente de la propia Entidad, debería declarar la vacancia de su par por efecto automático de la ley; pero ello no ocurre, motivando que la congresista Patricia Chirinos presente un proyecto de Ley para forzar dicho efecto, cuando en realidad ello no debería ser necesario, más aún; teniendo en cuenta que teóricamente en el Perú, la Jubilación es obligatoria cuando las personas cumplimos los 70 años.
Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2 de la citada Ley Orgánica; la JNJ debería presentar un informe anual ante el Pleno del Congreso; sin embargo, y amén de que en la memoria de los congresistas o del propio parlamento, no haya registro de la entrega/presentación del "informe anual" de los años pasados; resulta por lo menos curioso que en la web de la Entidad en cuestión, los informes en referencia, recién han sido publicados el pasado 17 de agosto del 2023.
Así las cosas, y estando a los notorios e innecesarios incumplimientos de funciones básicas e inherentes a la JNJ; no debería ser sorpresa ni molestia, que una Institución como el Congreso de la República -que tiene injerencia en el nombramiento de 3 de los 7 miembros del Comité que nombra sus integrantes- con facultades suficientes para la remoción de sus miembros (Art. 157 de la Constitución), decida realizar una investigación. Recordar además que la JNJ NO ES UN PODER DEL ESTADO, es solo un ente "autónomo" dedicado al control de la magistratura y por ende, formalmente tampoco es parte del Poder Judicial.
Amén de los matices descritos en los párrafos anteriores, lo cierto es que la elección de los jueces y fiscales debería ser lo más cercano posible a la participación de la Sociedad Civil peruana, para de alguna manera promover una mayor compenetración entre la actuación de los jueces y la población sobre la que ejercen su jurisdicción; pues si algo logró la modificación "vizcarrista" gracias a la anuencia de una parte importante de la caviarpolitik, es que la JNJ esté más lejos que nunca de ser un ente de representación de la voluntad popular.
Una de las bases para el funcionamiento de la democracia radica en que, así como la población elige a los representantes del Legislativo o al Presidente en el Ejecutivo; tiene que poder hacer lo mismo con el Poder Judicial; y en caso esto último sea demasiado complejo, al menos tener un sistema de representación paralelo equivalente, para que un órgano colegiado -verdaderamente independiente de las injerencias políticas de los 3 poderes del Estado-; lleve a cabo los procesos de selección y control de los funcionarios que conforman la Magistratura. Por eso desde esta columna alzamos la voz para pedir a nuestros políticos y "opinólogos" que, ¡Devuelvan las facultades de elección y control de los jueces a la Sociedad Civil!
Evidentemente, será complicado que el Perú pueda alcanzar a corto o mediano plazo; los sistemas de elección directa que existen en algunas localidades de los Estados Unidos de América, -donde los candidatos que se postulan a juez o fiscal de distrito, indican sus filiaciones e intereses políticos frente a los electores-; pero al menos deberíamos empezar por regresar a las elecciones con participación voluntaria mediante la representación de la sociedad civil a través de los miembros de los colegios profesionales. Incluso, para facilitar tan tediosas jornadas; dichos procesos electorales podrían servir de ensayo para los nuevos métodos de participación ciudadana como el voto electrónico remoto, o incluso por correo electrónico.