La cambiante situación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido el tema político que ha acaparado los titulares de esta semana. Especialmente por la incertidumbre que rodea a este organismo constitucional que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Uno de los hechos más relevantes relacionados a la JNJ fue que la Comisión de Justicia del Congreso, bajo la presidencia de la perulibrista Janet Rivas, citó a todos los miembros de la JNJ para que brinden sus descargos en relación con imputaciones que podrían constituir supuestas "faltas graves". Entre estas, se cuestiona que el ente actuó con fines políticos, por el pronunciamiento institucional de los magistrados a favor de la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos, así como una supuesta intromisión ante la Corte Suprema de Justicia para que dicha instancia se pronuncie contra la decisión de inhabilitarla de la función pública.
Una de las principales críticas al proceso iniciado por el legislativo es que la investigación sería irregular o arbitraria e incluso que se estaría realizando con una rapidez sospechosa. Sin embargo, Gerardo Eto Cruz, ex miembro del Tribunal Constitucional, opina que las investigaciones que se vienen dando obedecen al margen de acción del Congreso.
“Veo que pretenden deslegitimar la prerrogativa parlamentaria porque se estaría llevando a cabo en un plazo corto. Los miembros de la JNJ tienen conocimiento de los cargos que se le imputan y, como tal, deben de preparar su derecho de defensa. Una eventual celeridad parlamentaria, según con el cristal con que se mire, obedece a ciertos prejuicios. Lo cierto es que la JNJ constitucionalmente está siendo objeto de un proceso parlamentario y no puede deslegitimar esa competencia que la Constitución otorga al Congreso”, declaró a El Reporte.
Dilatando la investigación
Un punto que llama la atención es la prolongación del proceso. La sesión parlamentaria, originalmente programada para el pasado viernes 15 de septiembre, se pospuso para la próxima semana, creando incertidumbre y desconfianza en la gestión de esta investigación. Janet Rivas justificó la postergación aduciendo problemas de salud. Esta pausa involuntaria ha abierto espacio para especulaciones y cuestionamientos sobre la coherencia y continuidad de la investigación.
“Parece que los parlamentarios ya se acobardaron”, declaró el analista político Fernán Altuve para este medio. No podría, entonces, descartarse la posibilidad de que una parte del parlamento podría dar un paso al costado en este cometido.
La situación se complica aún más con la admisión a trámite de una demanda de hábeas corpus, presentada por el abogado Carlos Vladimiro Paredes Flores, a favor de los miembros de la JNJ por parte del Poder Judicial.
Esta demanda no solo se dirige a figuras clave en el Congreso de la República y la Comisión de Justicia, sino también a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a la jueza Jaqueline Tarrillo Meneses del Sexto Juzgado Constitucional de Lima. Según la demanda, estas autoridades están cometiendo un supuesto atentado contra la libertad individual en relación con el debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales.
En la resolución se indica que el abogado Paredes acusa a las citadas autoridades de cometer un presunto atentado contra la libertad individual en conexidad con el debido proceso y motivación de resoluciones judiciales.
“Los demandados vulneran derechos fundamentales conexos con la libertad de los beneficiarios magistrados de la Junta Nacional de Justicia, en vulneración del artículo 150° de la Constitución Política del Perú, que señala que: “…La JNJ es independiente y se rige por su Ley Orgánica”; artículo 154 literal 3, que señala: “…son funciones de la JNJ literal 3. Aplicar la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales Supremos…”, se lee en el documento.
Un tema de forma
La moción presentada en el Congreso, que proponía la remoción en bloque de los miembros de la JNJ, podría interpretarse como un error político. Aunque es innegable que existen actos atribuidos a la JNJ que ameritan ser investigados en profundidad, la decisión de plantear la destitución conjunta desde el inicio del proceso se ha convertido en un terreno fértil para la oposición, que ha aprovechado esta estrategia para desestimar el contenido de la moción y evitar una discusión pormenorizada sobre las imputaciones individuales. Este enfoque inicial ha desviado la atención de los hechos que merecen un escrutinio exhaustivo y ha sembrado dudas sobre la objetividad de la investigación.
Gorriti se pronuncia
Gustavo Gorriti, citado por la comisión, se ha negado a acudir al Congreso y ha calificado el proceso como una "farsa" y una "charada", expresando abiertamente su desprecio por la investigación en curso.
“No concurriré porque esa farsa, esa charada de “proceso” a lo Barrio King no merece otra cosa que rotundo desprecio y total oposición. La banda que maneja el Congreso y somete al Ejecutivo ha cruzado una línea detrás de la cual le será difícil recular. El atropello matonesco, el lenguaje de tinterillos prepotentes con el que gente que no tiene trayectoria sino prontuario intenta tomar el control virtualmente total del Estado, está a punto de tropezar con su realidad”, comentó el cuestionado periodista en una columna de opinión.
La investigación en curso, la suspensión de la sesión parlamentaria y la demanda de hábeas corpus han arrojado una sombra de incertidumbre sobre el proceso. Además, la estrategia inicial de destitución conjunta ha generado controversias y distracciones que amenazan la objetividad de la investigación. En medio de esta compleja coyuntura, la JNJ se encuentra en un momento crítico. Sólo queda ver el desenlace que le da el Congreso a este proceso.