Una crisis que se mantiene. El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, se encuentra en la cuerda floja. El Congreso de la República puso sobre la mesa el lunes pasado una moción de censura en su contra, una medida que se torna cada vez más inevitable dadas las circunstancias que rodean su gestión y, en particular, una situación de conflictos de intereses.
La moción de censura, presentada por congresistas de diversas bancadas, alega que Vera Gargurevich muestra "manifiesta incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo". Un cuestionamiento que, dados los eventos recientes, parece estar bien fundamentado.
Cuestionamientos
El informe documenta que el pasado 8 de junio, Vera Gargurevich compareció ante el pleno del Parlamento en respuesta a una serie de preguntas formuladas en un pliego interpelatorio. Sin embargo, sus respuestas fueron consideradas insatisfactorias, ya que no lograron aclarar las acusaciones que pesaban sobre él por la supuesta omisión de información sobre sanciones administrativas y disciplinarias en su declaración jurada.
Además de estas cuestiones, también se le critica por la actual situación financiera de Petroperú, así como sobre las inyecciones económicas que el Gobierno ha realizado en la empresa estatal.
Se suma a esto el escrutinio de sus dos visitas al expresidente Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno y las reuniones con personas vinculadas al golpista bajo investigación, como el exalcalde de Anguía José Nenil Medina, el empresario Daniel Príncipe y el empresario Abel Cabrera, quien recomendó al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, a Pedro Castillo.
Vera Gargurevich acumula numerosos cuestionamientos.
Previo a estos acontecimientos, el programa dominical "Panorama" reveló el 7 de mayo que en la declaración jurada de Vera Gargurevich, fechada el 10 de diciembre de 2022, no se incluyeron tres sanciones administrativas y disciplinarias que se le habían impuesto durante su período como funcionario de Petroperú en Iquitos, entre los años 2017 y 2020.
En esta ocasión, se señaló que Vera suscribió un contrato para la renovación de una vivienda que aparentemente sería destinada a ser utilizada por la entidad estatal en 2019. No obstante, la particularidad radicaba en que la propiedad pertenecía al propio Vera. Esta acción se consideró inapropiada, ya que, como funcionario público, no puede recibir beneficios de ninguna entidad.
Un paso atrás
Uno de los aspectos más preocupantes de su mandato como ministro es su manejo del caso Petroperú. La decisión de encargar temporalmente la administración de los lotes petroleros en Talara a Petroperú mientras se realiza una licitación internacional ha generado un debate significativo en su cartera, así como también en la de Economía y Finanzas. La falta de claridad en los plazos, los rodeos, y la fuente de financiamiento para esta inversión plantea serias dudas sobre su capacidad para gestionar asuntos críticos del ministerio de Energía y Minas.
Esta medida, parece ser más bien, una marcha atrás a las especulaciones anteriores de entregar los lotes a Petroperú de forma directa. ¿Es un cálculo político para evitar la censura?
En recientes declaraciones para el diario Perú21, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz Colchado, ha expresado abiertamente su desacuerdo con esta decisión, argumentando que representa un riesgo operativo significativo. Este descontento en el sector empresarial, las advertencias sobre las implicaciones a largo plazo de esta medida y la incoherencia que parece guiar la toma de decisiones, no hacen más que poner en duda la capacidad de Vera Gargurevich para estar al frente de tan importante cartera ministerial.
¿Conflicto de intereses?
Sin embargo, el caso de conflicto de intereses es, posiblemente, el problema más crítico que enfrenta el ministro. Y es que Vera sigue figurando como gerente de operaciones de Petroperú, cargo que ostenta desde septiembre de 2021 y al que pidió licencia para asumir el ministerio.
Por consiguiente, esta conexión con Petroperú y su designación como ministro plantea serias preguntas sobre su imparcialidad. Ya que, de ser censurado, podría volver a trabajar en la empresa estatal.
En este contexto, el penalista Luis Reyna, en declaraciones para El Reporte, ha señalado que el conflicto de intereses es un tema central en la lucha contra la corrupción y la gestión pública eficaz. En un momento en que las políticas anticorrupción son prioritarias, es fundamental que los funcionarios públicos estén libres de cualquier conflicto que pueda comprometer su imparcialidad.
“Un ministro con conflicto de intereses, ya sean potenciales, cercanos o comarcados, actúa con limitaciones en el ejercicio de su nueva función como ministro. Entonces, es sin duda un elemento contingente permanente en una gestión pública, en un gobierno en concreto y discutir sus capacidades en gestión o sin entrar al detalle de sus cualidades éticas, creo que ese factor ya perjudica por sí mismo la eficacia de la gestión”, declaró Reyna.
El titular de Energía y Minas pidió licencia de su cargo en Petroperú.
¿Censura o blindaje?
La pregunta que queda en el aire es si el Congreso tomará la decisión correcta y pondrá fin a esta situación insostenible. La respuesta, por ahora, reside en manos de los legisladores, quienes deben sopesar cuidadosamente las pruebas y argumentos presentados antes de emitir su voto en la moción de censura. No debe de ignorarse el reciente retiro de firmas de la moción de censura por parte de la congresista Kira Alcarraz y María Agüero. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en torno al futuro del ministro Óscar Vera y, lo que es aún más importante, en torno a la dirección que tomará la política del Minem en el país.